PP, PSOE y Vox rechazan las propuestas de Sumar para limitar los microcréditos de partidos y acotar su devolución

El cálculo de intereses por créditos electorales y su reembolso hasta el momento en que la administración pública abona las subvenciones fue uno de los cambios acordados en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas, gracias a la suma de votos de PP y Vox. Según reportó Europa Press, esta modificación formó parte de una serie de propuestas aprobadas en relación con los informes recientes del Tribunal de Cuentas sobre los comicios generales de 2023 y europeos de 2024, mientras que otras iniciativas enfocadas a limitar los microcréditos electorales no obtuvieron respaldo.

El PSOE, el PP y Vox votaron en contra de las propuestas presentadas por Sumar, que buscaban establecer límites y condiciones más estrictas para los microcréditos que los partidos utilizan durante las campañas electorales. Sumar propuso que la cantidad máxima prestada por cada persona coincide con el tope de aportaciones privadas permitido por la ley electoral, cuantificado actualmente en 50.000 euros anuales. Además, la iniciativa sugería que los microcréditos se depositen en cuentas bancarias electorales específicas, un plazo máximo de un año para la devolución tras las elecciones, y que, en caso de renuncia a la devolución, se formalizara preferentemente de manera telemática y se considerara legalmente como una donación.

Europa Press detalló que todas estas propuestas fueron rechazadas fundamentalmente por PP, PSOE y Vox, quienes sumaron sus votos en la comisión encargada de las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Entre los argumentos destacados, se priorizó revisar y concretar los conceptos que integran la lista de "gastos electorales" incluidos en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), dejando de lado las restricciones sugeridas para los microcréditos.

En la actualidad, los gastos electorales comprenden la confección de sobres y papeletas, el envío de correspondencia, propaganda y publicidad –sin importar el soporte utilizado–, el alquiler de locales para actos, remuneraciones y gratificaciones para el personal contratado para la campaña, así como los desplazamientos de candidatos y equipos de campaña. También se reconocen como tales los intereses de créditos contraídos, mientras estos intereses se generen hasta el momento en que el partido recibe la subvención correspondiente y los gastos derivados de la organización y conducción de oficinas y servicios electorales.

El Tribunal de Cuentas, en informes consultados por Europa Press, ha instado a una mayor precisión y especificación en las categorías de los gastos electorales. Atendiendo a estas recomendaciones, el PP impulsó que pasen a considerarse gastos las retransmisiones y realización de actos públicos, los desplazamientos relacionados, la organización de comidas y cenas, el abastecimiento para interventores y apoderados, y el alquiler de espacios para su coordinación y atención.

El PSOE, en la misma línea, destacó la necesidad de reformar la LOREG para especificar mejor las categorías de gasto y evitar la disparidad que puede surgir entre los límites máximos de gasto y el monto de las subvenciones que reciben las formaciones políticas por resultado electoral. Según publicó Europa Press, esta propuesta fue aprobada, sumándose a las del PP y Vox para aumentar el control y la transparencia en los informes financieros de las campañas.

Los partidos mayoritarios también acordaron solicitar al Tribunal de Cuentas que unifique sus criterios de fiscalización en todos los procesos electorales y que agilice la fiscalización de las cuentas de las elecciones generales en un plazo de seis meses después de su celebración, si bien los plazos actuales de presentación de cuentas dificultan que esta fiscalización sea viable en ese tiempo, reportó Europa Press.

Sobre los procedimientos para el envío de propaganda electoral, la comisión incentivó plantear modificaciones futuras en la reforma de la LOREG que actualmente tramita el Congreso. A propuesta del PSOE y sin oposición de PP y Vox, se acordó instar a los grupos parlamentarios a estudiar y sugerir nuevos procedimientos para los envíos de sobres, papeletas y propaganda, aunque todavía no se han presentado alternativas concretas ni sistemas de compras centralizadas, por lo que se mantiene la posibilidad de envíos postales personalizados.

Europa Press informó que, de cara a la mejora de estos procesos, se solicitó a Correos un sistema de preregistro telemático que permita identificar sin ambigüedades los envíos realizados por partidos para efectos de subvención. Asimismo, se promovió la utilización de la tramitación electrónica para todo el proceso de depósito postal, incluyendo el pago del anticipo, la justificación, la emisión de albaranes y la facturación dirigida a las formaciones políticas.

En reiteradas ocasiones, el Tribunal de Cuentas subrayó en sus informes que los partidos deben acreditar haber puesto a disposición de los electores las papeletas, sobres y demás materiales de propaganda, ya sea mediante envío postal o por distribución directa en sedes o actos de campaña. Para asegurar la cobertura completa, la comisión instó al Gobierno a garantizar un número suficiente de sobres y papeletas para atender refuerzos en áreas donde el mailing no llegue correctamente o existan errores, dado que Correos no puede asegurar la entrega en todos los casos, según consignó Europa Press.

En relación con la gestión de existencias de papeletas y sobres, se pidió tanto al Gobierno como al Tribunal de Cuentas que no exijan la correspondencia exacta entre el número confeccionado y el número de envíos justificados, ya que la contratación de material se realiza sin disponer aún del censo definitivo y, por tanto, sin poder conocer el número exacto que se enviará a Correos. Esta medida apunta a flexibilizar los criterios de control y evitar discrepancias en el proceso de supervisión electoral.

El contexto de estas decisiones se da en un momento en que el Congreso estudia reformas para aumentar la transparencia y el control sobre el gasto de las campañas, mientras se mantiene el debate sobre los mecanismos de financiamiento de los partidos, el rigor en la justificación de los gastos y la modernización de los procedimientos de propaganda y comunicación con los electores. Las propuestas desestimadas y las medidas aprobadas reflejan discrepancias en la manera de abordar la financiación y la transparencia electoral entre los grupos parlamentarios, consignó Europa Press.