Yolanda Díaz celebra que se descalifiquen los archivos del 23F: "Es un acto de responsabilidad con nuestro pasado"

Desde el anuncio de que el Consejo de Ministros planea aprobar la desclasificación de documentos vinculados al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, distintas figuras del Gobierno han resaltado la relevancia de este paso. Según publicó Europa Press, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, lo describió como un ejercicio de responsabilidad hacia la memoria colectiva y una señal de compromiso con valores democráticos renovados. La noticia principal radica en la iniciativa gubernamental de difundir dichos archivos, propuesta que, de acuerdo con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, busca arrojar luz sobre uno de los episodios más complejos de la historia reciente del país.

El Ejecutivo encabezado por Sánchez proyecta aprobar este martes la apertura de los documentos clasificados relacionados con el golpe militar encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero. El acto se produce al cumplirse 45 años de esos hechos, un periodo recordado por la irrupción armada en el Congreso de los Diputados y la amenaza a la joven democracia española. Durante la comunicación de la medida, Sánchez argumentó que “la memoria no puede estar bajo llave”, frase difundida por Europa Press, subrayando así la importancia de la transparencia en la gestión del pasado.

La posición del Gobierno se refuerza con las declaraciones de Yolanda Díaz en la red social Bluesky, citadas por Europa Press, quien afirma que dar a conocer los archivos representa no solo un acto de memoria y transparencia sino también un compromiso con el fortalecimiento de la democracia. Díaz resaltó que la protección de los valores democráticos requiere abrir espacios a la verdad documentada y no mantener en reserva los acontecimientos relevantes que marcaron a la sociedad española.

Por su parte, Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de la coalición Sumar, opinó en declaraciones recogidas por Europa Press que la propuesta de abrir los archivos constituye “un primer paso positivo”, aunque consideró necesaria la aceleración de una reforma más amplia, relativa a la Ley de Secretos Oficiales. En entrevista con ‘TV3’, Urtasun puntualizó que dar acceso a estos documentos cumple con el deber de memoria histórica, aun reconociendo que el proceso podría haber ocurrido con mayor antelación. Según consignó Europa Press, Urtasun insistió en que “estamos cumpliendo”, en relación al deber legal y moral de garantizar la transparencia sobre hechos históricos.

El golpe del 23 de febrero de 1981 supuso una de las crisis más profundas de la democracia en España tras la dictadura. Las nuevas decisiones gubernamentales buscan eliminar restricciones sobre materiales hasta ahora reservados y otorgar acceso tanto a investigadores como a la ciudadanía, fomentando así un análisis más completo de los acontecimientos, sus causas y consecuencias políticas, además de permitir un debate público fundamentado en documentos inéditos.

Según detalló Europa Press, tanto el Ejecutivo como los representantes de Sumar consideran que el acceso abierto a los archivos permitirá esclarecer episodios clave del pasado democrático y potenciar la confianza en las instituciones. Esta apertura de documentos es vista, asimismo, como parte integral de los compromisos asumidos en materia de memoria democrática.

La reforma de la Ley de Secretos Oficiales, mencionada por Urtasun, representa el siguiente objetivo dentro de la agenda gubernamental, al considerar que una normativa actualizada sería indispensable para una política de transparencia efectiva en cuestiones históricas. Europa Press reportó que, tanto a nivel institucional como político, la aprobación de la desclasificación y la futura reforma legal forman parte de un mismo proceso dirigido a consolidar una relación más abierta entre el Estado y su historia.

La determinación de desclasificar los documentos del golpe del 23F ha generado manifestaciones tanto de apoyo como de demanda de nuevas medidas. A través de sus recientes declaraciones en redes sociales, Yolanda Díaz insistió en que la democracia “no se protege con silencios”, haciendo un llamado implícito a abordar el pasado sin reservas. Según publicó Europa Press, este posicionamiento del Ejecutivo enfatiza el valor de la memoria histórica como sustento para construir futuros procesos democráticos más sólidos y participativos, alejados del secretismo y la opacidad que caracterizaron décadas anteriores.

El plan anunciado afecta documentos que, hasta ahora, permanecían restringidos a consulta pública, y cuya revelación contribuiría, de acuerdo con fuentes gubernamentales citadas por Europa Press, a fortalecer la comprensión social sobre los peligros y retos que enfrentó la España democrática en sus primeras etapas.

Las iniciativas relacionadas con memoria democrática y desclasificación de archivos cuentan con el respaldo de diferentes sectores políticos, aunque persisten debates acerca de los ritmos y alcances de la reforma legislativa prevista. Europa Press señaló que tanto la medida inmediata como la intención de revisar el marco normativo vigente forman parte de una estrategia para alinear la gestión del pasado reciente con los principios democráticos de apertura informativa y acceso a la verdad.

De acuerdo con el medio, la comunicación realizada por el presidente del Gobierno, los ministros involucrados y portavoces plantea que la desclasificación de los archivos del 23-F se enmarca en el propósito de afrontar sin ocultamientos las etapas críticas de la transición política. El Consejo de Ministros tomará la decisión formal en su sesión ordinaria de martes, cerrando así un ciclo de demandas sociales sobre la necesidad de mayor claridad en torno al fallido golpe de Estado y confirmando la voluntad de avanzar en reformas que favorezcan el acceso público a la documentación histórica estatal.