Un procurador que ha participado en el proceso legal contra José Luis Ábalos reclama un pago pendiente de 4.050,23 euros, distribuidos en dos cuentas a deber por 3.617,65 euros y 432,58 euros, además de exigir 300 euros adicionales por intereses, gastos y costas procesales con un plazo de diez días para el abono, bajo la advertencia de acudir a la vía de apremio. Según detalló Europa Press, el Tribunal Supremo ha solicitado al procurador que aporte la “documentación justificativa” que demuestre que las cantidades reclamadas se han exigido correctamente y no han sido satisfechas por el exministro.
La deuda en cuestión se plantea en un contexto judicial en el que José Luis Ábalos, exministro de Transportes, está implicado por presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. El escrito formal presentado ante la Sala de lo Penal reclama la liquidación de estos importes por servicios prestados en el marco del procedimiento abierto. De acuerdo con Europa Press, el tribunal exige justificación clara respecto a la reclamación antes de resolver sobre el pago exigido a Ábalos.
El Tribunal Supremo ha calendarizado la comparecencia de los acusados en este caso, fijando el 28 de abril como fecha de interrogatorio para José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. El proceso judicial arrancará el 7 de abril, momento en el que los imputados deberán responder por las acusaciones relacionadas con la adquisición de mascarillas en el periodo crítico de la crisis sanitaria, según publicó Europa Press.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para Ábalos una condena de 24 años de prisión, mientras que la petición para su exasesor Koldo García asciende a 19 años y medio. Para el empresario Víctor de Aldama, quien ha reconocido los hechos que se le imputan, la solicitud de condena es de 7 años. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, han solicitado penas de 30 años de cárcel tanto para Ábalos como para García, sumándose a la petición fiscal en el caso de Aldama, de acuerdo con la información aportada por Europa Press.
La diligencia del Tribunal Supremo sobre la reclamación del pago al procurador implica una revisión detallada de las deudas pendientes en el contexto de los procedimientos en marcha. De este modo, se pretende asegurar que cualquier importe reclamado a los acusados cuente con el respaldo documental necesario antes de adoptar una resolución. Además, el órgano judicial mantiene la programación de los interrogatorios y la evaluación de las pruebas en relación con las supuestas irregularidades denunciadas sobre la compra de material sanitario en la pandemia.
Europa Press consignó que la actuación del procurador incluye una advertencia de acudir a la ejecución forzosa si Ábalos no cumple en el plazo estipulado con el pago total, intereses y costas. La acumulación de causas y requerimientos contra el exministro se mantiene de cara al inicio formal del juicio, donde también se evaluarán las responsabilidades penales solicitadas por las distintas partes.
La causa que involucra a Ábalos y a sus coimputados ha sumado atención debido a la magnitud de las peticiones de condena y a la relevancia de los cargos ocupados por los acusados durante la pandemia. El tribunal continúa recopilando pruebas y testimonios en preparación para las sesiones ya programadas, mientras analiza las incidencias de carácter administrativo que han surgido en paralelo al proceso penal principal.
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