Madrid, 25 mar (EFE).- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado su preocupación ante el proceso de regularización de inmigrantes que, previsiblemente, comenzará a principios de abril, y ha exigido el refuerzo de plantillas en todos los niveles afectados de la administración.
En un comunicado, el sindicato más representativo en las administraciones públicas ha explicado que, según le ha transmitido el Gobierno, se esperan entre medio millón y un millón de solicitudes entre el 1 de abril y el 30 de junio pero el Ejecutivo aún no ha aclarado si va a reforzar las plantillas ni si se va a contar con la participación de alguna empresa pública.
CSIF ha lamentado la posibilidad de que el Gobierno opte por una externalización del servicio público y ha subrayado que, en todo caso, es fundamental anticiparse, adoptar las medidas organizativas necesarias y dotar a los servicios públicos de recursos para evitar el colapso y ofrecer seguridad.
El sindicato ha iniciado la negociación de la Oferta Pública de Empleo para este año y ha exigido el refuerzo de plantillas dado que se requerirá personal tanto para el proceso de regularización como posteriormente, para gestionar subsidios y otros trámites administrativos.
Asegura que en el ámbito del Ministerio del Interior el proceso de regularización ya está teniendo un impacto en la carga de trabajo de los empleados públicos encargados de la expedición de documentación, situación que augura que se agravará a partir del 1 de abril.
Según la información recabada por CSIF, el proceso constará de dos fases: una primera de recogida de solicitudes y otra de tramitación y resolución del expediente, que realizará de manera exclusiva la Unidad de Tramitación de Expedientes centralizada en Vigo.
El grueso de solicitudes presenciales se realizará en las Oficinas de Correos (aunque todavía no se ha firmado el acuerdo con la entidad); delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, Oficinas de Extranjería y algunas oficinas de la Seguridad Social.
También habrá solicitudes telemáticas, para lo que se prevé la colaboración de organizaciones sindicales, ONG, graduados sociales y abogados, que actuarán como intermediarios.
El personal recogerá y escaneará la documentación, comprobando nombre y apellidos, nacionalidad y número de identificación a través de un programa diseñado para ello. En el caso de la Seguridad Social, la participación del personal será voluntaria y se retribuirá con 25 euros la hora, 35 euros en el caso de los coordinadores.
En cambio, la mayoría de las Oficinas de Extranjería quedarán excluidas de la recepción de solicitudes, "ante el asombro de la plantilla de estos centros de trabajo" cuando, en un año, este personal será el encargado de renovar los permisos, "lo que no tiene mucho sentido", ha señalado el sindicato.
CSIF asegura que en el departamento de Política Territorial aún desconoce cuántos expedientes se tramitarán ni la carga de trabajo que habrá ni si lo realizará personal interino, laboral o personal en trabajo a distancia.
Desde Política Territorial han rechazado, según el sindicato, la posibilidad de que se externalice este trabajo en una empresa pública ya que, debido a los datos sensibles que se van a tramitar, esta labor deberá de estar supervisado por personal funcionario. EFE
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