
Durante la mañana, la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros permaneció aplazada ante la ausencia de los miembros, mientras continuaban las deliberaciones sobre la inclusión de nuevas medidas relacionadas con la vivienda y el control de precios en el decreto anticrisis. De acuerdo con Europa Press, el Gobierno no ha logrado consensuar la totalidad del paquete de iniciativas destinado a afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Irán, pues el socio minoritario de la coalición, Sumar, rechaza dar luz verde a la reunión si no se añaden en el texto la prórroga de los contratos de alquiler y regulaciones sobre los márgenes empresariales.
Según publicó Europa Press, representantes de Sumar transmitieron que «esto no puede quedarse de la respuesta anticrisis, esto no puede ser un mero decreto de rebaja de impuestos», subrayando que ambas cuestiones—la extensión de la protección para inquilinos y el control eficaz sobre los sectores empresariales—son puntos centrales de su planteamiento. La sesión debía haberse iniciado alrededor de las 9:30 horas, aunque una hora después aún no se concretaba su apertura. El Ejecutivo había anunciado que, tras la finalización de la sesión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecería públicamente, aunque el retraso generó dudas sobre los plazos previstos.
El medio Europa Press detalló que las negociaciones comenzaron a intensificarse desde el día anterior, pero persistió la falta de acuerdo dentro del Gobierno de coalición. Sumar mantiene la presión para que el decreto anticrisis integre mejoras en el acceso a la vivienda y mecanismos de supervisión capaces de evitar ganancias empresariales extraordinarias derivadas de la rebaja de impuestos.
Según explica Europa Press, el portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, criticó que el Partido Socialista «se escuda excesivamente en las derechas» por priorizar la reducción de impuestos frente a medidas orientadas a la vivienda. Ibáñez también apuntó que existe negativa por parte del sector socialista a impulsar propuestas de vivienda dentro de la normativa anticrisis que se negocia como respuesta a los efectos económicos del conflicto en Irán.
Fuentes cercanas a la elaboración del decreto, citadas por Europa Press, indicaron que el Gobierno plantea una rebaja del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en carburantes, pasando del 21% al 10%. Esta medida, de aprobarse, mostraría un enfoque distinto respecto a la bonificación universal de 20 céntimos por litro implementada por el Ejecutivo en 2022 para contrarrestar el impacto de la guerra en Ucrania.
El planteamiento de Sumar, documentado por Europa Press a través de fuentes consultadas, suma a la petición de prórroga de los contratos de alquiler el requerimiento de controles reforzados a los márgenes empresariales. El objetivo declarado es asegurar que la rebaja de tributos no derive en beneficios extraordinarios injustificados para sectores específicos, sin llegar a los colectivos más afectados por el incremento de los precios y la crisis de acceso a la vivienda.
El decreto anticrisis que Moncloa intenta perfilar apunta a mitigar las consecuencias económicas directas de la guerra en Irán. Según informaciones del mismo medio, la propuesta inicial del Ejecutivo se orienta en gran medida a aliviar los costes energéticos de consumidores y conductores, pero los desacuerdos internos bloquean la aprobación y entrada en vigor de la normativa. Las negociaciones continúan, con Sumar defendiendo la necesidad de reforzar el componente social y regulador del paquete, mientras que el sector socialista aboga por medidas centradas en la fiscalidad del consumo energético.
La falta de consenso dentro del Gobierno, reportada por Europa Press, mantiene paralizada la respuesta institucional con la que se pretende contrarrestar la inflación y la escalada del coste de vida asociada al conflicto internacional. Hasta el cierre de la información, los ministros no habían fijado una hora definitiva de inicio para el Consejo, persistiendo la incertidumbre sobre la tramitación del decreto y la comparecencia del presidente Sánchez.
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