Montero informa a la familia de Caparrós del reconocimiento que el Gobierno aprobará el martes y le pide "disculpas"

El decreto-ley que el Consejo de Ministros planea aprobar el martes restablecerá las indemnizaciones bajo la Ley de Memoria Democrática para la familia de Manuel José García Caparrós, igualando las cuantías a las asignadas a las víctimas del terrorismo y atendiendo así una antigua demanda relacionada con los hechos ocurridos durante la transición. Según informó Europa Press, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, trasladó personalmente esta decisión a los familiares del joven fallecido, subrayando la intención del Ejecutivo de reforzar el reconocimiento institucional hacia quienes padecieron situaciones similares durante ese periodo histórico.

La comunicación se realizó después de que la familia de García Caparrós recibiera una carta oficial del Ministerio del Interior denegando el reconocimiento de García Caparrós como víctima del terrorismo. De acuerdo con Europa Press, esta respuesta formal destacaba que el caso no se ajustaba a los requisitos previstos en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo, por ser considerado más próximo a la categoría de víctima de la memoria histórica o democrática. Montero explicó que la notificación respondía a criterios técnicos y tramitaciones habituales de este tipo de solicitudes, y pidió disculpas a la familia por el carácter impersonal del documento que recibieron.

En su comparecencia ante la Delegación del Gobierno en Andalucía, Montero detalló que ella misma pudo contactar con los familiares el mismo día que se conoció la resolución del Ministerio del Interior. Durante esa conversación, les explicó el curso que tomaría el Gobierno en cuanto al reconocimiento y restitución de indemnizaciones, y aseguró que la decisión pretende dar respuesta a una "obligación" institucional para reparar la memoria y dignidad de la figura de García Caparrós, según reportó Europa Press. El joven murió de un disparo de la Policía armada en Málaga el 4 de diciembre de 1977, durante una manifestación por la autonomía andaluza, episodio que ha sido ampliamente recordado en la historia reciente de Andalucía.

El medio Europa Press consignó que la familia de García Caparrós había solicitado el reconocimiento a través de la dirección general competente en víctimas del terrorismo, obteniendo una contestación técnica en la que se planteaba la incompatibilidad con los marcos legales vigentes para la categoría de víctimas del terrorismo. La respuesta aclaraba que el caso se asimilaba más bien a situaciones contempladas en las legislaciones de memoria histórica y memoria democrática.

El nuevo decreto-ley que se aprobará el martes permitirá recuperar indemnizaciones recogidas en la Ley de Memoria Democrática previas a la última reforma, que habían dejado de aplicarse tras la entrada en vigor de la nueva normativa. Europa Press señaló que, con esta medida, las compensaciones económicas para los casos como el de García Caparrós serán equiparables a las que reciben las víctimas del terrorismo, cerrando una brecha que había generado reivindicaciones de familiares y colectivos memorialistas.

La vicepresidenta Montero puntualizó, según publicó Europa Press, que el decreto-ley tendrá carácter urgente, destacando el interés del Ejecutivo en reconocer la trascendencia social de figuras como García Caparrós y la relevancia de su caso para la memoria democrática andaluza y española. Para Montero, la figura de García Caparrós representa la dignidad del pueblo andaluz durante los años finales de la dictadura y los inicios del proceso constitucional en España. El Ejecutivo busca, con esta decisión, corroborar su compromiso con la reparación simbólica y material de quienes fueron víctimas en circunstancias similares a lo largo de la transición política y social del país.

Europa Press también informó que Montero consideró fundamental que la familia recibiera explicaciones claras sobre el procedimiento realizado y el sentido específico de la medida anunciada, enfatizando que se trataba de un acto de reconocimiento que el Gobierno considera justo y necesario, con el propósito de apoyar la memoria democrática y dignificar a quienes la encarnan en la historia contemporánea.

El anuncio ocurre en un contexto de debate sobre los mecanismos de reparación y reconocimiento hacia las víctimas de episodios de violencia institucional vinculados con la dictadura y la transición democrática, tema que continúa generando atención y discusión entre instituciones públicas, colectivos de memoria y la sociedad civil. Según detalló Europa Press, la familia de García Caparrós aguarda ahora la tramitación y aprobación formal de la medida, que supondrá un cambio en la aplicación de la normativa respecto a los derechos reconocidos bajo la Ley de Memoria Democrática para casos considerados emblemáticos.