Subdirector de Emergencias en la dana achaca el retraso con el Es Alert a la tardanza del aval de los políticos

Altos funcionarios admitieron en el Congreso que el envío del aviso masivo a la población en Valencia durante la catástrofe fue aplazado porque se requirió el permiso de responsables políticos, quienes debatieron sobre la posible generación de alarma pública

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Durante la catástrofe que provocó 230 muertes en la provincia de Valencia, se produjo un debate dentro de la Generalitat Valenciana acerca de la posibilidad de generar "alarmismo" en la población antes de enviar un aviso masivo a través del sistema Es Alert, según reportó El País. El subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, compareció este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la gestión del episodio, detallando que el envío del mensaje urgente se postergó debido a que resultaba “imprescindible” contar antes con la autorización de los responsables políticos. La noticia principal reside en que el retraso en la comunicación se debió a la espera del aval de los mandos políticos, quienes discutieron la idoneidad y el contenido del mensaje.

De acuerdo con lo relatado por Suárez, el procedimiento para activar el aviso de emergencia exige una autorización previa de la dirección general de la Generalitat Valenciana. El funcionario subrayó que, si bien existen decisiones técnicas protocolizadas, aquellas que pueden afectar significativamente a la población requieren el visto bueno de la cúpula responsable del plan de emergencias. En el contexto de la catástrofe, dicha responsabilidad estaba en manos de la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas. Según consignó El País, Suárez afirmó: “Somos funcionarios y teníamos muy claro que no se podía mandar hasta que no tuviéramos la afirmación de la dirección general”.

Suárez rememoró que fue el funcionario de mayor rango presente en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) el día del desastre. Narró cómo a las 17.15 horas del día crítico propuso por primera vez enviar un mensaje masivo tras observar que varias personas se encontraban refugiadas en los tejados en la zona de Utiel-Requena. Poco después, a las 17.38, insistió en la sugerencia cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar comunicó el riesgo de rotura de la presa de Forata, lo que advertía de eventuales crecidas que podrían superar los siete metros de altura. Suárez redactó un primer mensaje alentando a las personas a permanecer en zonas altas y mantenerse pendientes de futuros avisos oficiales.

No obstante, tal como precisó el medio El País, el contenido del mensaje fue objeto de debate. José Miguel Basset, exinspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, evaluó que la redacción podía resultar “demasiado alarmista” y desencadenar huidas masivas. Finalmente, hacia las 18.19, el texto consensuado instaba a la población a permanecer en sus domicilios y seguir las informaciones a través de fuentes oficiales, omitiendo la recomendación de trasladarse a zonas elevadas. Durante esos minutos, Pradas insistió en que cualquier decisión debía contar con consenso. La consellera llegó incluso a consultar a la Abogacía del Estado acerca del uso del verbo “permanecer”, refiriéndose a antecedentes judiciales relacionados con el confinamiento durante la pandemia de Covid-19, según detalló El País.

En su intervención, Suárez explicó que durante la sesión del Cecopi la titular de Interior suspendió la reunión por aproximadamente 45 minutos en un momento donde, según sus palabras, las previsiones sobre la presa de Forata eran especialmente graves. Aclaró que, aunque Pradas se ausentó, la comunicación por teléfono continuó, y la videollamada de la sesión telemática permaneció abierta para evitar problemas técnicos posteriores, relató El País. También señaló que se intentó reunir a los alcaldes de los municipios implicados en la emergencia por iniciativa de cargos políticos, pero la conexión no se pudo concretar.

Tras recibir a las 19.50 la directriz de enviar el aviso Es Alert, todavía transcurrieron 20 minutos hasta poder cargar el mensaje definitivo en la plataforma, ya que se realizaron correcciones al texto en valenciano sugeridas por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. La notificación llegó finalmente a la población a las 20.11. “Hubo una demora excesiva”, lamentó Suárez ante el Congreso, según reportó El País.

El subdirector precisó que a partir de las 17.30 los focos de la coordinación se centraron principalmente en la situación de la presa de Forata. A las 19.30 ya se había constatado que las consecuencias del temporal afectarían a buena parte de la provincia de Valencia. Durante la reunión, no se abordó la situación del Barranco del Poyo, a pesar de que a las 18.43 la Confederación Hidrográfica del Júcar informó sobre inundaciones en esa zona. Suárez reconoció que la atención puesta “al 200%” en la presa limitó la capacidad para tomar decisiones sobre otros frentes de la catástrofe.

El País subrayó que Suárez respondió que no sabía si una difusión más temprana del Es Alert entre las 18.30 y las 19.45 habría permitido salvar vidas, y admitió que el sistema nacional de Protección Civil no estaba preparado para afrontar un desastre de esta magnitud. Consultado sobre si el fallo residió en una cuestión técnica o política, el funcionario se abstuvo de ofrecer una respuesta categórica, limitándose a destacar la implicación del personal técnico. “Llegaron donde pudieron llegar”, afirmó.

En un momento de su declaración, Suárez ejemplificó su actitud “proactiva” recordando su intento de organizar una videoconferencia con los alcaldes de las zonas afectadas. A preguntas sobre la llegada del president Carlos Mazón al Cecopi, el subdirector declinó valorar si la presencia de Mazón en el lugar antes o después podría haber impactado en la rapidez o eficacia de la respuesta.

Según reportó El País, el subdirector refirió que, tras la llegada de Mazón al centro de coordinación, ambos intercambiaron impresiones. El president le pidió una estimación de víctimas mortales posibles, a lo que Suárez respondió que, en función de los datos de personas desaparecidas, la cifra podía situarse entre 200 y 300 personas, aunque advirtió que la falta de comunicación telefónica complicaba los cálculos.

El funcionario compartió que, desde las primeras horas, estaba completamente convencido de que habría víctimas mortales como consecuencia del temporal, aunque nunca llegó a sospechar que la cifra alcanzaría el nivel finalmente registrado. También transmitió su opinión favorable a que, en adelante, las reuniones del Cecopi puedan ser grabadas, recomendando la adopción de cambios a partir de las lecciones aprendidas en episodios críticos como este.

A lo largo de su comparecencia, el subdirector de Emergencias insistió en las limitaciones de la información analizada con la que se contó durante ese día y en que la falta de conciencia real sobre el impacto potencial del desastre influyó en la toma de decisiones. Según su testimonio recogido por El País, reconoció que nadie de los presentes en la sala era plenamente consciente de hasta dónde podía llegar la gravedad de la situación, bien por la insuficiencia de la información disponible o por la preparación y formación de quienes participaban.

El subdirector culminó su relato recordando el carácter particular de la Comunidad Valenciana, definida como “supermercado de riesgos” por un experto europeo debido a la coexistencia de presas, zonas sísmicas, transporte de mercancías peligrosas, una central nuclear y una alta incidencia de incendios forestales en el territorio. La gestión de emergencias en esta región, subrayó Suárez, exige una vigilancia y preparación constantes, según las apreciaciones registradas por El País.