La cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy se sienta en el banquillo por el caso Kitchen

 Madrid, 5 abr (EFE).- La Audiencia Nacional sentará desde este lunes al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la cúpula de su departamento en la etapa de Mariano Rajoy para juzgar el caso Kitchen, una presunta operación parapolicial dirigida a sustraer documentos al extesorero Luis Bárcenas.

Un día antes de que el Tribunal Supremo comience el juicio a José Luis Ábalos por el caso mascarillas, la Audiencia Nacional hará lo propio con Fernández Díaz; su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, o el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino.

Junto a ellos, serán juzgados por este caso desde el 6 de abril hasta el 30 de junio varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidía Castilla-La Mancha. Y también José Manuel Villarejo, dado que este juicio por una de las numerosas piezas del caso Tándem, la número 7.

En total, diez acusados (eran once, pero uno ha sido eximido por enfermedad) de poner en marcha, entre 2013 y 2015, este engranaje de espionaje parapolicial para sustraer a Bárcenas y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido y a algunos de sus dirigentes en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP, para lo que se habrían destinado fondos reservados.

Cospedal llegó a estar imputada en esta causa por sus acreditadas reuniones en la sede del PP con Villarejo en esas fechas, si bien en todo momento negó que fuera para tratar este asunto, y finalmente el juez instructor Manuel García Castellón optó por sacarla de la ecuación con la oposición de la Fiscalía Anticorrupción.

Su presencia en el juicio será como testigo. Está citada el 23 de abril, el mismo día que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien ya tuvo que testificar en el primer juicio del caso Gürtel cuando aún estaba al frente del Ejecutivo.

Días después, el 27, será el turno de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y del senador del PP Javier Arenas, que ha tenido puestos destacados en el partido tanto en la época de José María Aznar como de Rajoy y que mantuvo una estrecha relación con Bárcenas hasta su expulsión del PP.

Fernández Díaz y Martínez están acusados de dar la orden de espiar al extesorero por medio de este operativo para sustraerle esas posibles pruebas sensibles para el partido, hechos por los que la Fiscalía pide que sean condenados a 15 años de cárcel.

Ellos lo niegan. Eso sí, cada uno a su manera. Fernández Díaz asegura que él nunca supo de esta operación, mientras que Martínez sostiene que la primera vez que llegó a sus oídos fue cuando el exministro le comentó que alguien le había comunicado que se había captado al entonces chófer de Bárcenas Sergio Ríos como confidente.

Según Martínez, el exministro le pidió que indagara y con ese fin se puso en contacto con el entonces DAO Eugenio Pino, quien a su vez le dijo que se enteraría y poco después se lo confirmó.

Para demostrar su versión, el exsecretario de Estado entregó en el juzgado una cadena de mensajes de Whatsapp que previamente había protocolizado ante notario entre los que figura el que supuestamente le envió su superior preguntando por el chófer, pero Fernández Díaz niega que él se lo mandara, que es una manipulación de Martínez, y mantiene que en ningún momento estuvo al tanto de esta operación.

El juez instructor intentó aclararlo sin éxito sometiéndoles a un careo. Ambos se mantuvieron en sus posiciones y el asunto terminó en un cruce de reproches entre ambos.

En su escrito de defensa, Fernández Díaz cuestiona que la investigación se limitase finalmente a su Ministerio sin tener en cuenta la "conexión política" de una operación en la que él no "tenía interés alguno" porque nunca estuvo relacionado con los papeles de Bárcenas, apuntando así a la dirección del PP.

Junto a ellos se sentarán también en el banquillo otros ex altos cargos policiales como José Luis Olivera o el exresponsable de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas y el chófer Sergio Ríos, pieza clave en la operación Kitchen y que a cambio de sus servicios recibió 54.000 euros en fondos reservados y consiguió plaza en la Policía, de la que actualmente se encuentra suspendido.

Los acusados se enfrentan a peticiones de pena del fiscal que oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta Villarejo.

El comisario Enrique García Castaño es otro de los grandes protagonistas de esta historia, aunque ha sido eximido de ser juzgado debido a la enfermedad que le sobrevino cuando se enfrentaba al primer juicio del caso Tándem.

Fue el primero en admitir la existencia de esta trama parapolicial al acecho de los documentos de Bárcenas, si bien con otro fin distinto al que defiende la Fiscalía. El interés de la operación, según su versión y la de otros acusados, era la de averiguar si el extesorero ocultaba cuentas en el extranjero y localizar a sus testaferros.

Con ese objetivo explicó que fue captado el chófer de Bárcenas, para lo que supuestamente se contó con la ayuda de Gómez Gordo. La trama lo llamaba "el cocinero", lo que dio nombre a la operación Kitchen, cocina en inglés.

García Castaño declaró ante el juez que en el marco del operativo, Sergio Ríos logró apoderarse de dos móviles y una tablet del extesorero que le llevó a una cafetería para volcar su contenido a un ordenador. Cuando terminó le devolvió los dispositivos para reponerlos en su lugar, y posteriormente pasó la información extraída a un pendrive que entregó a Martínez, extremo que éste niega.

Bárcenas, que declarara el 20 de abril en el juicio junto a su mujer Rosalía Iglesias como perjudicados, ha pedido una condena de 41 años de cárcel para Fernández Díaz y para su número dos.

La familia Bárcenas acusa a ambos y a su cúpula policial de un delito de asociación ilícita y les considera cooperadores necesarios del asalto que sufrieron en su vivienda en 2014, cuando un hombre se hizo pasar por sacerdote y retuvo a la familia del exsenador bajo amenazas para que le entregasen documentos que podrían afectar al partido. Para el chófer de la familia pide 33 años de cárcel y le acusa de actuar con la agravante de abuso de confianza.

En esta causa ejercen también la acusación PSOE y Podemos. El partido que lidera Pedro Sánchez pide 47 años y 10 meses de cárcel para el exministro del Interior y 38 años y 3 meses de cárcel para su número dos, mientras que la formación morada reclama 41 años de prisión para cada uno.

El caso Kitchen, cuya investigación judicial comenzó en 2018, fue también objeto de una comisión de investigación en el Congreso, que consideró probado, "al menos indiciariamente", que el expresidente Mariano Rajoy conocía la trama policial de espionaje a Bárcenas.EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8022633297)