
Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Navarra calificaron como concluyentes las pruebas recogidas en la investigación policial, destacando la labor realizada para la identificación del responsable del delito sexual y robo cometido en diciembre de 2023 en Pamplona. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), el tribunal impuso una serie de medidas restrictivas al acusado, que incluyen la expulsión de España una vez que haya cumplido la mitad de la condena, el impedimento de retorno por 10 años, la prohibición de acercarse a la víctima y la obligación de indemnizarla, además de la vigilancia posterior a la privación de libertad.
De acuerdo con el TSJN, la sentencia establece que el acusado, de 23 años y de origen marroquí, deberá cumplir 12 años de prisión: nueve años por el delito de agresión sexual y tres años adicionales por robo con violencia. La decisión también contempla que, finalizada la pena, el condenado debe someterse a un periodo de 10 años bajo libertad vigilada. El fallo indica que la prohibición de acercamiento a la denunciante se extenderá durante 15 años y deberá mantenerse una distancia de al menos 200 metros, junto con la prohibición de comunicación en cualquier forma.
El hecho sucedió de madrugada en la zona cercana al Archivo General de Navarra, en el Casco Viejo de Pamplona, tal como consignó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La víctima regresaba a casa tras una fiesta cuando fue interceptada por el agresor, que se encontraba a una corta distancia y portaba una gorra beige. Cuando la mujer se sentó sobre un murete, el acusado se lanzó hacia ella, la arrojó junto a él a una zona cubierta de vegetación, la golpeó y la violó, aplicando una fuerza significativa. Después del abuso, la víctima intentó defenderse, produciendo lesiones a su atacante mediante mordeduras y golpes en el rostro, como detalló el medio judicial.
Según la resolución judicial, aproximadamente diez minutos tras la comisión de la agresión, el acusado abandonó el sitio llevando consigo un teléfono iPhone 11 valorado en 748,33 euros y setenta euros en efectivo tomados de la cartera de la víctima. No obstante, retornó después de cuatro minutos para recoger otros objetos personales, tanto desde el suelo como del bolso. La investigación policial permitió recuperar la gorra utilizada por el agresor, así como otros enseres y prendas vinculadas al suceso en la misma área ajardinada donde se produjo el ataque.
El tribunal resolvió que, por daños morales derivados de los hechos, el acusado deberá indemnizar a la denunciante con 60.000 euros. De acuerdo con el TSJN, el informe forense incluido entre las pruebas aportadas recoge la existencia de lesiones vaginales que resultan compatibles con el testimonio de la víctima sobre la agresión sexual sufrida. El mismo informe señaló que actualmente la afectada padece lesiones físicas y episodios de ansiedad, además de experimentar temor a salir a la vía pública y sufrir pesadillas nocturnas persistentes.
En el proceso judicial, el acusado aceptó la autoría del robo, aunque negó los cargos por violación. Su defensa pidió la rebaja de la pena a dos años por el delito de robo, invocando la atenuante de dilaciones indebidas, y reclamó la absolución en lo referente a la agresión sexual. La Audiencia descartó esos planteamientos, señalando que la admisión del robo por parte del acusado solo ocurrió después de quedar probada su implicación por el conjunto de las pruebas analizadas durante el juicio. Además, el tribunal puntualizó que las lesiones de defensa en el acusado, generadas por la reacción de la víctima, avalan el relato de agresión sexual, ya que el acusado reconoció haber recibido mordeduras y golpes.
Según lo publicado por el TSJN, la identificación del acusado se consolidó gracias a la actuación de la Policía Municipal de Pamplona, que recabó pruebas físicas y audiovisuales. Las cámaras de seguridad en las inmediaciones aportaron imágenes coincidentes con el momento del asalto, mientras que el análisis de ADN permitió relacionar la gorra recogida en el lugar con el condenado. Aunque la defensa citó un resultado negativo de ADN respecto a la agresión, la Audiencia respaldó el criterio del forense, quien consideró que las lesiones constatadas refuerzan la versión presentada por la denunciante.
El juicio, realizado los días 25 y 26 de febrero, contó con diferentes solicitudes de pena. La fiscalía solicitó ocho años y once meses de prisión por el delito de agresión sexual y tres años por el de robo con violencia; la acusación particular elevó las peticiones a nueve y tres años, respectivamente. Dadas las circunstancias y la profundidad de las pruebas expuestas, la Audiencia determinó la imposición de la máxima condena promovida por la acusación particular.
La resolución notificada por el tribunal señala que la sentencia puede ser objeto de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, conforme a los procedimientos legales vigentes. Mientras tanto, las medidas dictadas buscan evitar cualquier tipo de contacto futuro entre el condenado y la víctima, proteger los derechos de la afectada y promover el cumplimiento de la pena impuesta.
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