Diversas manifestaciones organizadas por la formación conocida como Núcleo Nacional terminaron en incidentes violentos en diferentes localizaciones, incluidas movilizaciones frente a la sede socialista en la calle Ferraz de Madrid y delante de centros de menores inmigrantes. Según consignó Europa Press, el portavoz de Sumar en la Comisión de Interior del Congreso, Enrique Santiago, ha solicitado explicaciones formales al Ministerio del Interior debido a la reciente inscripción como partido de la organización ultraderechista bajo el nombre de "Noviembre Nacional".
De acuerdo con la información recogida por Europa Press, la formación fue registrada oficialmente en el Ministerio del Interior bajo una nueva denominación. El portavoz de Sumar, Enrique Santiago, mostró su preocupación por esta aprobación, dirigiéndose al titular del ramo, Fernando Grande-Marlaska, para precisar si las autoridades han verificado que la organización cumple con los principios constitucionales, incluyendo el respeto a los derechos fundamentales y la no incitación al odio. Santiago sugirió que la legalización de este partido podría ser un intento de Núcleo Nacional para eludir la prohibición referida en el artículo 22 de la Constitución, que impide la existencia de asociaciones de carácter militar, lo que a su juicio podría suponer un fraude de ley.
Europa Press también detalló que el dirigente de Izquierda Unida señaló la participación de Núcleo Nacional en la difusión de materiales audiovisuales y mensajes que, según las investigaciones de la Guardia Civil iniciadas en abril del año anterior, promovían la “defensa activa” de las calles ante lo que definían como una “invasión” de inmigrantes. Estas comunicaciones han hecho referencia a la teoría conocida como el “gran reemplazo” y han abogado por la expulsión de inmigrantes, al tiempo que la organización ha convocado concentraciones frente a centros de acogida.
El medio también reportó que Enrique Santiago mencionó diversos antecedentes policiales vinculados a esta formación. En una protesta realizada frente al Congreso se realizaron cánticos en contra del presidente del Gobierno, siendo detenidas tres personas durante el operativo. En enero, cuatro jóvenes relacionados con Núcleo Nacional fueron arrestados en Sant Boi de Llobregat, Barcelona, bajo acusaciones de delito de odio.
En su iniciativa, Santiago recordó declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien cuestionó la justificación que ofrece este grupo sobre el ocultamiento de su identidad. En el portal web de la organización se muestran imágenes de personas con uniforme militar y el rostro cubierto, argumentando que esta medida se debe a las posibles repercusiones legales derivadas de su relación con el nacionalsocialismo, el franquismo, el nacionalsindicalismo o el fascismo.
La iniciativa registrada en el Congreso y divulgada por Europa Press plantea interrogantes en relación a las comprobaciones realizadas para asegurar que la inscripción de Noviembre Nacional como partido político respete los derechos humanos y los límites constitucionales respecto a la incitación al odio. Santiago preguntó al Ejecutivo si se han evaluado de manera minuciosa estos requisitos en el proceso de legalización.
Asimismo, según lo publicado por Europa Press, Santiago incluyó en su petición la posibilidad de que el Gobierno solicite, si se considera necesario, la intervención de la Fiscalía para la revisión de la legalidad de este nuevo partido, conforme a lo establecido en la Ley de Partidos Políticos. Pidió información sobre si el Ejecutivo tiene previsto requerir a la Fiscalía que revise si concurren conductas incompatibles con el orden constitucional y, en ese caso, qué acciones se pondrían en marcha.
Además, el portavoz adjunto de Sumar preguntó qué medidas prevé el Ejecutivo para evitar que entidades que promuevan ideologías contrarias a los valores constitucionales puedan recurrir a la figura jurídica del partido político con el fin de llevar a cabo actividades públicas o recibir financiación, informó Europa Press. Santiago insistió en que el objeto de la consulta es determinar la protección efectiva del marco constitucional y de los derechos fundamentales ante la posible utilización instrumental de la forma jurídica de partido para actividades que puedan infringir la legalidad vigente.
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