San Fernando de Henares (Madrid), 6 abr (EFE).- La Audiencia Nacional ha comenzado este lunes el juicio por la denominada operación Kitchen, una jornada de cuestiones previas que se resume en los siguientes titulares:
Trece años después de que se orquestara la operación y ocho años después de que saliese a la luz, la cúpula de Interior con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy se ha sentado este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional por el espionaje al extesorero Luis Bárcenas entre 2013 y 2015. ç
Entre los diez acusados, el exministro Jorge Fernández Díaz; su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; el entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, o el excomisario José Manuel Villarejo.
La defensa de Fernández Díaz -para quien la Fiscalía pide 15 años de prisión- ha pedido la nulidad de las actas notariales con los mensajes de WhatsApp que se intercambió con Francisco Martínez dentro de una serie de alegaciones entre las que se incluye que se anule el juicio al entender que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para juzgar este caso.
"Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info...”, decía uno de esos mensajes, que fueron protocolizados ante notario por Martínez y que Fernández Díaz niega haber enviado y sostiene que pudieron ser manipulados.
El PSOE, que ejerce la acusación popular en esta causa, ha pedido al tribunal que anule el juicio para investigar unos audios intervenidos al excomisario José Manuel Villarejo que podrían implicar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la trama de espionaje, en la que ya estuvo imputada.
En la documentación intervenida a Villarejo y en la que se ha ido difundiendo en diferentes medios de comunicación hay conversaciones entre él y Cospedal grabadas a lo largo de los años. La filtración de una de esas grabaciones hizo que la exdirigente del PP renunciase al escaño en el Congreso. En 2021, el juez García-Castellón decidió no procesarla al terminar la instrucción.
También ha reclamado que se siente al PP en el banquillo como partícipe a título lucrativo o responsable civil, al haber sido el presunto beneficiario de esta trama parapolicial, dado que tenía como objeto sustraer a Bárcenas documentos comprometedores para el partido o para algunos de sus dirigentes en plena investigación del caso Gürtel.
Los letrados de los diez acusados han coincidido en enarbolar varias cuestiones de nulidad para frenar el juicio, por supuestos errores en la instrucción, como la extensión del secreto de las actuaciones, que se alargó durante casi toda la investigación judicial, de 2 años y 7 meses, y la inclusión de hechos delictivos en el auto de procesamiento por los que no se les preguntó durante la instrucción.
El letrado del excomisario Villarejo ha denunciado que ésta es una investigación "prospectiva" y "fuera de la ley" que ha vulnerado el derecho a la intimidad del policía, propietario de los archivos incautados, o su derecho a la defensa porque no todos los archivos han sido desencriptados y no se ha podido acceder a todo el material ni pedir pruebas periciales para analizar su autenticidad.
La Abogacía del Estado ha pedido que se le retire al Estado la condición de responsabilidad civil en el caso Kitchen por no haber constado como tal en el auto de apertura de juicio oral, lo que le ha impedido presentar un escrito de defensa invocando las correspondientes alegaciones al respecto.
La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha reprendido al abogado del acusado Sergio Ríos, quien fuera chófer de Bárcenas y que fue captado como confidente en esta operación, tras haber acusado a los fiscales del caso de amenazar a su cliente con pena de prisión cuando fue llamado a declarar estando aún secreta la causa.
El fiscal ha alertado al tribunal de que se les estaba imputando un delito y la magistrada ha advertido al letrado por su comportamiento.
Mañana, las acusaciones y la Fiscalía responderán a las cuestiones previas planteadas por las defensas, y estas a su vez tendrán después un turno de replica a las alegaciones que se presenten en su contra antes de que la Sala delibere si acepta alguna de ellas. EFE
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