El magistrado Marchena insta a adaptar el derecho a los cambios que supone la IA

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha aseverado este martes que es "indispensable crear una teoría general del derecho digital o del propio estado digital" para "adaptar el derecho y el pensamiento jurídico a los cambios que las tecnologías digitales provocan en la sociedad".

Para ello, ha considerado que es "necesaria" una "profunda comprensión de las características de esta revolución tecnológica aún en proceso de asentamiento", donde ha resaltado la irrupción del Inteligencia Artificial (IA), durante su discurso de ingreso como académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

Marchena ha subrayado la necesidad de actualizar la metodología de la investigación penal pero ha subrayado que esta "no puede llegar a cuestionar ni a legitimar, al amparo de las ventajas que ofrecen las tecnologías de vanguardia y, de modo especial, la IA, una investigación en la que todo vale, sin reparar en la intensa injerencia estatal y consiguiente sacrificio del espacio de intimidad que cada ciudadano dibuja frente a los poderes públicos y a terceros".

"El proceso penal, no ya del futuro sino del presente, no puede permanecer ajeno al imparable empuje de las nuevas tecnologías y de la Inteligencia Artificial", ha determinado el magistrado de la Sala de lo Penal y expresidente de la misma.

LA TECNOLOGÍA "SACUDE LOS CIMIENTOS" DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

El magistrado ha destacado que "desde hace varias décadas el impacto de las tecnologías sacude los cimientos de la más que centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal", y ha añadido que también afecta "a los principios inspiradores de un texto legal considerado por muchos como un monumento histórico del derecho codificado".

"Una sociedad como la actual, interconectada mediante redes telemáticas que definen un espacio de convivencia inédito hasta hace muy pocas décadas, demanda soluciones jurídicas nuevas, con capacidad para hacer frente a formas de delincuencia que nada tienen que ver con moldes criminológicos ya superados", ha sostenido el juez.

En este sentido, ha señalado que "es entendible que el jurista cuestione la capacidad de adaptación de una norma de finales del siglo XIX", en referencia a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

"La necesidad de dar respuesta pronta a problemas sobrevenidos y carentes de cobertura normativa", no puede ser la "excusa para la aprobación de textos legales que rinden culto a la improvisación y a una actividad legislativa irreflexiva, fruto de la precipitación y con soluciones improvisadas que crean más problemas de los que resuelven", ha lamentado el juez.

LA DISTANCIA ENTRE LA VOLUNTAD POLÍTICA Y LAS EXIGENCIAS LEGISLATIVAS

Asimismo, el magistrado ha alertado de la "preocupante distancia entre la voluntad política y las exigencias de técnica legislativa".

Ha hecho hincapié en que las reformas que han "sufrido" en los últimos años el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal "pasarán a la historia como el ejemplo de lo que nunca deben ser las tareas legislativas".

"Cuando se legisla prescindiendo de los órganos consultivos del Estado, cuando se recurre a procedimientos acelerados de tramitación legislativa y cuando redacción de los preceptos legales se encarga a gabinetes de dudosa cualificación técnica, el resultado es más que previsible", ha recriminado Marchena.

El magistrado ha señalado que "la falta de correspondencia entre lo que el responsable político anuncia como objetivo de política criminal" cuando aprueba una ley, y el resultado "jurisdiccional, consecuencia de los errores gramaticales o conceptuales" de la norma, "debilita la confianza de la sociedad en la justicia penal".

Marchena fue elegido en 2025 como académico electo de Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, institución presidida por Luis María Cazorla, y su ingreso "es un hito soñado para cualquier jurista", ha señalado al comienzo de su discurso.