
El acusado de nacionalidad chilena, quien se encontraba en situación irregular en España, aceptó la imposición de una condena de seis años de prisión tras reconocer durante el juicio que intentó acabar con la vida de un agente de la Policía Nacional al arrebatarle su arma reglamentaria en el Metro de Gran Vía, Madrid, a finales de 2024. Este reconocimiento de los hechos permitió una reducción notable en la solicitud inicial de pena, que ascendía a diez años de prisión.
Según detalla el medio, la conformidad entre el acusado, el fiscal y la acusación particular se alcanzó luego de que el procesado aceptase su responsabilidad en el intento de homicidio agravado por atentado en grado de tentativa. El acuerdo incluyó la rebaja de la condena y la expulsión del acusado a su país de origen tras cumplir dos años de la sentencia.
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El incidente que motivó la causa judicial tuvo lugar en la tarde del 30 de diciembre de 2024, aproximadamente a las 17 horas, dentro de las instalaciones de la estación de Metro de Gran Vía. Tal como reportó el medio de prensa, dos agentes de la Policía Nacional, que se encontraban en labores de prevención de la delincuencia y vestidos de paisano, se aproximaron al acusado y otro individuo para identificarlos y proceder a un registro. En ese momento, el ahora condenado reaccionó con un comportamiento descrito como muy agresivo, gritando a las personas presentes en el andén que los policías intentaban robarle, generando confusión en el ambiente y permitiendo que la persona que lo acompañaba pudiera escapar.
La acusación mantenía que, durante el forcejeo posterior, el acusado consiguió apoderarse del arma reglamentaria del agente, una pistola HK USP Compact, llegando incluso a encañonarlo directamente. La Fiscalía sostiene que el acusado dirigió el arma hacia el tórax y el abdomen del agente, y apretó el gatillo en al menos dos ocasiones. El arma no se disparó porque conservaba activado el seguro manual, acción que resultó vital para que no se produjeran consecuencias letales.
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Después de varios intentos fallidos de disparar y de tratar de cargar el arma sin éxito, el agente al que había sido arrebatada el arma, apoyado por su compañero y por el personal de seguridad de la estación, logró finalmente reducir y detener al acusado. De acuerdo con la información publicada, el forcejeo dejó como saldo lesiones físicas para el policía afectado, consistentes en una contusión en la rodilla izquierda y un esguince en el tobillo derecho. Estas lesiones necesitaron cinco días de recuperación y no ocasionaron secuelas permanentes.
El informe del medio también explicó que, como parte del acuerdo de conformidad judicial alcanzado, se determinó que el acusado sería expulsado a su país de origen una vez cumplido el plazo de dos años en prisión, quedando extinguida su responsabilidad penal tras el cumplimiento de la pena y la expulsión. La decisión judicial transformó la solicitud inicial del fiscal, quien solicitaba diez años de prisión, en la actual sentencia de seis años, bajo la calificación de tentativa de homicidio agravado por atentado.
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Esta resolución judicial pone fin al proceso abierto por los hechos ocurridos en la estación de Gran Vía, tras el testimonio del propio acusado y la intervención de las partes en el juicio oral. El acuerdo alcanzado y la admisión de los hechos por parte del procesado permitieron que la pena solicitada sufriese una reducción notable respecto de la petición inicial. El procedimiento se sustanció con la intervención de la acusación particular, la representación fiscal y la defensa del acusado, quienes dieron su conformidad a los términos pactados en la vista.
Según consignó el mismo medio, la víctima del intento de homicidio resultó con lesiones físicas menores y no se reportaron lesiones ni daños a otros pasajeros o agentes presentes durante el incidente. La intervención de los vigilantes privados del Metro se consideró determinante para controlar la situación y evitar que el arma llegase a dispararse.
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Hasta la adopción de esta sentencia de conformidad, el acusado enfrentaba una acusación calificada por la Fiscalía como intento de homicidio agravado por atentado contra autoridad, dada la condición de agente en ejercicio de funciones de la víctima. Al acogerse el procesado a la reducción de pena tras el reconocimiento de los hechos y la colaboración con el tribunal, se resolvió la causa conforme a los términos acordados en la sala.
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