El Senado de España implementará un plan de formación continua para todos los senadores y empleados, con el fin de capacitarles en la correcta evaluación de riesgos y limitaciones, así como en el entendimiento de las capacidades y funcionalidades de los sistemas de inteligencia artificial que se pongan en uso. Esta iniciativa forma parte de la primera regulación interna sobre inteligencia artificial desarrollada en el ámbito parlamentario español, según informó Europa Press.
De acuerdo con el medio Europa Press, la Mesa del Senado ha aprobado recientemente las directrices que regirán el uso de la inteligencia artificial dentro de la Cámara Alta. Este marco establece que tanto los parlamentarios como todo el personal del Senado podrán utilizar herramientas de inteligencia artificial de manera respaldada y bajo una normativa que prioriza la supervisión humana y el respeto a la privacidad de los datos.
Europa Press detalló que la nueva normativa tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia y la calidad de las actividades constitucionales y la gestión administrativa en el Senado. Para ello, las directrices insisten en la necesidad de adoptar principios éticos y jurídicos estrictos. Entre ellos se destacan la obligatoriedad de la supervisión humana en la toma de decisiones automatizadas, así como la garantía de protección de datos personales y la transparencia en los procedimientos.
El texto, al que accedió Europa Press, señala que los estándares adoptados por el Senado marcan pautas para la adquisición y el despliegue de sistemas de inteligencia artificial. Estas pautas buscan maximizar el cumplimiento de los principios éticos, jurídicos y organizativos contenidos en la propia regulación interna. Esto implica también una vigilancia constante sobre cómo estas tecnologías se integran y se usan en las distintas áreas de trabajo parlamentario.
La regulación incluye, además, la creación de un sistema para asegurar que los sistemas de inteligencia artificial adquiridos y desplegados cuenten con salvaguardias adecuadas que eviten posibles transgresiones normativas o problemas en términos de protección de la privacidad. Los requisitos no se centran solo en los aspectos técnicos de la inteligencia artificial, sino también en la formación del personal y en el seguimiento de los posibles riesgos asociados al uso de estas herramientas.
En el contexto de la actividad parlamentaria española, el Senado se convierte así en la primera cámara en regular de manera formal y detallada el uso de la inteligencia artificial. Por el momento, el Congreso de los Diputados no dispone de un conjunto similar de directrices. No obstante, según publicó Europa Press, la Cámara Baja convocó recientemente un concurso público dirigido a modernizar su infraestructura tecnológica de virtualización y a dotarse de una plataforma de inteligencia artificial, con un presupuesto base de 2,7 millones de euros.
Las directrices del Senado servirán de marco para todas las fases y niveles en la utilización de sistemas de inteligencia artificial, desde su adquisición y puesta en marcha hasta su integración en procedimientos internos. El documento enfatiza que uno de los propósitos centrales es mantener y reforzar el respeto a los derechos fundamentales, así como los principios constitucionales relacionados con la actividad parlamentaria. Además, contempla la necesidad de revisar periódicamente los sistemas empleados para garantizar que sigan alineados con la normativa y los valores que inspiran el marco ético y jurídico.
El medio Europa Press consigna que las normativas del Senado apuestan por una incorporación progresiva de la inteligencia artificial, fundamentada en criterios de responsabilidad, evaluación y formación constante. La Cámara Alta aspira a que el uso de estas tecnologías aporte una mejora tangible en la gestión diaria y en el desarrollo de las funciones parlamentarias, sin sacrificar los estándares de transparencia y protección de datos requeridos por la legislación vigente.
Mientras el Congreso explora la actualización tecnológica, el Senado toma una posición de liderazgo en el ámbito institucional español al establecer reglas pioneras dirigidas tanto a incentivar el uso de la inteligencia artificial como a regularlo bajo criterios definidos y procedimientos claros. Tal como destaca Europa Press, este desarrollo marca un precedente en la administración pública y establece referencias concretas para futuras regulaciones en otras instituciones estatales.
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