Sumar ve insuficiente la desclasificación de secretos del 23-F y pide impulsar la ley de información clasificada

Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar, se refirió a la importancia de abrir a la investigación histórica los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, subrayando que la labor de académicos y expertos contribuirá a ampliar la comprensión pública de ese periodo. En este contexto, Hernández expuso que la desclasificación de los archivos anunciada por el Gobierno marca un avance, pero consideró que se requiere ir más allá para garantizar una mayor transparencia democrática.

Según reportó el medio, Hernández celebró el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien adelantó que el Consejo de Ministros aprobará la desclasificación de los secretos oficiales relativos al intento de golpe de Estado del 23-F, justo cuando se cumplen 45 años del suceso. No obstante, Hernández manifestó que la apertura de estos archivos no resulta suficiente y resaltó la necesidad de modificar el marco legal vigente. Defendió que la aprobación de una nueva ley de información clasificada debe avanzar sin más demoras en el Congreso, ya que esta reforma significaría dejar atrás la ley de secretos oficiales que proviene de la etapa franquista, en vigor desde 1968.

La portavoz de Sumar puntualizó que la regulación actual, según consideró, representa un obstáculo para la salud de la democracia española al mantener apartados del conocimiento público numerosos documentos sobre episodios relevantes de la historia reciente. Hernández expuso que, en su opinión, cuando los documentos históricos se publican para conocimiento de la ciudadanía, la democracia se fortalece y gana legitimidad.

En la rueda de prensa, Hernández instó al Gobierno a materializar la desclasificación de manera efectiva para permitir el acceso a los documentos. Señaló también que los investigadores y estudiosos serán quienes ahora tomen el relevo, analizando el material liberado para proseguir con el entendimiento y la contextualización de los eventos ocurridos el 23 de febrero de 1981. La coordinadora subrayó que la principal tarea es seguir ampliando los mecanismos que hagan posible una sociedad informada y consciente de su pasado.

Según detalló el medio, el proyecto de ley de información clasificada lleva cerca de seis meses paralizado en el Congreso de los Diputados. Hernández lamentó la falta de avances e instó a los grupos parlamentarios a desbloquear esta iniciativa. La dirigente señaló que la reforma legislativa supondría superar definitivamente la normativa heredada del régimen anterior y establecer nuevas garantías para la consulta pública de archivos históricos.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, también se pronunció sobre este tema. De acuerdo con el medio, García declaró ante la prensa en el Congreso que el Ejecutivo está abordando las deficiencias existentes en materia de secretos oficiales. Según la ministra, España está avanzando en la materia, aunque admitió que el proceso legislativo enfrenta desacuerdos entre los diferentes grupos parlamentarios, lo que complica la aprobación de nuevas leyes como la de información clasificada.

García explicó que el Gobierno mantiene su compromiso de impulsar normativas que permitan adaptar la legislación sobre el acceso a documentación de interés público, pese a que la falta de consenso en el Parlamento retrasa su tramitación. A juicio de la ministra, el Ejecutivo ha mostrado avances en la agenda legislativa, aunque el ritmo se encuentra condicionado por las dinámicas políticas de la Cámara Baja.

El medio consignó que la desclasificación de los archivos del 23-F responde a una demanda sostenida tanto desde sectores políticos como desde la sociedad civil. De acuerdo con lo expuesto por Hernández, se trata de uno de los acontecimientos más opacos de la historia contemporánea de España y existe un interés creciente en clarificar las circunstancias y las responsabilidades de los hechos.

La expectativa ante la próxima publicación de archivos incluye la posibilidad de nuevas líneas de investigación sobre el contexto, preparación y consecuencias del intento de golpe de Estado. Tanto Movimiento Sumar como otros partidos han insistido en que la apertura de los archivos debe formar parte de una política más amplia de transparencia institucional, que permita a la ciudadanía participar y fiscalizar los procesos históricos y políticos del país.

En conclusión, los portavoces de Movimiento Sumar y del Gobierno han remarcado la necesidad de avanzar hacia una mayor apertura informativa. La reivindicación de una nueva ley de información clasificada sigue presente en las demandas de los actores políticos y sociales, mientras que la desclasificación de documentos históricos se considera un paso para profundizar en el acceso público a la memoria democrática de España.