La Audiencia de Granada deja a las puertas del juicio a la excúpula de Urbanismo de la capital por la pieza Mulhacén

La Sección Primera de la Audiencia Provincial sostiene que en el expediente Mulhacén existen indicios de que funcionarios municipales y un promotor actuaron presuntamente de forma concertada para favorecer intereses particulares en detrimento del Ayuntamiento de Granada. Según constata esta instancia judicial, recogido por Europa Press, la actuación investigada podría responder a una concertación destinada a dictar resoluciones arbitrarias, emitir licencias de obras y ocupación y aprobar estudios de detalle con el principal resultado de modificar el sentido original de la concesión administrativa de una parcela en la zona de Torre de la Pólvora del barrio Zaidín.

En este contexto, Europa Press informó que la Audiencia Provincial de Granada confirmó el procesamiento de Isabel Nieto, exconcejal del área de Urbanismo por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada, junto con cinco exresponsables municipales del mismo departamento y un empresario promotor, por los hechos vinculados a la pieza separada conocida como “expediente Mulhacén”. La causa gira en torno a supuestas alteraciones fraudulentas detectadas en la concesión administrativa de un solar municipal concedido en febrero de 2007, con la obligación, entre otras condiciones, de construir un gran pabellón deportivo para 2.000 personas, además de instalaciones complementarias, área comercial y aparcamiento subterráneo. El canon mínimo estipulado se fijó en 6,1 millones de euros, junto a un pago anual de mil euros por un periodo de 40 años, al término del cual todas las instalaciones debían revertir al patrimonio municipal en óptimas condiciones y libres de cargas.

El medio Granada Hoy detalló que la resolución de la Audiencia responde al recurso presentado por cuatro de los investigados, entre ellos Isabel Nieto, contra el auto de procedimiento abreviado dictado en 2024. El tribunal mantiene firme la decisión de la jueza encargada de la instrucción en la causa matriz, conocida como “caso Nazarí”, y deja el asunto a las puertas de juicio, decisión que ya no admite apelación. La Audiencia rechaza que los hechos deban circunscribirse a la vía administrativa, por la naturaleza de los delitos investigados.

Según Europa Press, la Fiscalía solicita para tres de los acusados —la exconcejal Isabel Nieto, el excoordinador de Urbanismo y Obras y el promotor— una pena de entre dos y tres años de prisión por presuntos delitos de prevaricación y fraude en la contratación. El escrito fiscal precisa que los acusados, de forma conjunta y voluntaria, introdujeron alteraciones importantes en el contrato de concesión, con la finalidad de beneficiar únicamente al empresario adjudicatario y en claro detrimento de los intereses del ayuntamiento. El contrato original, según el pliego, exigía la ejecución de instalaciones deportivas, pistas para tenis o pádel y 196 plazas de garaje, además del pabellón principal. La Fiscalía asegura, citada por Europa Press, que ni las pistas ni el estacionamiento se construyeron según los términos previstos.

El informe fiscal especifica que al menos la mitad de la parcela municipal, cuya finalidad debía ser deportiva, pasó a destinarse a negocios de restauración, perdiendo así el uso público original. “Todo ello —asienta la fiscalía— encaminado a la obtención del máximo lucro del empresario en perjuicio del interés público”, reinterpretando el papel de la exedila y del excoordinador como sujetos que respondieron prioritariamente a las necesidades empresariales presentes en la operación.

Otros elementos recogidos en el escrito del Ministerio Público incluyen la denuncia de una presunta parcelación ilícita, una reducción significativa en el número de plazas de aparcamiento, convertidas en su mayor parte en plazas privadas, y el incremento de la edificabilidad que favoreció a negocios instalados en el solar originalmente destinado a actividades deportivas. La fiscalía argumenta que los hechos podrían constituir delitos de prevaricación urbanística en concurso con fraude en la contratación; de manera alternativa, considera que cabría tipificarlos como prevaricación común en concurso con fraude.

El Ministerio Público agrega, traslada Europa Press, que solicita así mismo la nulidad de todas aquellas licencias y decretos administrativos relativos a las obras, ocupaciones de locales y el uso del pabellón, además de la inhabilitación durante más de diez años para empleo o cargo público, medida que para el promotor supondría la prohibición de acceder a subvenciones estatales o contratar con la administración. La reclamación de responsabilidad civil incluye la posibilidad de futuras indemnizaciones exigidas a cargo de los involucrados.

Según pública Europa Press, la decisión de la Audiencia ratifica la solidez de los indicios que apoyan la acusación de que la concesión administrativa fue modificada para favorecer intereses empresariales por encima del objeto previsto en la autorización. De confirmarse en juicio, esta conclusión podría implicar consecuencias penales y administrativas graves para los procesados, cuyas actuaciones pasarán ahora a ser valoradas en la fase oral en el órgano judicial correspondiente.

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