Oviedo, 7 abr (EFE).- El presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha comprometido a una "regeneración total y absoluta" del Servicio de Minas de la comunidad para solucionar los fallos y carencias que ha destapado un informe elaborado por la Inspección General del de Servicios que, según el PP, evidencia un "caos teledirigido" por el que hay que exigir responsabilidades políticas.
Tras el accidente que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Cerredo hace ahora un año, Barbón encargó a este órgano interno de control del funcionamiento de la administración asturiana que elaborase un informe sobre la gestión y situación del Servicio de Minas del Principado.
El informe, hecho público ayer, pone de relieve deficiencias normativas, usos inadecuados de los proyectos de investigación complementaria (PIC), como el que tenía concedido la mina de Cerredo, falta de diligencia en las inspecciones, controles insuficientes e inadecuados o inactividad en cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud de los trabajadores, entre otros fallos.
Según Barbón, tras este informe se van a "depurar todas las responsabilidades, analizar lo sucedido, rehacer el servicio y evitar, con y por todos los medios, que nada así pueda volver a suceder".
El presidente asturiano ha reconocido que "algunos querrán utilizar el informe con una evidente intención electoral intentando poner fin a un Gobierno de progreso en Asturias", pero ha incidido en que si lo encargó fue por el compromiso que mantiene "como miembro de la familia minera" y porque, mientras en otras comunidades "se opta por el silencio o tapar las cosas", él quiere "saber la verdad".
Sin embargo, para el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, el informe refleja que en el Servicio de Minas había un "caos teledirigido" que se ha aprovechado de la estructura del Gobierno para llevar a cabo "actuaciones ilegales" que han favorecido el "enriquecimiento de algunos", una situación que exige la asunción de responsabilidades políticas.
En su opinión, responsables de este caos son los tres exconsejeros que en el periodo analizado por el informe tuvieron competencias en materia de minería: el actual presidente de Hunosa, Enrique Fernández; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, y Belarmina Díaz, que dimitió once días después del accidente.
Para el líder de la oposición, el presidente asturiano también es responsable de una situación por la que debe empezar "a dar la cara", tras meses de no hacerlo, por lo que ha pedido la celebración de un pleno extraordinario en el parlamento autonómico para que Barbón ofrezca explicaciones.
El accidente de Cerredo, el más grave de la minería asturiana en las tres últimas décadas, tuvo lugar el 31 de marzo del pasado año mientras once trabajadores, cinco de los cuales fallecieron, se encontraban en su interior llevando a cabo tareas de extracción de carbón, pese a que la empresa titular carecía de licencia y no cumplía con las medidas de seguridad necesarias, según ha concluido un informe realizado por el propio Servicio de Minas del Principado. EFE
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