La jueza de la dana tramita intentar lograr de Telegram Bruselas y WhatsApp EEUU los mensajes de Cuenca el 29O

El informe reciente de la Guardia Civil advierte que acceder a mensajes intercambiados en plataformas como Telegram y WhatsApp presenta obstáculos técnicos y legales, una preocupación central para la investigación en curso sobre la gestión de la emergencia por la Depresión Aislada en Niveles Altos (dana) en Valencia, según consignó el medio Europa Press. Ante estos desafíos, la jueza encargada del caso en el partido judicial de Catarroja ha formalizado solicitudes de cooperación internacional relevantes para intentar recuperar las comunicaciones fundamentales entre José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, y varios altos funcionarios autonómicos durante los hechos del 29 de octubre de 2024.

Tal como detalló Europa Press, la magistrada ha dictado una providencia en la que acuerda remitir una orden europea de investigación a Telegram, con sede en Bruselas (Bélgica), así como una comisión rogatoria a Estados Unidos a la empresa WhatsApp Inc. El objetivo de estas gestiones es recabar los mensajes que intercambió Cuenca en ambas plataformas durante la jornada en que la dana causó 230 muertes en la provincia de Valencia. Las personas con quienes se habrían producido estas conversaciones incluyen a Carlos Mazón, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas —actualmente investigada en la causa—, su ex número dos Emilio Argüeso, el ex secretario autonómico de Presidencia Cayetano García, y los ex altos cargos de Justicia Raúl Quílez y Alberto Martín Moratillas.

En la resolución judicial destaca, según publicó Europa Press, que la jueza solicita el contenido del denominado ‘chat emergencias’, integrado solo por José Manuel Cuenca, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, debido a que la acusación particular, ejercida por Mai Més, interpuso un recurso de reforma para que se incluyeran estas comunicaciones en la investigación. Inicialmente, la magistrada había desestimado esta petición por considerar que abarcaba a otras personas no consentidas o distintos días del suceso, como el 28 y 30 de octubre, argumento relacionado con los límites del consentimiento previamente otorgado por Cuenca. No obstante, en la nueva resolución, la titular del juzgado accedió a ampliar la investigación al chat específico, considerando que solo están implicados los tres mencionados y que no se rompería lo pactado respecto al alcance subjetivo del consentimiento.

La jueza ha requerido a Cuenca que identifique claramente los números de teléfono que permitan, de ser viable, el acceso al contenido de los mensajes sobre los que se prestó autorización. Europa Press relató que la instructora otorgó un plazo de un día a Cuenca para proporcionar esta información, paso imprescindible para poder formalizar tanto la orden europea de investigación dirigida a Bruselas como la comisión rogatoria a Estados Unidos.

La investigación se enfrenta a limitaciones importantes para recuperar los mensajes. Europa Press informó que, de acuerdo con el informe presentado por la Guardia Civil, existen directrices de Europol, dentro del Proyecto Sirius, que no contemplan la posibilidad de solicitar el contenido de las conversaciones a Telegram, por lo que la viabilidad de acceder a dichos datos dependerá de las respuestas que dé la sede de la compañía en Bruselas a una orden europea de investigación. Por parte de WhatsApp Inc., la situación técnica es distinta. Tras revisarse las directrices aplicables, la Guardia Civil determinó que, en caso de que la vía de cooperación directa no resulte suficiente, debe tramitarse una comisión rogatoria internacional dirigida a la sede estadounidense de la empresa, puesto que WhatsApp Irlanda no sería la destinataria adecuada.

El informe destaca que WhatsApp Inc. no almacena los mensajes una vez entregados ni conserva los registros de las transacciones de estos mensajes. Los mensajes no entregados se eliminan a los 30 días de los servidores. Solo los archivos multimedia pueden llegar a permanecer en sus sistemas por un periodo más largo para facilitar la entrega eficiente en casos de tráfico elevado. Además, tras la eliminación de una cuenta de usuario, el proceso de borrado puede extenderse hasta 90 días, aunque las copias de respaldo para recuperación en casos de pérdida de datos, errores de software o catástrofes pueden mantenerse durante más tiempo, desvinculadas ya de los identificadores personales del usuario. Esta situación complica la obtención de las conversaciones incluso mediante procedimientos de cooperación jurídica internacional, según argumenta la Guardia Civil y difunde Europa Press.

Europa Press también informó que, tras la devolución por parte de José Manuel Cuenca de su teléfono oficial a la Generalitat Valenciana el 7 de enero —ya reseteado y sin los mensajes de WhatsApp presentes—, la Guardia Civil intentó recuperar la información con tres técnicos de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC), sin éxito. Ante estos hechos, Cuenca autorizó formalmente el acceso a su línea telefónica con la finalidad de intentar recuperar los mensajes borrados, lo que impulsó la petición de la jueza a la Guardia Civil para tramitar los requerimientos oficiales hacia las dos empresas de mensajería.

Las acciones judiciales están condicionadas a la capacidad para identificar de forma precisa los usuarios involucrados. Según reiteró el informe de la Guardia Civil, cualquier solicitud debe especificar claramente los números de teléfono completos, con el prefijo internacional correspondiente (+34 para España), de todos los usuarios afectados por la petición de obtención de datos, en referencia tanto a la cuenta de Cuenca como a las de los cargos autonómicos con los que se comunicó en el contexto de la gestión de la emergencia.

De acuerdo con Europa Press, la decisión judicial representa un cambio respecto a la línea inicial de la instrucción, que restringía el acceso a conversaciones de determinados días y personas. El debate sobre el alcance del consentimiento y la protección de datos personales ha quedado registrado en las resoluciones y recursos presentados dentro del proceso. El avance actual en la investigación depende del éxito de las solicitudes internacionales y de las respuestas que puedan dar tanto Telegram en Bruselas como WhatsApp Inc. en Estados Unidos a las órdenes emitidas desde el juzgado de Catarroja.