
La propuesta de conceder la nacionalidad española a los saharauis que nacieron en el Sáhara Occidental antes del 26 de febrero de 1976 continúa detenida en la Comisión de Justicia del Congreso pese a que las enmiendas ya fueron presentadas en junio del año pasado. Según detalló el medio Europa Press, esta iniciativa impulsada por Sumar fue admitida a trámite hace aproximadamente un año, con el único rechazo expreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y busca regularizar la situación de miles de personas identificadas con documentación previa a la retirada de España del territorio.
Sumar ha redoblado la presión para que el PSOE, mayoritario en la presidencia de la Comisión de Justicia, deje de retrasar los trabajos legislativos y convoque la ponencia que permita debatir las propuestas de modificación. La formación liderada por Yolanda Díaz aspira a que la propuesta permita la obtención de la nacionalidad por carta de naturaleza en base al artículo 21 del Código Civil, una vía discrecional y excepcional que otorga el Gobierno de manera individual a personas que puedan acreditar circunstancias singulares o históricas, en este caso relacionadas con la administración española del Sáhara hasta 1976.
Para acceder a este reconocimiento, los posibles beneficiarios deberán presentar pruebas documentales como un Documento Nacional de Identidad expedido bajo la administración española, aun cuando se encuentre caducado, o un certificado de inscripción en el censo organizado por Naciones Unidas para el referéndum sobre el estatus del Sáhara Occidental. También podrán aportar partidas de nacimiento expedidas por las autoridades saharauis en los campos de refugiados de Tinduf, siempre que estos documentos hayan sido legalizados por la representación del Frente Polisario en España.
Según publicó Europa Press, durante las últimas negociaciones sobre la propuesta, el PSOE planteó enmiendas que evitaran reconocer la validez de los documentos emitidos por el Frente Polisario, mientras que Sumar insistió en abrir el acceso a más personas y ampliar así el universo de saharauis que podrían acogerse a esta regularización. A pesar del intercambio de propuestas y del acuerdo en algunas enmiendas entre Sumar, los grupos progresistas y el propio Frente Polisario, el debate legislativo permanece bloqueado.
La diputada de Sumar y principal impulsora de la propuesta, Tesh Sidi, reclamó en rueda de prensa que la Comisión de Justicia, presidida por Joaquín Martínez Salmerón del PSOE, convoque la ponencia para retomar la discusión de las enmiendas. En palabras de Sidi, "hace poco hemos dado la gran noticia de la regularización en nuestro país de más de 500.000 personas, pero el PSOE tiene aún una asignatura pendiente con los y las saharauis. Han estado bloqueando todos estos meses la ponencia de la norma, cuando han presentado enmiendas aceptables por nuestro grupo y por las formaciones progresistas y también por el Frente Polisario para culminar esa norma y enviarla al hemiciclo", reprodujo Europa Press.
El estancamiento de la tramitación tiene lugar un año después de que el Congreso aceptara iniciar el proceso legislativo, un paso que generó expectativas entre la comunidad saharaui y diversas organizaciones de apoyo a los derechos humanos. Sumar sostiene que este reconocimiento permitiría reparar una situación histórica vinculada a la condición de españoles de quienes nacieron en el territorio mientras era una provincia española, y reclama que la urgencia de la medida deriva de la vulnerabilidad jurídica y social que enfrentan estas personas.
Europa Press detalló que la carta de naturaleza supone una opción excepcional dentro del Código Civil español, distinta de otros procedimientos ordinarios para la obtención de la nacionalidad, y depende de un real decreto del Gobierno tras analizar la concurrencia de circunstancias especiales en cada caso. La documentación requerida contempla tanto pruebas expedidas bajo administración española como certificados posteriores, siempre que se garantice su autenticidad y verificación. Las propuestas de cada grupo político buscan delimitar de modo preciso el alcance y los requisitos del reconocimiento, así como la validez de los documentos expedidos por distintas autoridades o instancias internacionales.
El debate sobre el Sáhara Occidental y la situación de los saharauis en España se mantiene como una cuestión sensible en el plano político y social. Sumar recuerda que el proceso de regularización de otras personas extranjeras ha supuesto un avance reciente, aunque el colectivo saharaui sigue a la espera de una solución legislativa pendiente desde la retirada de España del territorio en 1976 y la posterior ola de desplazamientos y exilios. El contexto internacional y las relaciones políticas con Marruecos y con el Frente Polisario añaden matices complejos a una tramitación que ha movilizado a sectores solidarios y a asociaciones saharauis residentes en España.
El medio Europa Press informó que, hasta el momento, no se ha concretado una fecha para reactivar los trabajos en comisión, a pesar de la insistencia de Sumar y de otros grupos aliados para sacar del estancamiento la propuesta. Mientras tanto, centenares de saharauis con documentación previa a 1976 y sus descendientes aguardan una posible respuesta institucional que, de obtener luz verde, tendría carácter histórico en el ámbito de la legislación española sobre nacionalidad.


