
El exasesor ministerial Koldo García ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que ordene su salida de la cárcel antes del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que comenzará el próximo 7 de abril, así como declarar en último lugar en el proceso, después del presunto conseguidor, Víctor de Aldama, también acusado.
Así lo ha pedido la abogada del exasesor en un escrito, al que ha accedido Europa Press, en el que manifiesta la "inexistencia del riesgo de fuga" y propone otras medidas "menos gravosas" como la declaración periódica ante un juzgado, la retirada de su pasaporte o la instalación de "dispositivos de geolocalización que garanticen su ubicación permanente".
En esta línea, la letrada Leticia de la Hoz argumenta que existen "unos vínculos vitales que hacen impensable cualquier intento de sustraerse a la acción de la justicia", tales como un "núcleo familiar estable", la situación de dependencia de su madre, el arraigo local y su "actitud de colaboración constante" desde que comenzó el proceso judicial.
Asimismo, la abogada arguye que "el efecto físico y cognitivo que el régimen de traslados" desde el centro penitenciario hasta el Supremo tendrá sobre Koldo provocará que se encuentre "agotado físicamente", lo que le impedirá "prestar la atención necesaria a la práctica de la prueba" ni "asistir eficazmente" a su letrada en los interrogatorios.
Este hecho, según el escrito, constituye una "indefensión de facto" que solo puede evitarse "permitiendo que descanse y prepare las sesiones desde su domicilio".
La Sala de lo Penal sentará en el banquillo a Koldo, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a Aldama por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.
Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para el exasesor y 7 para Aldama, que ha reconocido la acusación. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el fiscal.
ALDAMA, UN "ORNITORRINCO PROCESAL"
La abogada ha pedido que su representado preste declaración después de Aldama porque "resulta imperativo" que "conozca el contenido del testimonio" del coacusado, a quien califica de "ornitorrinco procesal".
"Esta figura describe a aquel interviniente que, manteniendo formalmente la condición de acusado, actúa de facto ejerciendo una labor de acusación contra otros coimputados", explica.
Por ello, para la defensa del exasesor, "la ambigüedad de esta posición híbrida genera un riesgo evidente de indefensión" para Koldo.
Por otro lado, De la Hoz ha pedido que, durante la celebración del juicio, se permita a Koldo sentarse al lado de su abogada, y no en el banquillo de los acusados.
"Con un calendario tan exhaustivo --sesiones de mañana y tarde con inicio a las 10:00 horas y 15:30 horas--, esta parte entiende que el procesado y su letrada deben poder realizarse consultas inmediatas sobre el curso de los interrogatorios de testigos y peritos", argumenta.
ARMENGOL Y TORRES DECLARARÁN COMO TESTIGOS
La Sala de lo Penal desestimó todas las nulidades defendidas por sus defensas en la audiencia preliminar celebrada el pasado febrero, manteniendo así su capacidad para juzgar el caso, según un auto recogido por esta agencia de noticias.
El tribunal citó como testigos al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que eran durante la pandemia presidentes de Canarias y Baleares, respectivamente, gobiernos autonómicos que adjudicaron contratos a la empresa epicentro de la presunta trama.
También figuran, entre la lista de más de 75 testigos aceptados, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional por el 'caso Koldo'; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez; el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras; el exgerente del PSOE Mariano Moreno, así como exjefes de gabinete, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, y empresarios, familiares y allegados de los acusados.
Eso sí, el tribunal desestimó que testifiquen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, o la exministra de Industria Reyes Maroto, por no guardar relación con el objeto del proceso, según precisan.
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