Fiscalía mantiene su petición para el subinspector de Granada acusado de romper la orden de alejamiento

El agente, previamente condenado por violencia de género, niega haber infringido restricciones o manipulado el dispositivo de control, mientras la acusación sostiene que sus acciones fueron intencionadas y solicita sanciones económicas y máxima pena

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El subinspector de la Policía Local de Granada explicó durante la vista oral que los fallos registrados por la pulsera telemática se debieron, en ocasiones, a situaciones como sumergir el dispositivo en la playa, impactos durante el descenso de barrancos o pérdida de cobertura en determinadas zonas. De acuerdo con Europa Press, en este contexto se desarrolló el juicio en el Juzgado de lo Penal número 4 de Granada, donde la Fiscalía mantuvo su petición de condena contra el agente por presuntamente quebrantar de forma reiterada la orden de alejamiento impuesta hacia su exmujer.

Según informó Europa Press, la orden de alejamiento contra el subinspector se dictó en 2023 y desde entonces la expareja del agente ha presentado numerosas denuncias por incidencias asociadas al mal funcionamiento o manipulación de la pulsera telemática. Parte de estos episodios se evaluó en el procedimiento celebrado este lunes, mientras que otros aspectos relacionados permanecen bajo investigación en una causa distinta y paralela.

Durante la sesión, el agente negó haber manipulado el dispositivo o haber quebrantado las restricciones impuestas judicialmente. El abogado defensor aportó informes emitidos por el sistema Cometa, los cuales no registraron manipulación alguna en la pulsera asignada al acusado, según detallaron las fuentes consultadas por Europa Press.

Frente a estos argumentos, tanto la Fiscalía como la acusación particular, en representación de la víctima, enfatizaron en el proceso la elevada resistencia de los dispositivos telemáticos empleados y aseguraron que los incidentes analizados respondieron, en su valoración, a conductas deliberadas. Según la fiscalía, la intención del subinspector habría sido generar malestar en la víctima, quien, a raíz de los pitidos del aparato por presunto incumplimiento, vuelve a experimentar situaciones de estrés y ansiedad.

De acuerdo con Europa Press, la acusación particular sostiene que, dada la condición profesional del acusado y su conocimiento técnico, este era plenamente consciente de las posibles formas de vulnerar el control impuesto por la pulsera. Por este motivo, el abogado de la exmujer solicitó la condena a la máxima pena contemplada legalmente para este delito, además de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 6.000 euros por daño moral.

La Fiscalía pidió en su escrito una multa de 5.400 euros y una compensación para la víctima de 3.000 euros, argumentando que los hechos analizados contribuyeron al daño moral ocasionado. En contraposición, la defensa del subinspector reiteró la petición de absolución y sostuvo que los eventos descritos carecen de suficiente fundamento para una condena, amparándose en los informes técnicos aportados al caso.

El historial judicial del subinspector suma una condena previa dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada en diciembre pasado. Entonces, el tribunal lo condenó a dos años y ocho meses de prisión tras juzgarlo por violencia física y psíquica habitual, así como por un delito de menoscabo psíquico hacia su expareja. Esta sentencia está pendiente de revisión, ya que tanto la defensa del agente como la Fiscalía y la acusación particular presentaron recursos ante la Audiencia Provincial de Granada, solicitando la absolución y el aumento de la pena respectivamente.

El caso queda a la espera de que tanto el Juzgado de lo Penal 4 de Granada falle el nuevo proceso como de que el tribunal provincial decrete la fecha de revisión de la condena previa, detalló Europa Press. El uso de dispositivos telemáticos de control y el escrutinio sobre su funcionamiento y manipulación forman parte central en la lucha judicial por garantizar la protección de víctimas de violencia de género y esclarecer la posible responsabilidad penal de quienes ostentan cargos vinculados a la seguridad pública, como expuso detalladamente el medio citado.