PMcM valora el Real Decreto de la factura electrónica pero pide rapidez y visibilidad del listado de morosos

Según datos recogidos por el Observatorio de Pagos de la Unión Europea para su Informe Anual 2025, solamente el 14% de las grandes empresas en España cumple con el abono de sus facturas dentro del plazo legal, un contraste notable con el 51% de las microempresas. Este contexto arroja luz sobre la preocupación de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) respecto a las prácticas de pago en el tejido empresarial y el reciente Real Decreto que regula la obligatoriedad de la factura electrónica. Según consignó la PMcM mediante comunicado recogido por los medios, si bien la medida supone un avance en el control de la facturación de pequeñas y medianas empresas (pymes) y trabajadores autónomos en España, se requieren actuaciones adicionales para lograr una mejora real en los plazos de pago.

De acuerdo con la información difundida por la PMcM, el Real Decreto sigue lo dispuesto por la Ley Crea y Crece, en vigor desde 2022, que establece la obligatoriedad de la factura electrónica en un plazo de dos años para pymes y autónomos. El presidente de la organización, Antoni Cañete, valoró positivamente la aprobación de esta normativa, remarcando que facilita mayor trazabilidad y control sobre los pagos. Sin embargo, Cañete advirtió que esta iniciativa solo cumplirá sus objetivos si va acompañada de una mayor transparencia, una aprobación más ágil del desarrollo reglamentario y la puesta en marcha de un régimen sancionador eficaz que garantice el respeto de los plazos legales.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el nuevo Real Decreto busca eliminar uno de los principales factores que obstaculizan el crecimiento empresarial: la falta de liquidez, derivada en parte de los plazos de pago excesivos, especialmente en el caso de las grandes compañías. Según detalló el medio, la existencia de este problema estructural afecta de manera acentuada a los actores empresariales de menor tamaño.

Al respecto, Cañete subrayó que la implantación de la factura electrónica permitirá disponer de información exacta sobre los comportamientos de pago, lo que considera fundamental para el trabajo del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. Según el comunicado reproducido por los medios, Cañete afirmó: "Si se utiliza correctamente, este instrumento puede convertirse en un elemento disuasorio frente a prácticas de pago abusivas".

La cuestión de la transparencia también ocupa un lugar central en las exigencias de la PMcM. El medio reportó que la organización reclama que el registro público de empresas incumplidoras –previsto, pero aún no implementado por la Ley Crea y Crece– sea visible y de fácil acceso. Cañete se mostró crítico respecto al diseño actual y señaló: "La publicación del listado de morosos no puede ser simbólica ni de difícil acceso; debe ser visible, permanente y fácilmente localizable para que cumpla su función". Además, advirtió sobre el riesgo de que el acceso a esta información sea solo temporal y no indexable en buscadores, lo que en su opinión disminuiría su utilidad como herramienta preventiva y correctiva.

Por otro lado, el proceso para la implantación definitiva de la factura electrónica todavía enfrenta obstáculos regulatorios. Según publicó el medio, la PMcM urgió al Gobierno a aprobar el reglamento pertinente en el menor tiempo posible. Cañete enfatizó la necesidad de rapidez para evitar demoras en la aplicación de la normativa y para posibilitar que las empresas dispongan de un margen suficiente para adaptarse a los nuevos requisitos tecnológicos y administrativos.

La cuestión de las sanciones se mantiene como uno de los ejes del debate sobre la lucha contra la morosidad. El medio recogió declaraciones de la PMcM, que considera que solo un régimen sancionador eficaz puede modificar la cultura empresarial en torno a los plazos de pago. Cañete fue explícito: "Sin sanciones, la morosidad seguirá siendo una práctica habitual; necesitamos mecanismos que obliguen al cumplimiento de la ley".

En el marco europeo, la organización expresó su confianza en los avances del Reglamento Europeo contra la Morosidad, actualmente en discusión en el Consejo Europeo. Este reglamento contempla la fijación de un plazo estándar de pago de 30 días, ampliable hasta 60 en ciertas circunstancias, así como la introducción de sanciones para las empresas que incumplan. Sin embargo, tal como señaló el medio, las diferencias existentes entre los Estados miembros están dificultando la consecución de un acuerdo común.

La PMcM subraya la necesidad de una implicación institucional reforzada para atajar el problema, identificando la morosidad como una disfunción persistente que afecta de forma negativa a las empresas de menor tamaño. Cañete recalcó, conforme reportó el medio, que la Comisión Europea mantiene la problemática como una de sus prioridades para 2026.

La combinación de factores como la falta de liquidez empresarial, la ausencia de sanciones efectivas y la limitada transparencia en los registros públicos de deudores conforma un escenario complejo, donde las pequeñas y medianas empresas se ven especialmente vulnerables. El debate sigue abierto mientras el Gobierno desarrolla los instrumentos normativos y las organizaciones empresariales mantienen la presión para que el marco legal avance hacia soluciones más rápidas y efectivas, tanto en el contexto nacional como en la agenda europea.