La Universidad Pompeu Fabra consigue que la Audiencia Nacional ordene el traslado de un exfiscal afgano a España

Un equipo de la universidad facilita, mediante una orden judicial, la gestión de documentos diplomáticos para que un antiguo funcionario y sus allegados, expuestos a represalias y viviendo sin protección internacional, sean acogidos en territorio europeo

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El director de la Clínica Jurídica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Maurici Pérez, calificó como “argumentos difícilmente sostenibles” los motivos presentados por la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores para oponerse a una medida cautelar que beneficia a una familia afgana expuesta a represalias. Según publicó la UPF, la Sección Quinta de la Sala Contencioso Administrativa de la Audiencia Nacional resolvió ordenar al embajador de España en Islamabad, Pakistán, la expedición de la documentación necesaria para que el antiguo fiscal afgano, su esposa y sus cuatro hijos menores, actualmente residentes en Pakistán en condiciones irregulares, puedan trasladarse a España.

La medida cautelar responde a una solicitud elaborada y defendida por un equipo de trabajo de la Clínica Jurídica, institución solidaria adscrita a la Facultad de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra. De acuerdo con la universidad, el auto judicial acredita la situación de extrema vulnerabilidad de la familia, que, según consta en la resolución, afronta un peligro real de persecución tanto en Afganistán como en Pakistán. La familia afectada permanece residiendo sin documentación reconocida en un contexto agravado por el conflicto armado entre ambos estados mencionados, añade el comunicado universitario citado por la agencia.

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De acuerdo con la información difundida por la UPF, la Audiencia Nacional valoró los riesgos presentados, considerando probado que “la familia --integrada por el exfiscal, su esposa y sus cuatro hijos menores-- se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad”. La resolución reconoce el peligro de represalias sobre el antiguo funcionario y sus allegados, lo que se traduce, según la Audiencia, en la necesidad de adoptar medidas inmediatas que permitan su traslado seguro a territorio europeo.

Tal como detalló el comunicado de la universidad, el procedimiento contó con la colaboración de Anna Farrés, estudiante del Máster Universitario en Abogacía de la UPF-BSM, y Marta Llonch, abogada voluntaria, quienes trabajaron junto con Maurici Pérez en la defensa de los intereses del exfiscal y su entorno familiar.

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La respuesta de la Abogacía del Estado a la medida adoptada por la Audiencia Nacional se formalizó con un recurso presentado contra la interlocutoria, manifestando su desacuerdo respecto a la orden judicial dirigida al embajador de España en la capital pakistaní. Según reconoció el director de la Clínica Jurídica en declaraciones recogidas por la UPF, los argumentos presentados por el Estado en el recurso son “difícilmente sostenibles”, un juicio que resalta la divergencia entre las autoridades y el equipo jurídico de la universidad en lo relativo a la protección internacional de la familia afgana.

La medida jurídica impulsada por la UPF tiene como finalidad garantizar la seguridad de personas amenazadas por su antigua posición pública y sin protección internacional efectiva. El comunicado de la universidad subraya que la situación irregular en la que reside la familia en Pakistán incrementa la urgencia de una intervención legal que asegure su acceso a un procedimiento de traslado y acogida en territorio español bajo protección oficial.

El caso se produce en un contexto donde la situación de los antiguos funcionarios y colaboradores afganos ha suscitado preocupación por parte de entidades jurídicas y organizaciones solidarias, especialmente tras el regreso de los talibanes al poder en Afganistán y el deterioro de las condiciones de seguridad en ese país y en regiones adyacentes. Según la UPF, el equipo que defendió la medida cautelar contó con el respaldo institucional y la experiencia acumulada en la gestión de situaciones de protección internacional.

La Audiencia Nacional, al adoptar la medida solicitada por la Clínica Jurídica de la Universidad Pompeu Fabra, estableció que corresponde al embajador de España en Islamabad expedir la documentación necesaria, una decisión que marca un precedente en la actuación judicial respaldada por universidades y vinculada a la salvaguarda de derechos fundamentales.

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