Sumar, Podemos y Compromís esperan que la desclasificación del 23-F esclarezca el papel de Juan Carlos I en el golpe

Las declaraciones de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sobre una serie de audios en los que Juan Carlos I habría señalado que el general Alfonso Armada “se comió muchos años de cárcel” y “mantuvo el silencio” sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, han centrado el debate sobre la importancia de desclasificar los documentos relativos a ese episodio. La expectativa se orienta hacia la posibilidad de despejar las dudas existentes sobre las implicaciones y el papel que habría jugado el entonces jefe del Estado en los acontecimientos de esa fecha, según informó Europa Press.

La intención del Gobierno de hacer públicos estos documentos, y su inminente publicación en la web de Moncloa, ha motivado que fuerzas parlamentarias como Sumar, Podemos y Compromís se pronuncien sobre la necesidad de acceder de manera íntegra y sin censuras al contenido de estos archivos. De acuerdo con Europa Press, las formaciones expresaron el objetivo de que la información no se presente “ni a cuenta gotas ni con tachaduras”, tal como señaló la diputada de Compromís, Àgueda Micó, quien insistió en que la divulgación debe permitir esclarecer todas las responsabilidades políticas derivadas de aquellos hechos, registrados hace ya 45 años.

El foco en la figura de Juan Carlos I ha sido recurrente en las manifestaciones de distintos diputados. Belarra subrayó que resultaría negativo que la desclasificación no aportara claridad sobre la “posible participación del Rey en el golpe de Estado”, argumentando que después de varias décadas sigue siendo necesario “tener claro qué papel jugó cada uno” en ese intento de involución política en España. El secretario primero de la Mesa del Congreso y parlamentario de Sumar, Gerardo Pisarello, manifestó la esperanza de que esta documentación permita determinar si, como sugieren algunas fuentes recogidas por Europa Press, la intervención de Juan Carlos I se limitó a detener el golpe sólo cuando este ya no resultaba viable.

Dentro de Sumar y Compromís, la atención se orienta también hacia las personas con las que el general Armada habría mantenido contactos poco antes de las apariciones televisivas del monarca. Alberto Ibáñez, diputado integrado en Sumar, declaró su interés en que la desclasificación confirme si el padre de Felipe VI “estuvo implicado de forma directa” en el intento de golpe. Entre los puntos a aclarar se encuentra la identidad de aquellos a quienes Armada habría llamado minutos antes de las intervenciones públicas del monarca, así como el alcance del posible respaldo logístico por parte de los servicios de inteligencia.

Europa Press también reportó que los diputados pretenden que la documentación sirva para rastrear las “ramificaciones actuales” de las figuras que apoyaron la asonada. Ibáñez planteó que aún pueden ocupar cargos de responsabilidad quienes tienen lazos ideológicos o familiares con los protagonistas de 1981, mencionando específicamente puestos en la magistratura y el Ejército.

Los representantes de Sumar, Podemos y Compromís han reiterado la relevancia de que la sociedad conozca el contenido íntegro y sin versiones parciales de los documentos sobre el 23-F. A la espera de que estos archivos sean publicados, el Parlamento se prepara para analizar la información y profundizar en las responsabilidades políticas, según consignó Europa Press.

La difusión de esta documentación ha sido recibida por diversos sectores políticos como una oportunidad para avanzar en la reconstrucción de los hechos, determinar el rol de cada uno de los actores involucrados y responder cuestiones pendientes acerca del apoyo institucional y la participación de figuras históricas de la transición democrática. La expectativa, según han manifestado los legisladores consultados por Europa Press, es que la publicación de los documentos contribuya a desentrañar las circunstancias que rodearon uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de España.