Jueza del 'caso Supercopa' imputa a expresidente y gerente de La Cartuja de Sevilla por supuesto beneficio ilícito

La investigación judicial señala a antiguos responsables de la gestión del estadio sevillano al sospecharse que obtuvieron ganancias irregulares mediante contratos relacionados con la remodelación de instalaciones, en medio del escándalo de corrupción vinculado a la Supercopa en Arabia Saudí

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La adquisición de bienes inmuebles por parte de antiguos directivos del Estadio La Cartuja de Sevilla, efectuada pocos meses después de que la empresa pública responsable adjudicara contratos para obras de adecuación del recinto, está siendo objeto de análisis judicial. De acuerdo con Europa Press, la instructora del caso considera que estas operaciones podrían estar vinculadas con un presunto beneficio económico irregular derivado de la contratación de reformas en el estadio, en el marco de una investigación más amplia sobre supuestos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales relacionados con la Supercopa de España celebrada en Arabia Saudí.

Según publicó Europa Press, la jueza Delia Rodrigo, titular del Tribunal de Instancia Número 4 de Majadahonda (Madrid), ha imputado formalmente al expresidente de la empresa pública Estadio La Cartuja de Sevilla S.A. (ECSSA) y ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, así como al gerente de ECSSA, Daniel Oviedo. Ambos figuran como investigados en el procedimiento por supuestos beneficios ilícitos obtenidos mediante contratos de reforma de las instalaciones del estadio. El auto judicial autoriza la incautación y análisis de dispositivos electrónicos, telemáticos e informáticos de Arrabal y Oviedo, una medida solicitada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para profundizar en la reconstrucción de los hechos. Además, la resolución permite acceder y, en su caso, analizar y copiar datos de servicios de banca online o remota relacionados con los investigados, con el fin de esclarecer si existieron movimientos financieros irregulares.

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El medio Europa Press detalló que la jueza considera que tanto Arrabal como Oviedo tuvieron “participación directa” en las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la constructora Gruconsa. Estas relaciones guardan relación con la adjudicación de obras clave para que el Estadio La Cartuja cumpliera los requisitos de la Eurocopa de 2021, después de que la UEFA, en abril de ese año, eligiera a Sevilla como nueva sede española en sustitución de Bilbao. Tras la designación, ECSSA solicitó a la Junta de Andalucía una subvención extraordinaria por interés público y social, que se aprobó en casi 5 millones de euros.

Europa Press consignó que, días después de la confirmación de Sevilla como sede de la Eurocopa y de la concesión de la subvención, Arrabal firmó como presidente de ECSSA la puesta en marcha de los expedientes de contratación para obras y servicios relacionados con la adecuación del estadio. Estos expedientes se justificaron en dos ejes: la asistencia técnica de la RFEF y la propia subvención otorgada por la Junta de Andalucía. ECSSA justificó la necesidad de recurrir a un concurso público ante la imposibilidad de abordar las obras con sus propios medios, lo que condujo finalmente a la adjudicación de los trabajos a la empresa Gruconsa, según la magistrada instructora.

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En los documentos firmados por Arrabal y Oviedo el 28 de mayo de 2021, quedaron validados los expedientes relativos a la tematización de la sala de prensa (88.061,99 euros) y a la adecuación de la zona deportiva (816.798,24 euros). Además, las obras relacionadas con los sistemas de control de accesos e iluminación del estadio generaron una facturación a Gruconsa superior a 2,34 millones de euros, más otros 122.434,96 euros, en función de su vinculación con la RFEF, según consta en el auto judicial.

El pago de estas obras, que rozaron los 3 millones de euros, fue asumido finalmente por la Real Federación Española de Fútbol. La jueza resalta que, aunque la RFEF abonó las facturas, en varias ocasiones se imputó la responsabilidad del gasto a ECSSA. Según el auto, la RFEF trató de encuadrar estas adecuaciones dentro de un convenio específico, el Convenio de Selecciones, para justificar el gasto ante sus propios órganos y previendo el reintegro posterior de la inversión por parte de ECSSA, vía cesión de un 10% de la recaudación de taquilla de los partidos.

La instructora incluyó en el auto detalles sobre las compras inmobiliarias efectuadas por los directivos investigados. Arrabal, junto a su esposa, adquirió en septiembre de 2021 una vivienda en Málaga por valor de 343.500 euros, mientras que Oviedo compró un inmueble en Sevilla dos meses después, por 181.000 euros. El documento subraya la relación de ambos con mercantiles vinculadas a la construcción, lo que refuerza la línea de investigación sobre el origen de los fondos empleados y la posible vinculación con los pagos derivados de las obras en La Cartuja.

Según detalló Europa Press, la investigación abierta tiene su origen en las sospechas sobre la existencia de retornos económicos irregulares asociados a las negociaciones para celebrar la Supercopa de España masculina en Arabia Saudí. En el caso figuran también el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, directivos, empleados y personas externas que presuntamente habrían resultado favorecidos, por posibles beneficios derivados tanto de la organización del torneo en Arabia como de concesión de terrenos para desarrollos hoteleros en ese país.

Las actuaciones detalladas en el auto judicial se centran en el papel de Gruconsa. El medio Europa Press recogió también la posición de la empresa constructora, cuyos representantes han afirmado que todos los trabajos encargados por la RFEF se ejecutaron y entregaron dentro de los plazos y condiciones estipulados. Gruconsa señaló, además, que confió en todo momento en los protocolos internos de contratación y auditoría de la federación, en lo relacionado con la omisión o trámite de los procesos externos.

Las obras contratadas por la RFEF a Gruconsa, que superaron los 3 millones de euros entre 2019 y 2023 (sin incluir el IVA), supusieron apenas el 2,7% de la facturación total de la constructora en ese periodo, que superó los 118 millones de euros. Sus portavoces subrayaron a Europa Press que las intervenciones en La Cartuja gravitaron en torno a la instalación de iluminación, tornos de acceso, reforma de vestuarios y acondicionamiento de la sala de prensa, junto a la adaptación legal de la ciudad deportiva de Las Rozas. Explicaron además que la adjudicación de las obras en el estadio sevillano se realizó por la vía de urgencia, ante el escaso margen temporal para finalizar los trabajos, y que no fueron la única empresa en ese proceso.

Fuentes de Gruconsa recordaron, según informó Europa Press, que todos los detalles serán expuestos al tribunal cuando sus directivos comparezcan a declarar, y puntualizaron que sus ofertas siempre se han situado en precios de mercado.

Por último, la causa instruida bajo la jueza Delia Rodrigo continúa desgranando una posible trama de corrupción que afecta tanto a la gestión pública del estadio sevillano como a la organización de la Supercopa masculina en Arabia Saudí. Según Europa Press, entre las primeras líneas de investigación destacan la revisión de los contratos, la justificación de los gastos asumidos y el eventual reintegro de los mismos, así como el análisis de los flujos económicos entre los diferentes actores implicados, tanto en el ámbito deportivo como en el sector de la construcción y gestión pública.

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