El Congreso vota la ley del PNV para derogar el recurso previo de inconstitucionalidad

Los nacionalistas han planteado la necesidad de revisar un aspecto clave del actual equilibrio institucional: consideran que el recurso previo de inconstitucionalidad otorga al Tribunal Constitucional potestades políticas que exceden el propósito jurisdiccional asignado por la Constitución. A este señalamiento se suma la preocupación por los mecanismos habilitados en la ley que, según su postura, introducen medidas de carácter punitivo y alteran el control constitucional previsto. Estas cuestiones forman parte central de la proposición de ley que el Partido Nacionalista Vasco llevará a debate en el Pleno del Congreso, tal como reportó el medio El País.

En la jornada de este martes, la Cámara Baja examinará la propuesta del grupo vasco para reformar la normativa que regula el Tribunal Constitucional. De acuerdo con lo informado por El País, esta iniciativa busca derogar dos importantes disposiciones introducidas en 2015: por un lado, el recurso previo de inconstitucionalidad aplicado sobre reformas estatutarias y, por otro, el régimen de sanciones contra cargos públicos que incumplen las resoluciones del alto tribunal.

La propuesta del PNV no resulta inédita, ya que el Congreso trató reformas similares tanto en 2016 como en 2021. Según detalló El País, en ambas ocasiones la proposición recibió el respaldo de fuerzas nacionalistas y partidos de izquierda, aunque los procesos legislativos no avanzaron debido a prórrogas continuas en los plazos para enmiendas y posteriores disoluciones parlamentarias.

La reforma de 2015, impulsada por el Partido Popular durante su mayoría absoluta, endureció las consecuencias para autoridades y funcionarios que desatendieran los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en un contexto de alta tensión política marcado por el auge del independentismo catalán. Bajo esa normativa vigente, el tribunal puede aplicar multas en un rango de 3.000 a 30.000 euros y proceder con la suspensión de funciones para quienes desacaten sus sentencias, como detalló El País.

La actual propuesta del PNV apunta hacia una reducción significativa de las sanciones. Según lo consignado por El País, la iniciativa plantea derogar los artículos que dotan de carácter ejecutivo a las sentencias del Tribunal y habilitan las medidas más severas. En su lugar, el texto establece multas coercitivas que oscilarían entre 600 y 3.000 euros, aplicables tanto a titulares de cargos públicos como a particulares que no atiendan los requerimientos del tribunal dentro de los plazos establecidos. El planteo incluye el carácter reiterativo de las sanciones, lo que permitiría su imposición sucesiva hasta el cumplimiento íntegro de lo exigido, sin perjuicio de otras posibles responsabilidades legales.

A su vez, la derogación del recurso previo de inconstitucionalidad sobre estatutos de autonomía constituye un eje fundamental de la proposición de ley. Según ha publicado El País, se trata de un mecanismo implantado en 2015 mediante un acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE, que permite suspender preventivamente la entrada en vigor de una reforma estatutaria hasta que el tribunal resuelva su ajuste a la Constitución. Los impulsores de la reforma sostienen que este recurso previo pone en entredicho la estabilidad del sistema político e institucional al modificar el equilibrio de poderes previsto y al transformar al Tribunal Constitucional en una instancia política, a la que denominan "tercera cámara legislativa".

Además, los argumentos del PNV, recogidos por El País, subrayan que recurrir a procedimientos excepcionales o sancionadores atenta contra la resolución política de controversias mediante el diálogo y el consenso. La formación vasca plantea que, en materia de reformas estatutarias, la tendencia debería orientarse a la construcción pactada de soluciones, como corresponde en un marco democrático.

El contenido de la proposición también advierte de los riesgos asociados a las modificaciones aprobadas en 2015, que según la exposición de motivos habrían dotado al tribunal de instrumentos sancionadores ajenos al espíritu original de la Constitución. Para el grupo proponente, estos instrumentos alteran de hecho el control constitucional a posteriori y lo convierten en uno de naturaleza preventiva, trasladando al tribunal funciones que corresponden al ámbito político y parlamentario.

El debate sobre la reforma propuesta se enmarca en un contexto parlamentario fragmentado y en medio de intensas discusiones sobre los límites del poder judicial respecto a las cámaras legislativas. Según El País, la evolución de este proyecto previsiblemente dependerá del alineamiento de los partidos mayoritarios y de la capacidad de negociación de los grupos impulsores. Al tratarse de materias vinculadas al Estatuto de Autonomía y a la protección de los derechos fundamentales, la decisión del Congreso tendrá implicaciones directas no solo en el funcionamiento del Tribunal Constitucional, sino en el desarrollo autonómico y en la relación entre los poderes del Estado.

El trámite parlamentario de la proposición abre nuevamente el debate acerca del diseño institucional y el papel del Tribunal Constitucional en el control de las normas fundamentales. Según señala El País, la medida cuenta con apoyos en formaciones de corte nacionalista y partidos de izquierda, aunque la incertidumbre parlamentaria y el historial de aplazamientos previos añaden margen de incertidumbre al resultado. Las discusiones previas muestran que la estabilidad jurídica y la arquitectura del sistema constitucional permanecen como cuestiones abiertas en el debate político y legislativo del Estado.