PCE ve una "operación de blanqueo" de Juan Carlos I y dice que la nota del 23-F atribuida al Comité Central "no existe"

La inspección que Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España (PCE), realizó en los archivos históricos de su formación para verificar la autenticidad de un documento clave ha concluido, según sus propias palabras, con la afirmación de que la nota supuestamente emitida por el Comité Central de su partido sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 nunca existió. Así lo expresó Santiago en declaraciones recogidas por el medio que publicó la información, donde también acusó al proceso de desclasificación de documentos referente al 23-F de responder a una ‘clarísima operación de blanqueo’ de la figura del exjefe de Estado, Juan Carlos I.

De acuerdo con la información difundida por la fuente, Santiago hizo referencia a la nota fechada el 11 de mayo de 1981, atribuida a la Dirección General de la Policía, en la que el Comité Central del PCE habría alertado a Santiago Carrillo, entonces líder del partido, sobre los riesgos de implicar públicamente al rey Juan Carlos I en la intentona golpista. Enrique Santiago afirmó que tras una revisión exhaustiva de los fondos documentales del partido no existe rastro de tal comunicación. La negación de la existencia de dicha nota ha llevado al dirigente comunista a poner en duda la autenticidad de otros documentos divulgados en la reciente desclasificación.

Según lo publicado por el medio, Santiago subrayó que los archivos publicados evidencian que el PCE sufría una amplia infiltración policial, a pesar de que el país se encontraba ya en periodo democrático y de que el partido había participado en la comisión redactora de la Constitución de 1978. “El PCE estaba absolutamente infiltrado hasta arriba por la Policía”, señaló en declaraciones citadas por el medio, lo que evidencia para él la persistencia de prácticas heredadas de la dictadura en los primeros años de la democracia.

En el contexto de la polémica sobre la apertura de los archivos, el líder comunista recalcó que la falta de dicho documento genera sospechas sobre la veracidad de otras piezas desclasificadas el mismo día y animó a observar el proceso como parte de una campaña de mejora de la imagen pública del exmonarca. Expuso que, según amplios consensos, el padre de Felipe VI tenía conocimiento de los preparativos del golpe y habría demorado su intervención inicial para calibrar el posicionamiento de los distintos capitanes generales y comprobar si el golpe lograba o no respaldo dentro de las Fuerzas Armadas.

El secretario general del PCE también se refirió al consenso existente entre historiadores, quienes coinciden—según recogió el medio—en que numerosos documentos relevantes para comprender el golpe de Estado de 1981 permanecen ocultos o incluso han desaparecido, entre ellos pruebas que, conforme a distintas investigaciones, podrían haberse perdido de manera premeditada. Mencionó la situación de un capitán de los servicios secretos, entonces conocido como CESID, que supuestamente huyó portando una maleta repleta de documentación sensible relacionada con el caso.

Santiago instó a rechazar la práctica de hacer desclasificaciones parciales o selectivas en materia de archivos históricos, subrayando, a través de declaraciones relatadas por la fuente, la necesidad de una desclasificación “automática y global” cuando así se acuerde. Reclamó una nueva Ley de Secretos Oficiales que derogue la actual legislación, de origen franquista, para garantizar la transparencia plena en el manejo de este tipo de documentos una vez transcurrido un periodo razonable.

A lo largo de sus declaraciones recogidas en los pasillos del Congreso, Enrique Santiago insistió en la urgencia de superar el actual marco legal para impedir filtraciones o manipulaciones de los registros históricos. Dijo que la actual normativa, por sus raíces y su formato, obstaculiza el acceso a información completa sobre episodios centrales de la historia reciente, como el golpe del 23-F, y perpetúa la opacidad en torno a responsabilidades institucionales.

La postura del secretario general del PCE, elevada desde la verificación interna en los propios archivos del partido, se enmarca en el debate público sobre la memoria democrática en España, así como en la reciente publicación de documentos oficiales relacionados con la intentona de 1981. Según recogió la fuente, las dudas expresadas por Santiago se suman a las manifestaciones de otros sectores que reclaman mayor apertura documental y un enfoque menos restrictivo para disipar las incógnitas que persisten sobre la atribución de responsabilidades y las dinámicas políticas de la Transición.