El material de grabación involucrado en el accidente ferroviario de Adamuz, que dejó un saldo de 46 fallecidos y más de 120 personas heridas el 18 de enero, permanecerá en las instalaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para garantizar la integridad de los datos. Así lo dispuso el Tribunal de Instancia de Montoro, que autorizó el acceso, extracción y análisis del contenido de las cajas negras de ambos trenes, así como de las imágenes de las cámaras de seguridad del interior del tren Iryo. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la jueza encargada del caso firmó la orden el viernes pasado y notificó a las partes este lunes, detallando que se utilizarán herramientas informáticas especializadas para comprobar la integridad de los archivos, las fechas de creación, cualquier posible manipulación y otros parámetros relevantes.
De acuerdo con el TSJA, la operación técnica no se llevará a cabo en la sede judicial de Montoro como se evaluó inicialmente, sino directamente en la CIAF. La decisión de evitar el traslado del equipamiento respondió a motivos de seguridad y a la necesidad de preservar intacta la información almacenada en los dispositivos. El auto judicial especifica que la magistrada consideró que, para “garantizar la unidad de acto y evitar riesgos que puedan comprometer la extracción de datos”, la intervención debía realizarse en el espacio donde los equipos se encuentran actualmente.
El procedimiento de extracción y análisis contará con la presencia de agentes de la Policía Judicial, quienes asumirán la función de levantar acta durante todo el desarrollo de las operaciones. El personal policial obtendrá tanto evidencias digitales como copias certificadas del contenido analizado. Según publicó el TSJA, la Policía Judicial retendrá una copia de los datos para continuar la investigación y entregará otra copia de manera inmediata al órgano judicial responsable del caso. Esta forma de proceder busca asegurar la cadena de custodia y proteger la validez de las pruebas durante todo el proceso penal y técnico.
El medio TSJA detalló que en todas las diligencias intervendrá también un Letrado de la Administración de Justicia, encargado de documentar formalmente el proceso y extender el acta judicial correspondiente. La diligencia quedó programada para el 5 de marzo, fecha en la que las partes implicadas se presentarán en las instalaciones de la CIAF para participar en la operación de acceso y análisis de los dispositivos de grabación.
Ante la ubicación de los equipos en Madrid, el Tribunal de Instancia de Montoro envió una comunicación oficial al Juzgado de Guardia de Madrid. Según reportó el TSJA, la finalidad de este exhorto es que se designe un Letrado de la Administración de Justicia de la capital para que asista en la diligencia junto con los cuerpos policiales, reforzando así las garantías de protección y custodia de las piezas de convicción que resulten del procedimiento de análisis digital.
El auto judicial resalta la obligatoriedad de emplear cualquier programa informático necesario que permita verificar aspectos como la integridad de los archivos, su procedencia, modificaciones y cualquier información relevante para la investigación del siniestro. Además, se dispuso que todos los pasos del proceso se realicen en presencia de representación judicial y policial, con actas documentadas en cada fase de la labor.
El accidente ferroviario en Adamuz representa uno de los más graves en el historial reciente en la provincia de Córdoba, con consecuencias humanas y técnicas de gran magnitud. El acceso a los datos de las cajas negras y a las cámaras internas del tren Iryo se perfila como un elemento esencial para la reconstrucción de los hechos y el esclarecimiento de las causas del siniestro. Todas las maniobras relacionadas con el acceso y custodia de estos dispositivos tendrán lugar bajo estrictas medidas de garantía jurídica, como ha reiterado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
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