Koldo intenta por última vez que el Supremo suspenda el juicio de las mascarillas y lo mande a la Audiencia Nacional

La defensa de Koldo García sostiene que se le ha obligado a litigar en la Audiencia Nacional para la apertura de pruebas que podrían ser utilizadas en su contra durante el juicio en el Tribunal Supremo, lo que según su abogada implica una “defensa a ciegas” al enfrentarse al proceso sin conocimiento pleno de los elementos probatorios. Este aspecto se suma a la solicitud presentada al Supremo para anular de manera total el auto emitido por la Sala de lo Penal que había rechazado sus argumentos y los del exministro José Luis Ábalos en la fase preliminar celebrada en febrero. Tal como informó Europa Press, García intenta mediante este incidente de nulidad frenar el inicio del juicio previsto para el 7 de abril en el Tribunal Supremo por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, solicitando que el caso sea remitido a la Audiencia Nacional.

El documento presentado por la defensa, al que tuvo acceso Europa Press, pide que las actuaciones vuelvan al punto anterior a la resolución mencionada, argumentando la existencia de vulneraciones a derechos fundamentales. Entre los derechos citados por la abogada Leticia de la Hoz figuran la tutela judicial efectiva, la asignación del juez ordinario predeterminado por la ley y la posibilidad de practicar pruebas relevantes dentro del proceso. El equipo de García considera que, después de la renuncia de Ábalos a su escaño en el Congreso a finales de enero y la pérdida del aforamiento, el Supremo “carece de competencia” para seguir instruyendo y juzgando el asunto. De acuerdo con la defensa, “la solución jurídicamente ortodoxa y respetuosa con los derechos fundamentales, una vez desaparecida la condición de aforado de Ábalos, no es retener el enjuiciamiento en el Tribunal Supremo, sino acordar la inhibición y remisión íntegra de la causa a la Audiencia Nacional, devolviendo así el conocimiento del asunto al juez ordinario predeterminado por la ley”.

En el escrito se acusa al Tribunal Supremo de priorizar los plazos formales sobre las circunstancias materiales del caso, desestimando un cambio de competencia tras la renuncia de Ábalos al acta de diputado. La defensa subraya que los hechos juzgados deberían someterse a la autoridad judicial ordinaria que corresponde, lo cual, en su criterio, no sucede al mantener el proceso en el Supremo. Según publicó Europa Press, este punto representa uno de los principales motivos para presentar el incidente de nulidad, dado que la defensa estima que se han infringido garantías constitucionales durante la tramitación de la causa.

Otra de las objeciones que plantea el recurso es la negativa del Tribunal Supremo a aceptar la recusación del magistrado Julián Sánchez Melgar, quien fue Fiscal General del Estado a propuesta del Partido Popular. El equipo legal cuestiona la imparcialidad del tribunal, destacando que se trata de un caso con “fortísima carga política”, en el que están siendo investigados un exministro y su asesor vinculados al Partido Socialista Obrero Español. La defensa arguye que el hecho de que uno de los magistrados haya ocupado la máxima responsabilidad en el Ministerio Fiscal tras ser impulsado por el principal partido denunciante y personado como acusación popular, “destruye la apariencia de imparcialidad ante el acusado y la sociedad”. Según el texto, “un observador objetivo, no aquejado de corporativismo, apreciaría que el nombramiento de Sánchez Melgar por un gobierno apoyado por el partido que ejerce aquí la acusación es motivo suficiente para entender quebrada la apariencia de imparcialidad”. Europa Press detalla que estas afirmaciones se presentan como argumento fundamental dentro del incidente de nulidad.

Según consignó Europa Press, la defensa manifiesta que la distribución de la instrucción y la fase probatoria entre distintos órganos judiciales ha dificultado el pleno ejercicio del derecho de defensa, obligando a los acusados a prepararse para la vista oral sin acceso completo a las pruebas que serán debatidas. Esta situación habría generado, según la defensa, una “quiebra procesal” que refuerza la petición para que el caso sea enviado a la Audiencia Nacional, a fin de que el juicio se lleve a cabo ante el juez legalmente establecido y con todas las garantías.

En cuanto a las peticiones penales, Europa Press informa que la Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para José Luis Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para el empresario Víctor Aldama, quien ya ha reconocido los hechos imputados. Por su parte, las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, reclaman para Ábalos y García 30 años de prisión, y para Aldama la misma pena propuesta por la fiscalía.

El juicio, cuya apertura está pautada para el 7 de abril en el Tribunal Supremo, se extenderá hasta finales de ese mes si no prospera la petición de nulidad ni se acuerda el traspaso de la causa a la Audiencia Nacional, como solicita la defensa de García. La denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas en el contexto de la pandemia mantiene todavía a Ábalos y García en prisión provisional desde el 27 de noviembre, conforme ha reportado Europa Press.

Europa Press relata que la controversia sobre la imparcialidad de los jueces y la competencia del tribunal ha marcado los preparativos de este proceso, con un foco puesto en las garantías constitucionales y procesales de los acusados. El resultado de este incidente de nulidad y de la petición de trasladar la causa marcará el desarrollo inmediato del juicio y el desenlace de una de las investigaciones de mayor alcance sobre contrataciones públicas en el contexto de la emergencia sanitaria.