Leire Díez se opone a que se investigue al PSOE y asegura que no tuvo "relación alguna" con el partido

La defensa de Leire Díez planteó que, en caso de que el juzgado decidiera ampliar la investigación al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), esta medida debería extenderse a otras formaciones políticas con las que su representada o el también imputado Javier Pérez hubieran mantenido reuniones dentro del marco de la investigación. Esta postura surge después de que Hazte Oír solicitara la inclusión del PSOE y la citación de personajes relevantes como testigos en la investigación. Según reportó Europa Press, el equipo legal de Díez argumentó ante el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid que no existía ningún vínculo orgánico, contractual ni extracontractual entre la acusada y el PSOE, desestimando la pertinencia de que el partido sea objeto de pesquisa dentro de la causa penal abierta.

De acuerdo con Europa Press, la abogada de Díez formalizó esta posición a través de un escrito remitido al juez instructor del caso. En el documento, la defensa enfatizó que no existía relación alguna entre su cliente y el partido, y objetó la solicitud de Hazte Oír de investigar al PSOE y citar como testigos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, entre otras figuras. Según consignó Europa Press, Díez no se opone a que Zapatero comparezca, siempre que su declaración se centre exclusivamente en posibles contactos con el fiscal anticorrupción José Grinda, acotando así el objeto de la testifical.

El medio Europa Press detalló que la defensa también rechazó la citación de otros miembros destacados del PSOE propuestos como testigos por Hazte Oír: el exministro José Luis Ábalos; su antiguo asesor Koldo García; la presidenta del partido, Cristina Narbona; el exdirector de Comunicación Ion Antolín; el excolaborador de Santos Cerdán, Juanfran Serrano; y Concha Minguela. La exmilitante socialista consideró estas diligencias "innecesarias" y fuera de contexto, argumentando que tales comparecencias no se relacionan con los hechos bajo investigación.

La causa instruida por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid partió de denuncias presentadas por Hazte Oír, motivadas por la difusión de unas grabaciones en las que se escucha presuntamente a Díez ofrecer favores al empresario Alejandro Hamlyn a cambio de obtener información comprometedora sobre altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía también promovió acciones al presentar una denuncia por intento de soborno contra Díez, apuntando a posibles intentos de influir en los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa.

Leire Díez figura en la investigación como presunta autora de delitos de tráfico de influencias y cohecho. En su declaración ante la autoridad judicial, el pasado 11 de noviembre, puso en cuestión la autenticidad de las grabaciones que la implican. Europa Press informó que la acusada rechazó cualquier relación contractual o de naturaleza similar con el PSOE y fundamentó la innecesariedad de abrir una línea de pesquisa en torno a la organización política.

La defensa, según recogió Europa Press, calificó la ampliación de la querella presentada por Hazte Oír como carente de los requisitos mínimos de fundamento para justificar la apertura de un nuevo procedimiento penal o la ampliación del actual. El equipo legal argumentó ante la autoridad judicial que la solicitud carece de sustento suficiente y propuso que, en caso de acceder a nuevas indagaciones respecto al PSOE, deberían citarse también a todos los partidos que mantuvieran contacto con los investigados en el contexto de la causa.

Este proceso penal, de acuerdo con la información difundida por Europa Press, gira en torno a la actuación de Díez y a la posible manipulación de pesquisas que afectarían a figuras políticas y empresariales relevantes. La negativa a incorporar testificales de miembros del PSOE y de investigar al partido responde, según la defensa, a una interpretación restrictiva de los hechos y a la protección del derecho de defensa de la acusada. La investigación suma ya la denuncia de la Fiscalía, que fue acumulada por el juez instructor, profundizando en los hechos supuestamente cometidos por Díez en relación con un supuesto intento de soborno a dos fiscales.

Los hechos que motivan la instrucción, según se desprende de las actuaciones recogidas por Europa Press, comprenden la obtención de información considerada estratégica sobre miembros de la UCO y de la Fiscalía que se encontraban al frente de investigaciones sobre casos especialmente delicados relacionados con políticos y empresarios. Las grabaciones que dieron origen al proceso se presentaron como pruebas para fundamentar la causa por tráfico de influencias y cohecho contra la exmilitante socialista.

Frente a las acusaciones y las solicitudes de nuevas pesquisas, el equipo legal de Díez remarcó la distancia jurídica entre la acusada y el PSOE, buscando evitar que el partido se vea involucrado formalmente en el desarrollo de la investigación judicial. Hasta la fecha, de acuerdo con Europa Press, el instructor no ha definido si aceptará la ampliación de la investigación ni la comparecencia de los citados dirigentes del PSOE en calidad de testigos, elementos controvertidos entre las partes personadas en la causa.