En círculos de opinión cántabra y en ambientes castrenses de la capital circuló la versión de que un miembro muy relevante de la Casa Real mantuvo encuentros con generales implicados en el intento de golpe de Estado del 23F. Según Europa Press, el documento del CESID fechado el 5 de febrero de 1982 detalla que estos contactos previos al juicio contra los golpistas, que comenzó el 19 de febrero de ese año, tenían como propósito explícito que “la Corona no salga lesionada del proceso”. Esta información se conoció tras la publicación de documentos oficiales desclasificados por el Gobierno.
Según informó Europa Press, el CESID, entonces organismo de inteligencia, recogió en un informe que fuentes militares y otros núcleos cualificados de opinión afirmaron con certeza que el rey Juan Carlos I sostuvo una entrevista confidencial con el general Jaime Milans del Bosch, uno de los principales responsables del golpe. El propio documento del CESID indica que el encuentro no se produjo por intermediarios, puesto que Milans del Bosch habría exigido concretar la reunión únicamente “con la propia persona real”, rechazando la participación de “eslabones inferiores”.
El medio Europa Press detalló que el informe también incluye referencias a posibles encuentros entre “alguien muy importante de la Casa Real”, a quien no se nombra explícitamente, y el general Alfonso Armada, otro de los involucrados en el golpe. En ese caso, la conversación habría versado sobre comportamientos relativos a la vista oral del proceso judicial que se avecinaba.
El CESID decidió elevar la información recopilada a “conocimiento superior”, es decir, notificarla a instancias políticas o administrativas de alto nivel, por considerar que la credibilidad de los informantes era elevada y que no se trataba de rumores infundados o de procedencia dudosa. Según publicó Europa Press, el documento precisa que “los opinantes no son ‘caballerejos’”, en alusión a que no se trata de meros participantes en habladurías, sino que algunos de los informantes se encontraban integrados “en el sector militar” y aseguraban “como ciertos tales hechos”.
La verificación de estos contactos y entrevistas privadas, según el propio CESID en el documento citado por Europa Press, no responde a versiones de gran difusión popular, sino a “parcelas de la opinión pública oíbles y cuantitativamente restringida”. El organismo añade que, incluso en el caso de que estas afirmaciones solo respondiesen a rumores, su gravedad sería considerable; pero, de confirmarse, también lo serían las filtraciones sobre los hechos.
El objetivo atribuido a estos encuentros y conversaciones privadas, según señalaron las fuentes en el documento elevado por el CESID, consistía en evitar que la institución monárquica resultara dañada durante el proceso judicial contra los autores del golpe de Estado. Además, el mismo texto señala que los intentos para proteger la imagen de la Corona no debían proceder de los principales procesados, quienes eran conocidos por su afinidad monárquica.
Tal como reportó Europa Press, esta documentación oficial proporciona un panorama en el que el entonces servicio secreto asumió como ciertos varios encuentros confidenciales entre el jefe del Estado y los principales implicados en el golpe, especialmente Milans del Bosch, a muy pocos días de que se iniciara el juicio público.
Estos archivos, ahora hechos públicos, contribuyen al conocimiento sobre las medidas adoptadas por instituciones estatales y militares en vísperas del proceso judicial que juzgó a los responsables del 23F, dentro de un contexto donde la estabilidad institucional y la preservación de la imagen de la monarquía constituyeron objetivos prioritarios para diversos actores, según consignó el medio Europa Press dentro del análisis de los documentos históricos desclasificados.
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