La activista que ha denunciado torturas del franquismo cree que la impunidad sigue intacta

(Actualiza la NA4339 con declaraciones de Blanca Serra y de sus abogadas)

Barcelona, 19 mar (EFE).- La activista independentista Blanca Serra, que fue víctima de torturas por la policía franquista en 1977, ha denunciado este jueves que “la impunidad de las torturas se mantiene intacta” después de que la Fiscalía de Barcelona ha anunciado el archivo de la causa a falta de identificación de los autores de los hechos.

“Sin procedimiento penal, la impunidad de las torturas se mantiene intacta”, ha denunciado en una carta dirigida a la Fiscalía que ha compartido a los medios Blanca Serra.

Serra ha señalado que la vía civil que el Ministerio Público le ha ofrecido abrir no cumple con “el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de los crímenes de lesa humanidad” que el Estado “tiene el derecho de garantizar”.

“A diferencia de la jurisdicción penal, no comporta la identificación ni la toma de declaración de los responsables, ni de sus superiores, ni de los máximos cargos políticos que perpetraron violaciones sistemáticas de derechos humanos durante este periodo. Tampoco permite reconstruir la estructura jerárquica de la represión, ni abre la puerta a una reparación integral, ni a depurar responsabilidades”, ha añadido la activista, de 83 años.

En una declaración paralela ante los medios, a la que Serra no ha podido asistir por motivos de salud, las asociaciones Irídia y Òmnium Cultural, que la representan jurídicamente, han calificado de “insuficiente” la investigación realizada por la Fiscalía, por lo que han avanzado que estudiarán recurrir el archivo de la causa una vez llegue al juzgado.

“Esta investigación es absolutamente insuficiente. Ha habido una falta de voluntad política más que evidente por parte de la Fiscalía de Memoria Democrática de ir hasta el fondo. No se han recabado informes judiciales ni se ha hecho ni una sola diligencia para identificar a los autores, aunque la información estaba en los expedientes”, ha revelado la coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella, sobre la resolución.

El Ministerio Público ha concluido que Serra sufrió un delito de torturas por parte de la policía franquista durante su detención en 1977 en la comisaría de Vía Laietana y la reconoce como "víctima de la dictadura", por primera vez, en base a la ley de memoria democrática de 2022, una resolución que, en este sentido, tanto Serra como las organizaciones consideran “absolutamente histórica”.

Ambas entidades destacan que la investigación “confirma” que la represión y las torturas se mantuvieron más allá de 1978, que se alargaron durante la Transición, y que el caso de Serra, quien presentó la denuncia en su nombre y en el de su hermana Eva, ya fallecida, responden también a una persecución “por razón de género”.

Fiscalía, que abrió para este caso la primera investigación penal sobre crímenes del franquismo en España, ha analizado todas las detenciones denunciadas, que ocurrieron en 1977, 1980, 1981 y 1982, y lo ha hecho, remarcan las organizaciones, “con una perspectiva psicosocial desgraciadamente poco habitual, que ha puesto a Blanca en el centro”.

La activista ha recibido todos los archivos y expedientes recabados por el Ministerio Público durante las diligencias, entre los cuales se encuentran actas y registros de sus detenciones firmados por agentes policiales que, según las entidades, podrían ser responsables de los hechos.

Las organizaciones han alertado de los “obstáculos” con los que asegura la propia fiscal de Memoria Democrática de Barcelona, Sara Gómez, se ha encontrado para poder acceder a dichos archivos, cuya desclasificación era una de las prioridades de Serra, y han denunciado que “las víctimas nunca podrán tener acceso a ellos si no es a través de una investigación penal, que por ahora solo está haciendo la Fiscalía, ya que los juzgados las archivan sistemáticamente”.

En vista de las limitaciones del recorrido penal y conscientes de que la mayoría de hechos denunciados quedan amparados por la ley de amnistía de 1977, ambas entidades han remarcado la importancia de que la información recabada por la investigación de la Fiscalía sea recogida por la comisión técnica prevista para la investigación de torturas.

La comisionada internacional y legal de Òmnium, Elena Jiménez-Botías, ha insistido también en que la sede de Vía Laietana 43 deje de funcionar como comisaría para convertirse en un espacio dedicado exclusivamente a la memoria.

“La democracia no es un regalo, es una conquista frágil que se debe proteger”, ha reivindicado en su carta Blanca Serra, quien ha concluido que lo que “está en juego” no son solo su caso y el de su hermana, sino “la credibilidad del Estado de derecho ante crímenes impunes del pasado”. EFE

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