Una perjudicada, incrédula de que el féretro barato de su marido fuera también 'reciclado' por los acusados

A la audiencia de Valladolid llegaron nuevos relatos sobre la experiencia de los afectados por la llamada "Operación Ignis", en los que expresan que el impacto de descubrir la supuesta reutilización de ataúdes por parte de la empresa funeraria El Salvador no resulta menor cuando quienes declaran recuerdan las dificultades económicas enfrentadas para costear los servicios. Según publicó Europa Press, una de las testigos, Agustina L, expresó su sorpresa al haberse incluido su caso en la investigación, ya que había optado por un féretro sencillo para la incineración de su marido fallecido el 30 de diciembre de 2002, convencida de que el bajo precio impediría cualquier irregularidad. Tal como narró ante el tribunal, la incredulidad fue mayor cuando el juzgado les notificó que la supuesta estafa también podría involucrar ataúdes económicos, presuntamente reciclados, como denominaban los empleados de El Salvador al procedimiento de cambiar y reutilizar cajas para su posterior reventa.

De acuerdo con lo relatado a Europa Press, la afectada explicó que ni ella ni su hija lograron colocar flores en el interior del ataúd, dado que empleados del grupo funerario les negaron el acceso argumentando preocupaciones sobre una posible "contaminación". La testigo precisó que jamás llegó a presenciar el momento en que su marido ingresaba al horno, lo cual, según su testimonio, incrementó sus dudas tras revelarse la posible manipulación de los féretros.

Entre los testimonios escuchados por el tribunal, figura también el de María Elena J, quien relató que la repentina muerte de su madre el 5 de junio de 2010 agravó el impacto de conocer la existencia de la presunta estafa. Según reportó Europa Press, esta perjudicada no pudo despedirse de su familiar, ya que no le permitieron presenciar la incineración. Al conocer los detalles de la investigación, afirmó que la situación supuso revivir el dolor de la pérdida, manifestando que nunca imaginó que tras la muerte de su madre "la hubieran tratado como un desecho".

Los detalles de la causa judicial señalan que la supuesta maniobra consistía en intercambiar los ataúdes contratados por otros de menor valor o ya usados, sin que las familias lo supieran, y revender los originales. Francisco Javier H.A, también afectado, declaró que él contrató personalmente los servicios funerarios para la incineración de su padre Elviro, quien falleció el 12 de mayo de 2013 sin seguro. Según consignó Europa Press, el declarante observó el féretro aproximarse al horno e identificó el "color del fuego", aunque con posterioridad conoció que el ataúd utilizado no era el contratado, sino uno blanco distinto. Durante la vista, el afectado reconoció en una fotografía judicial a su padre dentro de este ataúd blanco, junto a una pequeña caja cuya procedencia desconoce, introducida por el personal funerario supuestamente como si contuviera pertenencias.

En el relato de Francisco Javier H.A, difundido por Europa Press, la sorpresa y la decepción se vieron acentuadas debido a su pertenencia a una familia religiosa, hecho que convirtió el descubrimiento de la presunta estafa en un fuerte "quebranto moral".

En la jornada, un total de once perjudicados comparecieron para relatar sus experiencias en el marco del juicio por el "caso ataúdes". Según detalló Europa Press, estos testimonios se suman a los presentados en los días previos y proceden de contrataciones realizadas tanto para familiares directos –padres, hermanos, tíos– como a título personal. Entre los comparecientes, según la misma fuente, figuran personas como Luis Antonio M.L, Miguel Ángel M, Jesús G.N, Jaime N, María del P.B, José Andrés S.J, Natividad G.P, Antonio F.A, Juliana F. y Antonio F.A, quienes en sus declaraciones manifestaron sentimientos variados de impotencia, rabia, indignación y decepción.

Uno de los damnificados, Antonio F.A, cuya denuncia se vincula a la muerte de su padre en 2014, narró que al enterarse de la posible estafa decidió presentar cargos contra los veintitrés acusados que actualmente ocupan el banquillo. Entre ellos se incluye a la viuda del fundador del grupo funerario, así como a tres de sus hijos y a varios empleados. El afectado subrayó ante el tribunal la importancia que otorga a la dignidad de las personas fallecidas y a sus familias, argumentando que estas prácticas constituyen para él una "estafa" que exige la acción de la justicia.

En cuanto al desarrollo del proceso judicial, el medio Europa Press informó que, luego de esta sesión de comparecencias, el juicio hará un receso y continuará el día 6 de abril. Será entonces cuando comparezcan los perjudicados representados por las dos acusaciones particulares, tras las presentaciones encabezadas hasta el momento por el Ministerio Fiscal.

Según consignó Europa Press, la acusación pública reúne cargos que superarían los doscientos años de prisión para la suma de los veintitrés imputados, por delitos de organización criminal, estafa agravada, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y ofensas al respeto debido a los difuntos. La causa ya no incluye al patriarca del negocio, Ignacio Morchón Alonso, ni a Justo Martín, extrabajador y principal testigo, quienes fallecieron durante el proceso. Reportó Europa Press que Justo Martín registró la supuesta operativa ilícita en libretas durante años, lo que constituye evidencia clave en la instrucción del caso.

La acusación sostiene que tanto las familias afectadas, como los fallecidos, vieron vulnerados sus derechos por la presunta práctica sistemática de cambiar y reutilizar féretros, alterando las condiciones previamente acordadas y atentando contra un ritual fundamental para el duelo y la despedida de los seres queridos. Según las declaraciones recogidas durante el juicio y difundidas por Europa Press, la imposibilidad de realizar despedidas dignas –al no permitir el acceso de flores u otros recuerdos a los ataúdes o el acceso visual a la cremación– intensificó el sentimiento de agravio de los afectados. Además, los testimonios reflejan que el dolor provocado por esta situación se mantuvo a lo largo de los años, afectando a personas de diversas generaciones y circunstancias.

Las crónicas recopiladas en la Audiencia Provincial de Valladolid reflejan la complejidad emocional y social de un caso judicial en el que las partes implicadas reclaman no solo justicia penal, sino una reparación simbólica por la alteración de sus procesos de duelo, según las fuentes recogidas por Europa Press.