La AN escucha esta semana al 'conseller' de Justicia y Villarejo como testigos en el juicio a los Pujol

El magistrado José Ricardo de Prada, quien preside el tribunal, determinó que las declaraciones solicitadas a altos cargos catalanes y agentes policiales se realizarán en una única jornada para evitar que el procedimiento derive en un juicio paralelo dentro del mismo proceso. De acuerdo con Europa Press, esta semana la Audiencia Nacional recibirá el testimonio de Ramon Espadaler, conseller catalán de Justicia y Calidad Democrática, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y varios agentes policiales, con el objetivo de esclarecer el presunto enriquecimiento ilícito de la familia Pujol.

Según publicó Europa Press, la decisión de escuchar los testimonios de Espadaler y de los exagentes, entre quienes destaca Villarejo por su vinculación a la llamada 'Operación Cataluña', llegó tras la aceptación condicionada de estas comparecencias en la cuarta audiencia del proceso, celebrada el pasado 10 de diciembre. Espadaler, quien fue consejero de Medio Ambiente durante la presidencia de Jordi Pujol entre 2001 y 2003, manifestó su interés en declarar en catalán y solicitó la asistencia de un intérprete para que su testimonio pueda trasladarse al castellano con exactitud. Su comparecencia está prevista para el martes.

La investigación central gira en torno a la presunta utilización de redes políticas y empresariales por parte de la familia Pujol, quienes habrían conseguido importantes sumas de dinero mediante operaciones ilícitas durante diversas décadas. El tribunal examina además el papel jugado por agentes policiales en la llamada 'Operación Cataluña', cuya instrucción también avanza en un juzgado en Andorra. Según consignó Europa Press, este procedimiento judicial investiga si existió presión por parte del Gobierno español sobre autoridades andorranas en 2014 para obtener información bancaria vinculada al grupo familiar, especialmente en la Banca Privada de Andorra, donde presuntamente se ocultaron fondos.

Durante la fase de cuestiones previas, Jaime Campaner, defensor de Josep Pujol —uno de los hijos del expresidente—, destacó ante el tribunal que la publicación, el 7 de julio de 2014, de una portada de 'El Mundo' con información fiscal sensible fue determinante para que su representado admitiera la existencia de fondos en el extranjero. Según explicó el abogado, este reconocimiento no obedeció a una voluntad libre, sino a la contundencia de las pruebas hechas públicas, lo que calificó como un "'striptease' bancario". Europa Press añadió que Campaner relacionó esos hechos con informes elaborados por Villarejo, señalando que “en estos informes, y muy particularmente sobre las cuentas bancarias andorranas, el propio José Manuel Villarejo vincula sin ambages a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la obtención de los datos bancarios publicados por 'El Mundo' el 7 de julio de 2014".

Europa Press reportó también que Francesc Sánchez, abogado de Oriol Pujol, expuso ante el tribunal que "parte del aparato del Estado" habría tratado de intervenir en el llamado 'procés' catalán, intentando influenciar el procedimiento en Cataluña. Durante su intervención, Sánchez leyó un escrito atribuido a Villarejo, en el que se hacía referencia a un supuesto encargo desde el Gobierno central para investigar fondos obtenidos de manera ilegal “fundamentalmente de la familia Pujol". Según recogió Europa Press, el documento mencionaba como responsable del encargo al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En el ámbito penal, la Fiscalía Anticorrupción reclama penas elevadas contra los principales implicados. Según detalló Europa Press, la petición más alta corresponde a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente, para quien solicita 29 años de prisión y una multa superior a 6,5 millones de euros. En el caso de Mercè Gironès, expareja de Pujol Ferrusola, la acusación pide 17 años de cárcel y una sanción económica por encima de 600.000 euros, argumentando que compartió el patrimonio generado ilícitamente. Para Jordi Pujol Soley, expresidente de la Generalitat, la Fiscalía solicita 9 años de prisión y una multa de 204.000 euros.

El Ministerio Público también solicita condenas para los otros seis hijos del matrimonio, cuyas penas oscilan entre 8 y 17 años de cárcel, además de la devolución de más de 45 millones de euros, suma que, presuntamente, representa el total del que dispuso la familia a través de las actividades investigadas. Europa Press informó que el caso incluye además a una serie de empresarios, para quienes la Fiscalía pide entre 2 y 3 años de prisión por delitos de falsedad documental relacionados con el blanqueo de capitales, además de multas entre 200.000 y 8 millones de euros.

De esta manera, la Audiencia Nacional continúa con el interrogatorio de diferentes testigos cuya declaración puede ser determinante tanto para esclarecer la procedencia de los fondos atribuidos a la familia Pujol como para definir la posible implicación de agentes estatales en la obtención de pruebas que dieron pie a la apertura del procedimiento judicial. Tal como informó Europa Press, la causa se encuentra en un punto clave con la evaluación de estas pruebas y testimonios, que podrían influir en la decisión sobre el futuro judicial del conocido clan catalán.