Madrid, 8 abr (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado este miércoles de forma definitiva la sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos, tras desestimar el recurso presentado por la empresa, que ya ha anunciado que la recurrirá judicialmente.
La resolución ha sido firmada por el ministro Pablo Bustinduy, lo que convierte en firme la multa propuesta en diciembre de 2025 y ratifica las conclusiones del expediente sancionador abierto nueve meses antes por la Dirección General de Consumo, a raíz de varias denuncias de Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU.
El departamento concluye que la inmobiliaria incurrió en seis infracciones muy graves y una grave al vulnerar derechos de los consumidores y "aprovechar su posición de predominio de mercado".
Entre las conductas sancionadas figuran la "imposición al arrendatario" de costes que corresponden al propietario, como un servicio de atención al inquilino, la contratación obligatoria de un seguro del hogar y cargos por reclamaciones incluso cuando no eran imputables al arrendatario.
La resolución también penaliza la inclusión de cláusulas que permitían incorporar a los arrendatarios a ficheros de morosos sin deudas exigibles y la limitación del derecho de desistimiento en determinados contratos.
La sanción se desglosa en varias multas, entre ellas una de un millón de euros y otra de 990.900 euros, además de tres de 500.000 euros, una de 100.001 euros y otra de 10.001 euros.
La resolución obliga a la compañía a eliminar de los contratos las cláusulas consideradas abusivas y a corregir los incumplimientos detectados, además de hacer pública la sanción y la identidad de la sociedad responsable.
El ministro Pablo Bustinduy ha dicho en rueda de prensa que la sanción impuesta es "proporcional a los daños" ocasionados por la empresa y ha subrayado que su objetivo no es que las empresas gestoras de alquiler desaparezcan del mercado, sino que "cumplan la ley" y "no utilicen la formidable crisis que vivimos para incrementar de forma espúrea sus beneficios".
Alquiler Seguro ya ha avanzado que va a recurrir a la vía judicial, con un recurso contencioso administrativo, por considerar que la resolución es "injusta" y "arbitraria".
La empresa defiende que todos los servicios que presta son legales y que así lo ratifican cuatro sentencias judiciales que les dan la razón sobre los mismos puntos que Consumo sanciona, según han apuntado a EFE fuentes de la compañía.
Por su parte, la OCU ha señalado que esta multa refuerza sus nuevas de denuncias contra otras agencias de alquiler por prácticas similares y ha animado a los inquilinos afectados a reclamar la devolución de los gastos cobrados indebidamente, para lo cual ha ofrecido su apoyo.
Desde Facua, primera organización en denunciar a Alquiler Seguro ante el ministerio, su portavoz, Rubén Sánchez, ha opinado que esta sanción debería ser un "ejemplo a imitar por las comunidades autónomas, que no están haciendo gran cosa por investigar el mercado del alquiler y las irregularidades que cometen las inmobiliarias.
Entretanto, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas está organizando una "huelga estatal de alquileres" contra Alquiler Seguro, que según ha explicado su portavoz, Aldo Reverte, consiste en coordinar a los 30.000 inquilinos de esta empresa para que paguen su renta en un "depósito colectivo".
Precisamente Alquiler Seguro es una de las compañías que puja en la licitación que tiene abierta Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda y suelo, para buscar gestoras de apoyo.
Fuentes de la entidad, adscrita al Ministerio de Vivienda, entienden que dado que la sanción del Ministerio de Consumo no impide a la empresa sancionada licitar con la Administración, Alquiler Seguro puede acudir a dicha licitación, que está a la espera de resolverse.EFE
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