La Fiscalía concluye que Albiol incumplió la orden judicial de desalojo del instituto B9

Barcelona, 25 mar (EFE).- La Fiscalía ha concluido que el Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), dirigido por el popular Xavier García Albiol, incumplió la orden judicial de desalojo del instituto B9, al no proporcionar "ayuda efectiva" a los inmigrantes expulsados del local: "Se quedaron en la calle, a pesar de las inclemencias del tiempo".

En un escrito, avanzado por 'El País' y al que ha tenido acceso EFE este miércoles, la Fiscalía comunica al juzgado contencioso que no da por cumplido el auto que el pasado mes de diciembre autorizaba el desalojo del instituto en lo que respecta al mandato judicial de proporcionar "atención adecuada" a los sintecho desalojados.

El desalojo del recinto, el mayor asentamiento de inmigrantes sintecho de Cataluña, dejó en la calle a decenas de personas, parte de las cuales acabaron instalándose bajo el puente de la C-31, mientras el alcalde recalcaba que no iba a movilizar recursos para dar alternativa residencial a los afectados.

Ante esa situación, la Fiscalía reclamó al juzgado que aclarara de forma urgente si el Ayuntamiento había ofrecido la "atención adecuada" y una alternativa habitacional a los inmigrantes desalojados.

El juzgado contencioso requirió entonces al consistorio su protocolo de atención a las personas sin hogar, en una providencia en la que, no obstante, dejaba claro que la orden de desalojo no estaba condicionada a proporcionar alternativa residencial a los afectados.

En su respuesta, el Ayuntamiento adujo que no dispone de un protocolo específico, pero sí de una "metodología para las situaciones de personas sin hogar, exclusión social y emergencia residencial" que consta de cuatro fases: detección y primera intervención, valoración social e identificación de la vulnerabilidad, oferta de apoyo y derivación de recursos y seguimiento posterior.

"En función de la valoración y de la disponibilidad efectiva, se ofrecen medidas de apoyo y se realizan derivaciones a recursos municipales o supramunicipales (alojamiento de emergencia/temporal, recursos de atención social, servicios especializados y/o red de entidades, así como medidas de cobertura de necesidades básicas cuando proceda)", sostiene el documento enviado por el Ayuntamiento.

A la luz de la respuesta del consistorio, la Fiscalía concluye que "el día del desalojo y en los días posteriores no se llevó a cabo tal metodología", especialmente en lo referente a la oferta de apoyo y derivación a recursos, así como de seguimiento posterior de las personas que se encontraban "en situación de vulnerabilidad social y emergencia habitacional".

En ese sentido, recuerda el ministerio público que la mayoría de los desalojados "se quedaron en situación de calle a pesar de las inclemencias del tiempo, primero en las inmediaciones del edificio y posteriormente bajo el puente de la carretera C-31, sin ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva por parte del consistorio municipal".

Por ese motivo, concluye la Fiscalía que "no puede entenderse cumplido" el auto dictado por el juzgado para autorizar el desalojo "en sus propios términos". EFE