El juez procesa al exvicesecretario del PSOE-A Rafael Velasco por su "entramado" de los cursos de formación

El magistrado José Ignacio Vilaplana, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dispuso que la causa abierta referente al entramado empresarial vinculado con los cursos de formación en Andalucía avance hacia un procedimiento abreviado, medida que afecta directamente al exvicesecretario general del PSOE andaluz Rafael Velasco y varios integrantes de su entorno familiar y empresarial, así como a ex altos cargos responsables de la formación en la Junta de Andalucía. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la resolución judicial contempla la posibilidad de que los hechos investigados representen delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de fondos relacionados con la gestión de ayudas públicas en programas subvencionados.

Tal como publicó el TSJA, la decisión del juez abarca no solo a Rafael Velasco, sino también a su esposa, A.M.L., quien se desempeñaba como administradora única de la empresa Aulacen 5; a la hermana de esta, R.M.L., cuñada de Velasco y encargada de la evaluación de los cursos de formación subvencionados; a I.M.L., también cuñada de Velasco y docente en los cursos; y a P.V.S., hermano del propio Velasco y docente en el mismo esquema. Detalló además que la pieza separada de esta macrocausa apunta a esclarecer el funcionamiento del entramado empresarial organizado presuntamente para beneficiarse de fondos públicos a través de la organización de cursos de formación subvencionados.

El medio subrayó que entre los procesados figura igualmente el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, quien en su momento fue condenado por prevaricación y malversación en el marco del llamado "procedimiento específico" vinculado a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y a la adjudicación, sin concurso público, de ayudas y subvenciones. La condena de Fernández corresponde a la primera fase de la conocida macrocausa de los ERE, aunque esta fue parcialmente revocada por el Tribunal Constitucional, ordenando la emisión de una nueva sentencia por parte de la Audiencia de Sevilla respecto a su situación particular.

De acuerdo con la información facilitada por el TSJA, el auto de procesamiento incluye asimismo a tres exdirectores generales de Formación de la Junta de Andalucía: María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García. La resolución también implica a A.S.F., responsable del Servicio de Gestión y Programación de la formación, quienes figuran como presuntos responsables penales por los hechos investigados en torno a la gestión de los recursos públicos para cursos de formación.

La empresa Aulacen Cinco S.L., administrada por A.M.L., esposa de Velasco, aparece como responsable civil subsidiaria. Según comunicó el TSJA, la investigación se centra en la forma en que el entramado empresarial habría gestionado los fondos resultantes de la concesión de subvenciones públicas para actividades formativas, documentando supuestas irregularidades que apuntan a una utilización indebida de estos recursos, con la participación de personas del entorno familiar directo de Velasco como beneficiarios y organizadores de los cursos.

El juzgado considera la existencia de indicios que podrían configurar delitos de prevaricación administrativa, al haberse adoptado supuestamente decisiones contrarias a la ley en la tramitación de ayudas y subvenciones; de falsedad documental, por presuntas alteraciones en la documentación asociada a los procesos de adjudicación de los fondos y en la justificación de las actividades realizadas; y de malversación, dado el uso irregular de recursos públicos para fines distintos a los previstos.

El origen de la pieza judicial separada responde al análisis específico de los procedimientos de concesión y gestión de los cursos gestionados desde el entorno de Velasco y de altos cargos vinculados a las políticas públicas de formación impulsadas por la Junta de Andalucía durante los años investigados. La investigación abarca la trazabilidad del dinero público destinado a dichos programas, el papel de las empresas adjudicatarias y el encadenamiento de relaciones personales y familiares entre los procesados.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía informó que el procedimiento abreviado adoptado por el juez Vilaplana constituye el paso previo para la apertura de juicio oral, proceso en el que las partes personadas podrán formular sus escritos de acusación o defensa en relación con los hechos atribuidos. El TSJA indicó que la resolución se produce tras un extenso periodo de instrucción en el que se han recabado pruebas documentales y testimoniales sobre la operativa del entramado empresarial, el uso de fondos públicos y la actuación de los funcionarios y responsables políticos implicados.

En la causa figuran actuaciones previas en las que el Ministerio Público y la acusación particular han señalado la existencia de un entramado organizado entre familiares y colaboradores próximos a Rafael Velasco, enfocado en la obtención y gestión de fondos de la Junta de Andalucía destinados a la formación para el empleo, un área fuertemente subvencionada por los presupuestos autonómicos y fondos estatales.

En el auto, del que informó el TSJA, se destaca la implicación de la empresa Aulacen 5 como receptora principal de las ayudas públicas, con especial énfasis en el papel de su administradora única, A.M.L., y la implicación directa de miembros de la familia Velasco tanto en la gestión administrativa como en la impartición y evaluación de los cursos subvencionados. El análisis judicial aborda la documentación aportada sobre la justificación de tales fondos y la legalidad de las actividades desarrolladas.

Por otra parte, el papel del exconsejero de Empleo Antonio Fernández sigue en el centro de la investigación, dado su vínculo con otros procedimientos judiciales sobre la gestión pública en la Junta de Andalucía y las decisiones administrativas que facilitaron la concesión y el reparto de las ayudas investigadas, todo según consignó el TSJA.

Según reportó el TSJA, la resolución no solo implica responsabilidades penales individuales, sino también la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad mercantil Aulacen Cinco S.L., depositaria de parte de los fondos públicos presuntamente desviados del objetivo para el que estaban previstos en la política de empleo y formación.

El proceso judicial continuará con la siguiente fase, en la que tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares y las defensas podrán presentar alegaciones y proponer nuevas pruebas, conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la perspectiva de que la causa derive en la apertura de juicio oral contra los implicados. La investigación sigue activa y, según lo informado por el TSJA, se prevé la ampliación del procedimiento conforme avancen las diligencias y se depuren nuevas responsabilidades derivadas de los hechos documentados durante la instrucción.