
El comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo la dirección de José Manuel Albares, destacó que ningún tipo de infraestructura civil, incluidas las viviendas y los centros sanitarios, puede ser considerado objetivo militar conforme al derecho internacional. Esta declaración se produjo tras el anuncio por parte del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, de que el gobierno de ese país, en colaboración con el primer ministro Benjamin Netanyahu, ordenó la destrucción inmediata de todos los puentes sobre el río Litani y de viviendas en el sur de Líbano. Este hecho fue reportado por el medio de comunicación que cubrió la reacción del Gobierno español.
Según informó la fuente original, el Ejecutivo español condenó enérgicamente las acciones israelíes sobre el territorio libanés. El ministro de Defensa de Israel explicó que estas medidas buscan impedir el paso de integrantes de Hezbolá y el movimiento de armas hacia el sur a través de los puentes sobre el río Litani. También precisó que ordenó al Ejército acelerar el derribo de viviendas en la línea de contacto entre Israel y Líbano, siguiendo operaciones previas en zonas de la Franja de Gaza bajo control israelí, como Beit Hanun y Rafá.
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El Gobierno de España calificó estas acciones de Israel como una violación grave y deliberada de los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario. Tras lo expuesto por el medio, la administración española sostuvo que estos ataques representan una amenaza a la vida de civiles inocentes y recalcaron la prohibición de tomar como objetivos militares instalaciones civiles, tal como exige el marco legal internacional.
La reacción española se produjo ante lo que consideran intentos de aislar y fragmentar el territorio libanés. Según publicó la fuente, España reiteró de forma categórica su rechazo a cualquier medida que apunte a dividir o aislar el Líbano y solicitó el pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial de dicho país.
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En este contexto, el Gobierno español hizo un llamado dirigido a la comunidad internacional para que actúe y prevenga la impunidad respecto de estas acciones, así como para fortalecer el respaldo a los esfuerzos de las autoridades libanesas en la defensa de su soberanía e integridad territorial. De acuerdo con el texto difundido, la administración encabezada por José Manuel Albares subrayó la necesidad de que todas las partes implicadas respeten los derechos y la seguridad de la población civil en las áreas afectadas por el conflicto.
El comunicado también evocó ejemplos recientes de operaciones militares en las localidades de Beit Hanun y Rafá en la Franja de Gaza, señalando que estos lugares permanecen bajo control de las fuerzas israelíes tras campañas militares que han tenido consecuencias sobre la población civil y las infraestructuras esenciales. La referencia a estas localidades añadió contexto sobre el modo de procedimiento aplicado por el Ejército israelí, según lo informado por la fuente.
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La denuncia por parte del Gobierno español se inserta en las constantes preocupaciones manifestadas por diversas naciones y organismos internacionales frente al aumento de las acciones armadas en el sur del Líbano y la vulnerabilidad de la infraestructura en la zona. Tal como consignó el medio que difundió la reacción de España, la protección de los civiles y la observancia de las normas de la guerra ocupan un lugar central en el reclamo realizado por el ejecutivo español en las últimas horas.
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