PNV, "decepcionado" con el Gobierno central, le reclama "reconocer el papel del Estado" en la 'matanza del 3 de marzo'

Aitor Esteban, presidente del EBB del PNV, remarcó la importancia de facilitar el acceso a la documentación oficial relativa a los hechos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz como medida central para ofrecer una reparación efectiva a las víctimas de la intervención policial que dejó cinco personas muertas y más de cien heridas. Según informó el medio, Esteban participó en una ofrenda floral en homenaje a quienes perdieron la vida o resultaron heridos a raíz de los disparos efectuados por la Policía Armada durante una movilización obrera, e instó a las autoridades a modificar la Ley de Secretos Oficiales y desclasificar toda la información vinculada al caso, abarcando tanto los documentos del propio año 1976 como los de años adyacentes.

De acuerdo con la información publicada, el líder del PNV expresó su "decepción" ante el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros, considerando que no recoge el reconocimiento expreso del papel desempeñado por el Estado durante los sucesos de 1976 en la capital alavesa. Para Esteban, la declaración gubernamental no alcanza el nivel asumido recientemente por el PSE-EE en el Parlamento Vasco, donde ambas formaciones pactaron una enmienda solicitando al Ejecutivo central que reconociera su implicación en las muertes y condenara la actuación "desproporcionada" del Gobierno liderado por Arias Navarro en ese periodo.

El dirigente jeltzale recalcó ante los medios su solidaridad con quienes resultaron afectados por el operativo policial y subrayó el impacto que los hechos dejaron en la sociedad vasca. Además, puso en valor la importancia de esclarecer lo sucedido mediante el acceso libre y completo a los documentos oficiales, subrayando que "ya es hora de que, libremente, los investigadores y cualquiera puedan acceder a esa documentación; no nos vale tampoco con una clasificación elegida de parte", tal como recogió la fuente.

Esteban insistió en que la verdadera reparación y el auténtico homenaje a las víctimas deben pasar por una modificación de la Ley de Secretos Oficiales que permita la desclasificación total de los archivos asociados a los hechos. Tal como publicó el medio, puso en duda que la posición del Ejecutivo central esté alineada con el compromiso adquirido por el PSE-EE y el PNV en el Parlamento Vasco, y consideró que el acuerdo del Consejo de Ministros no supone el avance que esperaba la sociedad vasca en términos de reconocimiento y justicia.

El medio consignó que, en sus declaraciones, el presidente del EBB matizó que el Gobierno central debe ir "un paso más allá" en el reconocimiento institucional de lo ocurrido y avanzar efectivamente hacia una reforma legislativa que habilite la consulta irrestricta de los documentos oficiales todavía clasificados. Esteban valoró el gesto realizado por el Partido Socialista de Euskadi al condenar los hechos y el papel que cumplió el Estado en la represión de 1976, e instó al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez a incorporar explícitamente estos términos en futuras resoluciones o acuerdos oficiales.

En su intervención ante la prensa, Esteban sostuvo que ninguna persona ha sido condenada por los crímenes del 3 de marzo y argumentó que la desclasificación facilitada mediante la modificación legal contribuiría a clarificar la verdad de lo sucedido. Además, vinculó el acceso transparente a la documentación con el derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación, y expresó que esta demanda constituye un homenaje imprescindible a quienes sufrieron las consecuencias directas de la intervención armada durante la protesta obrera.

Las demandas del dirigente del PNV incluyen la revisión total de toda la documentación — no solo la de 1976, sino también la de años previos y posteriores — aludiendo a la necesidad de un acceso completo y sin restricciones para que la investigación histórica y judicial pueda avanzar sin obstáculos. Según reportó el medio, Esteban cerró su intervención reiterando que la medida más adecuada para ofrecer justicia a las víctimas es proporcionar claridad y transparencia sobre los hechos, como responsabilidad ineludible de las "instancias estatales".