El PP, Vox y Junts frenan en el Congreso la ley del PSOE para medir el impacto que tiene cada norma en la juventud

El Pleno del Congreso, con los votos de PP, Vox y Junts, ha rechazado este martes la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE para incorporar la evaluación del impacto en el ámbito de la juventud de las políticas públicas, que sí ha sido apoyada por el resto de grupos.

En el debate de la iniciativa, tanto el PP como Vox habían anunciado su oposición, mientras que desde Junts, por boca de la diputada Pilar Calvo, ya dio a entender que no la iba a dejar pasar porque los jóvenes "no piden informes, piden casa, trabajo y futuro".

La propuesta del PSOE pretende modificar la Ley 27/2022 de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado para que este examen tenga también en cuenta el impacto en la juventud y para introducir el llamado Youth Test, un mecanismo impulsado en el Foro Europeo de la Juventud y ya implantado en países como Alemania, Austria o Italia. El objetivo es analizar cómo afectan las medidas del Gobierno a las personas jóvenes e incorporar su participación.

El encargado de defender la iniciativa, el diputado socialista Víctor Camino, ha sostenido que aprobar la creación de indicadores como el Youth Test para que la toma de decisiones que incorpore una "mirada generacional" es una decisión sobre "la calidad de la democracia".

"Implementar el Youth Test, surgido en el Foro Europeo de la Juventud y que ya funciona en Alemania, en Austria y en Italia con diferentes matices, podría acreditar, por ejemplo, cómo la subida del salario mínimo a 1.221 euros o la reforma laboral afectan directamente a los jóvenes", ha explicado.

Según Camino, este examen "evalúa el diseño de cualquier política pública, abre la participación a través de consultas regladas, identifica las consecuencias en grupos vulnerables, publica los resultados en un lenguaje claro y accesible y, en definitiva, hace que la juventud salga de ese laberinto paternalista que dicta que los jóvenes solo pueden opinar de ámbitos tradicionalmente asociados a los jóvenes".

Durante su intervención, el diputado socialista ha vinculado la iniciativa a la necesidad de "combatir la desinformación y la desafección política" entre los jóvenes, y ha defendido que "la verdadera revolución en democracia se hace con el Boletín Oficial del Estado". Asimismo, ha pedido el voto favorable para "poner cifras frente al odio y construir un país en el que quepan todas las generaciones".

"ESPIRAL DE PRECARIEDAD"

En el turno de portavoces, el portavoz de Vox, Manuel Mariscal, ha tachado la propuesta de "estafa a los jóvenes" y ha afirmado que el Ejecutivo ha llevado a los jóvenes a una "espiral de precariedad" con su reforma laboral.

Asimismo, ha expresado que con la regularización extraordinaria de migrantes el Gobierno ha trasladado "un ultimátum" a los jóvenes. "O paro o precariedad. Y si eligen paro no pasa nada, porque los van a reemplazar por jóvenes extranjeros que sí que son capaces de admitir esa precariedad", ha expresado Mariscal.

Mariscal ha defendido que los jóvenes necesitan "empleo, acceso a la propiedad y seguridad" y ha asegurado que su formación votará en contra de la toma en consideración porque "los socialistas han estafado a los jóvenes".

"Han trabajado de espaldas a los jóvenes españoles. Ustedes han acabado con la inercia histórica de que los hijos viviesen mejor que sus padres", ha matizado Vox.

En la misma línea, desde el PP, Beatriz Álvarez ha rechazado la propuesta al considerar que en España no existe "un problema de faltas de diagnósticos", sino "de resultados".

"Los salarios reales llevan estancados más de una década, porque somos campeones en desempleo juvenil, porque la edad de emancipación ya supera los 30 años porque el precio de la vivienda ha subido más de un 50% desde el 2019. Eso no es percepción, eso es un dato", ha expresado Álvarez.

Asimismo, Álvarez ha afirmado que "la juventud no quiere ser un expediente ni una estadística, quiere poder irse de casa, firmar un contrato estable y llegar a fin de mes", al tiempo que ha cuestionado que el Gobierno necesite un nuevo test para conocer la situación de "precariedad, desempleo juvenil y dificultades de emancipación".

Además, ha acusado al Ejecutivo de haber convertido a una generación en "una vida en pausa" y ha defendido que la "justicia intergeneracional" pasa por "facilitar el acceso a la vivienda, el ahorro y el empleo estable". A su juicio, la iniciativa socialista "no aumentará salarios" ni reducirá la edad de emancipación.

"Están pidiendo que las cosas funcionen. Además, ustedes defienden que esto se inspira en modelos europeos. Muy bien, pero en Europa los jóvenes se emancipan antes. En Europa el alquiler no se come en medio sueldo", ha criticado.

La diputada del PP ha afirmado que "cuando un Gobierno normaliza el nepotismo, la opacidad, la falta de responsabilidades, lo que se deteriora no es solo la política, se deteriora la confianza, se deteriora la esperanza y aparece algo mucho más peligroso, la frustración". "La sensación de que por mucho que nos esforzamos, no avanzamos", ha sentenciado.

Por su parte, Sumar ha anunciado su apoyo a la toma en consideración. El diputado Nahuel González ha defendido que evaluar el impacto en la juventud puede ser una herramienta útil para "dejar de legislar a ciegas" y convertir a los jóvenes en "criterio" y no en un "simpático apartado".

SUMAR PIDE MEDIDAS "VALIENTES"

No obstante, desde Sumar han instado al PSOE a acompañar la evaluación de medidas "valientes" especialmente en materia de vivienda, "el problema estructural de los jóvenes". "El PSOE muchas veces, y desde el Gobierno, no muestra la valentía necesaria y se dedica más a comunicar que a aplicar políticas reales que necesitamos todas y todas", ha aseverado González.

El PNV también ha avanzado su voto favorable, aunque ha reprochado al Gobierno la demora en presentar la reforma, recordando que en mayo de 2024 ya se aprobó una proposición no de ley en la Comisión de Juventud e Infancia en esta materia. En este sentido, la diputada Nerea Rentería ha subrayado que Euskadi cuenta desde 2022 con una ley propia de juventud que ya incorpora mecanismos de evaluación.

En la misma línea, Néstor Rego, del BNG, ha considerado que la evaluación es positiva, pero ha advertido de que primero deben existir "políticas públicas eficaces" en materia de empleo, vivienda o transporte para la juventud.