El PSOE va a exigir revisar las adjudicaciones de vivienda pública en todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana

La ministra de Vivienda y secretaria pertinente dentro de la Ejecutiva Federal del PSOE cuestionó públicamente los criterios sobre los cuales se han asignado los pisos protegidos, indicando la intención de la formación socialista de esclarecer por completo la identidad de los beneficiarios, tras recientes hechos vinculados a cargos del Partido Popular y sus familiares. En este contexto, el PSOE detalló que llevará al parlamento autonómico una serie de iniciativas con el objetivo de examinar el sistema de adjudicación de viviendas públicas en todos los municipios de la Comunidad Valenciana, según consignó el comunicado difundido por Ferraz.

De acuerdo con la información difundida por el PSOE, el partido reclama la revisión integral de cada uno de los procedimientos de asignación de viviendas de protección oficial tras el reciente escándalo en Alicante, donde diversas propiedades públicas habrían terminado en posesión de dirigentes del Partido Popular y personas de su entorno. Ferraz sostiene que esta situación no constituye un "hecho accidental", sino que la considera resultado de una política deliberada, por lo que demanda del presidente autonómico, Juanfran Pérez Llorca, una revisión detallada de todos los casos en la región.

Según publicó el PSOE, la falta de transparencia identificada afecta potencialmente a múltiples localidades, ya que aseguran que la eliminación de antiguos controles permite que cualquier ciudadano pueda optar a una Vivienda de Protección Oficial incluso si no respeta los criterios económicos exigidos. La formación socialista argumenta que esta circunstancia no solo se restringe a la ciudad de Alicante, sino que representa un riesgo extendido para todo el territorio valenciano.

En declaraciones remitidas a los medios, la ministra de Vivienda afirmó la voluntad de "llegar hasta el final" para identificar y hacer públicos los datos de las personas adjudicatarias, subrayando que el Partido Popular, en sus palabras, "no ha entendido que la vivienda pública debe ser protegida para siempre y no para los de siempre". Según el medio, el comunicado del PSOE insiste en que el Gobierno regional derogó la legislación vigente en la etapa del expresidente Carlos Mazón —que reemplazó la normativa anterior del socialista Ximo Puig—, acción que, a juicio de los socialistas, provocó la desaparición de los mecanismos de control previamente establecidos.

El medio recogió también que el PSOE solicita no solo la reversión de esta ley, sino también la reinstauración de la normativa previa, argumentando que la actual favorece que miembros del PP y allegados accedan a pisos protegidos evitando las restricciones previstas. En este sentido, el partido acusa al ejecutivo autonómico de priorizar intereses particulares relacionados con sus dirigentes y familiares, por encima de la finalidad original de las viviendas de protección oficial.

Finalmente, según el comunicado ventilado por Ferraz, la postura socialista denuncia que el PP habría obstaculizado en las instituciones regionales las iniciativas promovidas desde el Gobierno central para asegurar el acceso generalizado a la vivienda, insistiendo en que estas medidas son necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos sociales y de equidad con los que se concibió la vivienda protegida en la Comunidad Valenciana.