La jueza de El Bocal acuerda que la gestora del 112 pase de ser testigo a investigada

El cambio en la condición procesal de la funcionaria que gestionó la alerta sobre el mal estado de la pasarela costera de El Bocal se produjo inmediatamente después de su declaración ante la magistrada, informó el medio original. Según señalaron fuentes judiciales a la prensa, esta modificación tiene como objetivo asegurar todos los derechos de defensa de la afectada conforme avanza la investigación sobre el colapso de la estructura, suceso en el que murieron seis jóvenes y una persona más sufrió heridas graves en Santander.

La decisión, tal como publicó el medio, la tomó este viernes la jueza instructora de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander. Hasta ese momento, la gestora del 112 comparecía en calidad de testigo, pero a partir de la declaración pasó a investigada. Esta funcionaria había recibido, un día antes de la tragedia, una llamada de un vecino de Monte que alertaba del deterioro visible que presentaba la infraestructura peatonal sobre la costa. Tras recibir esa advertencia, la trabajadora del Servicio de Emergencias de Cantabria trasladó el aviso a la Policía Local.

El tribunal ya había advertido a la compareciente que debía acudir al juzgado acompañada de abogado, ante la posibilidad de que su situación en el procedimiento pudiera modificarse durante la audiencia, según consignó la fuente judicial. Una vez formalizado el cambio de condición, la investigada accede a garantías procesales plenas: puede contar con asistencia letrada, optar por no contestar a preguntas y no autoinculparse.

De acuerdo con lo que detalló el medio, la magistrada busca así proteger los derechos fundamentales de la gestora, en el marco de una investigación que indaga posibles responsabilidades en la gestión de las alertas previas al siniestro de la pasarela. La atención gira sobre el protocolo seguido tras la alerta vecinal y si existieron omisiones que pudieran haber evitado el derrumbe ocurrido poco después. Las diligencias abiertas abarcan tanto la gestión de la información recibida en el 112 como la actuación de los diferentes servicios municipales que fueron notificados antes del accidente.

El suceso de la pasarela costera de El Bocal generó gran repercusión por las víctimas resultantes y reavivó cuestionamientos sobre la supervisión y el mantenimiento de infraestructuras públicas en la región. La gravedad del accidente, en el que fallecieron seis jóvenes y resultó gravemente herida otra persona, situó la investigación judicial en el centro de la atención informativa local y nacional.

Según información del medio, fuentes judiciales insistieron en la necesidad de garantizar el derecho a la defensa en todas las fases del proceso. El paso de testigo a investigada implica también que la funcionaria podrá presentar pruebas, alegar su posición y, si lo considera pertinente, ejercer su derecho a no declarar. El proceso judicial sigue en marcha mientras continúan las averiguaciones sobre las actuaciones realizadas desde la recepción de la llamada de alerta hasta la transferencia de la información a la Policía Local y las medidas que se adoptaron —o no— para prevenir el accidente.

La investigación abierta por la magistrada incluye el análisis de cada paso dado y la revisión del cumplimiento de los procedimientos internos tanto en el Servicio de Emergencias de Cantabria como en el ámbito policial. El juzgado prevé recibir nuevas comparecencias y aportar documentación técnica relativa al estado de la pasarela antes del colapso.

Reportó el medio original que la citación judicial cumplió el protocolo de advertencia habitual en los casos donde, según el desarrollo de la declaración, la condición procesal de la persona convocada podría variar. La adopción de medidas para asegurar el derecho de defensa se considera esencial para salvaguardar la transparencia y seguridad jurídica dentro de la causa.

La investigación del accidente mantiene bajo revisión el papel de las personas y organismos implicados en la cadena de alertas y respuestas, en un contexto de exigencia de explicaciones públicas por parte de los colectivos afectados y la sociedad cantábrica.