Compromís celebra la desclasificación de papeles del 23-F, pero lo ve insuficiente y cuestiona las formas: "Ya tocaba"

Agueda Micó, diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, insistió desde el Congreso en la urgencia de que el proceso de reforma legal avance, después de que el Gobierno haya dejado el proyecto empantanado durante meses. Según informó la agencia Europa Press, Micó valoró el reciente anuncio del presidente Pedro Sánchez sobre la desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, hecho público en una fecha de alta carga simbólica, pero advirtió que se trata de un avance insuficiente.

De acuerdo con Europa Press, la diputada subrayó que este tipo de gestos resultan limitados si no van acompañados por una reforma sustancial de la legislación vigente sobre secretos oficiales, que data de 1968. Micó expresó que “ya tocaba” tomar medidas en relación con estos archivos y criticó la estrategia del Ejecutivo, apuntando a la tendencia del Gobierno de anunciar este tipo de disposiciones aprovechando aniversarios señalados para obtener mayor repercusión pública. Añadió que acciones como la reciente comunicación en redes sociales, vinculada al aniversario del 23F, no sustituyen la necesidad de un debate real y profundo sobre la reforma legal pendiente.

Europa Press detalló que la demanda de Compromís no se limita únicamente al contenido de los documentos del 23-F, sino que abarca la estructura y funcionamiento de la ley de secretos oficiales en su conjunto. Micó animó a los diferentes grupos parlamentarios a ejercer presión para que el anuncio de desclasificación no quede reducido a un titular, sino que impulse una revisión efectiva de la normativa proveniente del franquismo.

Por su parte, Alberto Ibáñez, también diputado de Compromís y actualmente integrante del grupo de Sumar, expresó que la desclasificación de los documentos del 23-F resulta “imprescindible”, aunque advirtió que debería considerarse solo un primer paso. Según Europa Press, Ibáñez sostuvo que lo más relevante sería modificar la legislación de 1968, una ley que a su juicio ha quedado desfasada tras más de cinco décadas y que no responde a los principios de transparencia y rendición de cuentas en democracia.

El medio informó que ambos representantes de Compromís han señalado que los avances legislativos en materia de secretos oficiales llevan largo tiempo estancados en el Congreso, lo que ha generado frustración entre formaciones que reclaman mayor transparencia institucional. Ibáñez criticó los plazos contemplados en la nueva ley propuesta por el Gobierno, asegurando que resultan altamente mejorables y reclamó una negociación real con el resto de grupos antes de presentar las iniciativas.

“Aquí hay que sentarse a negociar”, declaró Ibáñez según publicó Europa Press, subrayando la necesidad de acuerdos previos. En su intervención, apuntó hacia el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), instando a que mejore sus capacidades de negociación en torno a un asunto que considera delicado y que ha encontrado consenso entre múltiples fuerzas durante años, sin que el Gobierno haya materializado una reforma de fondo.

Ambos diputados valoraron de manera crítica las formas en que el Ejecutivo ha comunicado sus avances sobre la desclasificación. Micó señaló que el pasado 16 de febrero recibió una respuesta oficial en la que se le transmitía que el Gobierno “estaba trabajando en ello”, pero tan solo una semana después el anuncio fue realizado públicamente a través de redes sociales, aprovechando el contexto del aniversario del 23-F, lo que para Compromís evidencia el uso instrumental de fechas simbólicas sobre una cuestión que consideran estructural para la transparencia y la memoria democrática.

Europa Press consignó que la postura de Compromís no se limita a expresar su desacuerdo con los tiempos y procedimientos del Ejecutivo, sino que busca alentar al conjunto del Congreso a retomar la reforma pendiente y a transformar una ley que, en su opinión, debería adaptarse a las necesidades actuales de acceso a la información y supervisión por parte de la sociedad civil. Los debates sobre la transparencia y la desclasificación de archivos continúan marcando la agenda legislativa, mientras distintos partidos demandan soluciones estructurales frente a decisiones consideradas insuficientes y condicionadas por el calendario político.