
Concepción Campos Acuña, quien desarrolla su carrera como consultora y profesora asociada de Derecho Administrativo en la Universidad pública de Tarragona Rovira i Virgili, se encuentra ante la posibilidad de ser nombrada al frente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, encargado de garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia en España. Mañana comparecerá ante la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, donde necesitará el respaldo de la mayoría absoluta para avanzar en su proceso de designación. Según publicó la plataforma informativa, la candidatura se produce tras la finalización en octubre pasado del mandato de José Luis Rodríguez Álvarez, quien ejerció como presidente del organismo desde 2014.
De acuerdo con la información difundida, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha sido responsable de postular a Campos Acuña, quien sustituirá a Rodríguez Álvarez si obtiene el apoyo requerido del Congreso. La sesión que se celebrará este miércoles constituirá un paso clave para validar su idoneidad de cara al cargo, estructurado bajo un mandato de cinco años no renovable.
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Tal como detalló el medio, Campos Acuña cuenta con una extensa trayectoria en el sector público y la academia. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, doctora en Derecho con una distinción Cum Laude y posee un máster especializado en Derecho de las Instituciones y Administraciones Públicas. En calidad de secretaria de Administración Local de categoría superior, ha acumulado más de dos décadas de experiencia, siendo su más reciente destino el Ayuntamiento de Vigo antes de obtener excedencia para dedicarse a la consultoría y al trabajo universitario.
Según consignó la publicación, Campos Acuña ha mantenido una participación destacada en la esfera de transparencia y gobernanza local, especialmente dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Allí representó técnicamente a entidades locales en la Red por la Transparencia y la Participación Ciudadana. Participó como coordinadora del proceso de revisión del Código de Buen Gobierno Local de la FEMP en 2015 y contribuyó a la elaboración de la Ordenanza Tipo de Transparencia, Información Pública y Reutilización.
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El medio recogió también que la candidata encabeza actualmente el Grupo de Trabajo de "Integridad en la Contratación Pública" de la FEMP, promoviendo iniciativas didácticas y publicaciones en la materia. Su papel dentro de la Red ha incluido la pertenencia al grupo de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reforzando su perfil técnico y gestor en áreas vinculadas al acceso a la información y buenas prácticas administrativas.
Si la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso otorga mañana el aval necesario, Concepción Campos Acuña recibirá el nombramiento por medio de un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, tal y como indica la normativa vigente reproducida por la fuente original. Según informaron, su ejercicio como presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno implicará exclusividad y estará sujeto al régimen de incompatibilidades aplicable a los altos cargos de la Administración General del Estado. El cargo conlleva la máxima responsabilidad en el seguimiento y la promoción del cumplimiento efectivo de la Ley de Transparencia; desde su creación hace una década, el organismo ha tenido sólo dos personas en la presidencia antes de la actual candidatura: el propio José Luis Rodríguez Álvarez y su antecesor.
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Campos Acuña ha extendido su labor en materia de transparencia, no solo en entidades locales y organismos nacionales, sino también impulsando la formación y la edición de contenidos específicos vinculados a la ética pública, la integridad en los procedimientos y el acceso a la información. Su trayectoria, expuesta en documentos institucionales reseñados por la fuente de información, ha abarcado la revisión normativa, la elaboración de directrices y la activa promoción de prácticas transparentes en la administración pública.
El nombramiento de Concepción Campos Acuña supondrá una transición en la dirección del Consejo, cuya función principal reside en velar por el acceso de los ciudadanos a la información pública y en servir como garante del cumplimiento de la legislación sobre transparencia en los organismos estatales. Su posible investidura, según puntualizó el medio, establecerá nuevas líneas de continuidad y cambio en la gestión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno bajo un mandato limitado a cinco años, sin posibilidad de renovación.
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