El hermano de Pedro Sánchez replica a la Audiencia de Badajoz que irá a recoger personalmente la citación al juicio

La defensa de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, comunicó a la Audiencia Provincial de Badajoz la intención de su representado de comparecer en persona la próxima semana ante el tribunal. Según publicó el medio de comunicación original, Sánchez Pérez-Castejón acudirá personalmente para recibir la citación formal al juicio oral en el que figura como investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en procesos relacionados con cargos oficiales en Badajoz.

El medio detalló que la representación legal de David Sánchez, integrada por su abogado Emilio Cortés y el procurador José Antonio Venegas, presentó un escrito en respuesta a una solicitud realizada por la Audiencia Provincial el pasado 24 de febrero. En ese requerimiento, los magistrados dieron a Sánchez Pérez-Castejón un plazo para facilitar la dirección de su domicilio, con el objetivo de que la citación para el juicio oral pudiera entregarse en mano y cumplirse así el trámite de notificación personal que exige el procedimiento judicial.

La Audiencia Provincial, de acuerdo con la información consignada por el medio, advirtió que anteriormente se había indicado como domicilio válido el despacho del abogado defensor de David Sánchez. Dado que el órgano judicial consideró necesaria una notificación en el domicilio real del investigado, ofreció también la alternativa de la comparecencia directa en la Secretaría de la Audiencia. Esa opción permitiría que el propio Sánchez Pérez-Castejón recibiera en persona la citación judicial, cumplimentando así el trámite sin necesidad de que la notificación se hiciera siquiera en su domicilio.

En el documento remitido por su procurador, la defensa de David Sánchez notificó al tribunal la elección de la opción ofrecida por la Sección 1 de la Audiencia Provincial. Señaló que Sánchez Pérez-Castejón se presentaría durante la semana siguiente ante la Secretaría del tribunal para recoger personalmente la resolución, tal como se contemplaba en la propuesta judicial. El escrito destacaba que esta comparecencia personal tiene como finalidad asegurar que el investigado sea notificado "en los términos del primer emplazamiento que se le efectuó", según indicaba el contenido recogido por la publicación.

La causa contra David Sánchez Pérez-Castejón incluye además a Miguel Ángel Gallardo, exsecretario general del PSOE de Extremadura, junto a otros investigados, en un procedimiento centrado en presuntas irregularidades vinculadas a la contratación del músico en la Diputación de Badajoz. Según reportó el medio, el juicio oral ante la Audiencia Provincial está programado para celebrarse entre el 28 de mayo y el 4 de junio, lapso durante el cual se examinarán las acusaciones de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Tal como informó la publicación, el proceso tiene su origen en denuncias que apuntan a la utilización de cargos oficiales en la Diputación de Badajoz para llevar a cabo contrataciones presuntamente irregulares. Los investigados, entre los que figuran responsables políticos y funcionarios, afrontan cargos que el tribunal analizará durante las vistas orales agendadas para finales de mayo y principios de junio.

De acuerdo con la información recabada por el medio, el trámite de notificación directa al investigado constituye un paso esencial dentro del proceso judicial, garantizando que todos los implicados tomen conocimiento formal de los cargos y fechas precisas del juicio. La decisión de David Sánchez de acudir personalmente a la sede judicial responde, según la representación legal, al cumplimiento de un requerimiento expreso de la Audiencia Provincial y al interés de allanar el desarrollo regular del proceso.

El desarrollo del juicio está previsto en la sede de la Audiencia Provincial de Badajoz y, según los datos compartidos por el medio, incluirá la intervención de varios encausados por hechos vinculados a la adjudicación de contratos públicos y la eventual comisión de delitos que implican la gestión administrativa y la influencia en la toma de decisiones dentro del ámbito de la diputación provincial.