El proceso judicial iniciado tras el accidente ferroviario de Adamuz ha incorporado la cuestión de la supuesta manipulación de pruebas, luego de que la jueza instructora del caso requiriese al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la abstención en la extracción de material relacionado con la investigación. Según señaló Europa Press, esta intervención judicial se produjo después de la alerta de la Guardia Civil sobre la retirada nocturna de fragmentos de vía por parte de personal presumiblemente vinculado a Adif, cuatro días después del siniestro registrado el 18 de enero.
El colectivo, conformado por más de 120 personas entre heridos y familiares de las víctimas, ha tomado como eje de su asamblea la oficialización de su unión en una asociación, con la perspectiva de contemplar acciones legales debido a la mencionada retirada de material. De acuerdo con lo informado por Europa Press, la sesión se desarrollaría durante la tarde-noche de este martes, momento en el que se decidirían la estructura interna de la organización, los poderes y los pasos a seguir tanto en el ámbito administrativo como judicial.
Mario Samper, portavoz de la plataforma, transmitió a Europa Press el malestar de los afectados. Samper enfatizó que entre los temas a debate en la reunión se encuentra específicamente la posibilidad de abrir una vía judicial como respuesta a la presunta extracción de pruebas durante la madrugada, hecho que se suma a la indignación colectiva por el desarrollo del proceso desde el accidente. Además, explicó que la constitución de la asociación representa el primer escalón para formalizar ulteriormente las acciones, quedando aún pendiente la inscripción formal de la entidad.
La investigación liderada por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, ha cobrado relevancia a la luz de estos sucesos. El accidente de Adamuz ocasionó la muerte de 46 personas y provocó lesiones en más de 120 pasajeros, resultado por el cual la preservación de todo el material probatorio es considerada esencial según reportó Europa Press. La jueza encargada resolvió la necesidad de impedir futuras extracciones y traslados de elementos ligados a la causa, ante la posible afectación del esclarecimiento judicial.
Samper expresó que la comunidad de víctimas y familiares ya presentaba altos niveles de descontento por la gestión del caso y los acontecimientos posteriores al siniestro, situación que se ahondó tras conocer la actuación del personal de Adif. Destacó que no alcanzaba a comprender cómo era posible que, en su opinión, alguien pudiese "llegar, cortar un trozo de vía, llevársela y esconderla", refiriéndose a la gravedad que significaba la presunta retirada de elementos sobre los que pesa una investigación judicial.
El vocero también informó que la cuestión ha trascendido el ámbito de la propia plataforma, señalando que, según sus datos, un ayuntamiento de Huelva planea incorporar estos hechos en una querella en preparación. Paralelamente, la asociación de afectados ha decidido incluir la presunta extracción en su propia estrategia legal. "Es una ocultación de pruebas que no puede quedar impune", afirmó Samper en declaraciones recogidas por Europa Press.
Además del proceso de constitución interna, Samper subrayó que, tras la asamblea, procederán tanto a la demanda en el ámbito civil como al inicio de los trámites de índole penal, una vez formalizados los cargos y los procedimientos internos. El ambiente personal y colectivo, relató Samper, se caracteriza por un ánimo decaído y por la sensación de profundo impacto emocional, sobre todo entre quienes perdieron a familiares en el accidente ferroviario.
Las acusaciones de manipulación de pruebas en el caso Adamuz han generado reacciones tanto en el ámbito judicial como en sectores institucionales y ciudadanos relacionados con el caso, reflejando el clima de tensión y la preocupación por la transparencia y la imparcialidad en la investigación, reportó Europa Press.
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