Ester Muñoz denuncia los "escándalos" de Sánchez: "Nos va a costar reparar el daño que ha hecho el yerno de Sabiniano"

“La gente de la que están ustedes rodeados. Y todavía se sorprenden de que alguien diga que son ustedes una mafia. Nos va a costar mucho reparar y recuperar el daño que el yerno de Sabiniano ha hecho a España. Pero no tenga ninguna duda de que su tiempo llega a su fin y que los españoles recuperaremos nuestro país”. Con estas palabras, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso, Ester Muñoz, cerró su intervención durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, en un clima político marcado por acusaciones de corrupción y el cruce de reproches entre los principales partidos. Según consignó el medio de referencia, Muñoz empleó el apelativo “yerno de Sabiniano” para referirse al presidente del Gobierno, una alusión que involucra a la familia de Pedro Sánchez, en concreto a su suegro y padre de Begoña Gómez, quien ha sido uno de los focos de controversia mediática por sus actividades empresariales en los últimos meses.

Tal como detalló el medio, la portavoz popular centró su intervención en los supuestos “escándalos” que afectan al Ejecutivo de Sánchez, criticando que resulta “difícil” interpelar al Gobierno sobre asuntos ajenos a la polémica por corrupción. Entre las cuestiones planteadas, incluyó críticas a la relación entre el presidente y la Organización Mundial del Turismo (OMT), donde según su denuncia, se habrían producido gestiones para beneficiar a la esposa del mandatario. Además, mencionó la supuesta manipulación de los censos y votos falsos en las primarias socialistas de 2014 y 2017, poniendo en duda la integridad de esos procesos internos.

De acuerdo con lo publicado, Muñoz hizo referencia directa a un reciente escándalo que involucra a la Policía Nacional, aludiendo a la dimisión de su principal mando operativo tras haber sido presentada una querella por agresión sexual. En palabras de Muñoz, “quien dirige la Policía Nacional, mano derecha de Marlaska en Interior, presuntamente ha violado a una subordinada”, ampliando sus acusaciones a los altos cargos del Estado, desde el Consejo de Ministros hasta la Fiscalía General, lo que incrementó la tensión durante el intercambio parlamentario.

Las críticas de la portavoz popular también incluyeron acusaciones hacia el PSOE sobre la presencia de “delincuentes” en distintos niveles de la administración pública y en los procesos internos del propio partido. Dirigiéndose al grupo socialista, aseveró que, en su opinión, el Partido Socialista ha normalizado la convivencia con personas vinculadas a la corrupción en las instituciones del Estado.

La sesión se intensificó con la intervención del secretario general del PP, Miguel Tellado, quien tomó la palabra después de Muñoz y vinculó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la designación de Vicente Fernández como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Tellado afirmó que Fernández se encuentra “en el centro de la trama de mordidas y amaños” y que no habría actuado solo, sino junto a Leire Díez, identificada como “la fontanera” del caso. Relacionó este entramado con el rescate de Plus Ultra y señaló supuestos intentos del Ministerio de Hacienda de ocultar irregularidades en el caso mascarillas, así como en organismos como Interior, Adif y el propio Ministerio de Infraestructuras. Tellado sostuvo que la ministra de Hacienda tendrá que dejar su cargo, atribuyendo esta decisión a una estrategia de Pedro Sánchez para llevarla al “matadero electoral de Andalucía”.

De acuerdo con la información publicada, la vicepresidenta María Jesús Montero replicó esas acusaciones recordando las condenas y procesos judiciales que han afrontado figuras relevantes del PP, incluidas penas de prisión para algunos de sus integrantes. “Si no que se lo pregunten al señor Rato y al señor Bárcenas”, expresó Montero, evidenciando la existencia de antecedentes de corrupción en gobiernos anteriores. La vicepresidenta sostuvo que el PP opta por trasladar al adversario político acusaciones que no asume en el seno de su propio partido, señalando que aún existen militantes del PP con cargos judiciales pendientes.

Montero también se refirió al llamado ‘caso Montoro’, relacionado con el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Según la vicepresidenta, Montoro se enfrenta a acusaciones que incluyen prevaricación, malversación de fondos y falsedad documental, todas ellas vinculadas directamente con la gestión de recursos públicos. En su respuesta a Miguel Tellado, la vicepresidenta también mencionó que tanto el hermano como la esposa de Montoro recibieron pagos de la empresa Equipo Económico, estableciendo un paralelismo entre las gestiones de ambos ministros de Hacienda.

Durante su intervención, Montero defendió que el Gobierno actual prioriza el uso del Boletín Oficial del Estado (BOE) para impulsar medidas sociales y dotar de mayores recursos a las comunidades autónomas. Según la funcionaria, el Ejecutivo destinó 120.000 millones con el denominado “escudo social” para protección ciudadana, constituyendo, en sus palabras, la mayor transferencia de fondos de la historia reciente hacia las autonomías, en contraste con la política del PP al frente del Ministerio de Hacienda.

En otro momento del debate, Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, centró sus críticas en la vicepresidenta Montero al hacer referencia al ‘caso de los ERE’ en Andalucía, considerado uno de los mayores fraudes de fondos públicos en España. “No se le olvide que usted es la de los ERE, la del mayor fraude que ha habido en este país. Esa es usted”, declaró Bravo desde la bancada popular.

Todo el intercambio reflejó el alto grado de enfrentamiento entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, con ambas partes cruzando acusaciones en torno a diversos casos judiciales, decisiones administrativas y la integridad de sus dirigentes. El medio citado reiteró la gravedad de las afirmaciones en la Cámara Baja, entre ellas imputaciones de participación en tramas de corrupción y cuestionamientos públicos sobre la honestidad de los altos mandos institucionales.

En ese contexto, las declaraciones de Muñoz y Tellado propiciaron un clima de máxima tensión parlamentaria, caracterizado por la utilización de nombres propios, alusiones familiares y recordatorio de procesos penales pasados o en curso. La respuesta del Gobierno, encabezada por la vicepresidenta Montero, pivotó sobre la defensa de la gestión actual y el señalamiento de los casos de corrupción que afectaron al PP en años anteriores, evidenciando la pugna continua por el relato sobre la calidad democrática y ética de la vida política española.