Ninguna de las 42 ILPs tramitadas esta legislatura ha prosperado: la mayoría fueron inadmitidas o les faltaron firmas

La tramitación de las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) frecuentemente encuentra obstáculos técnicos y logísticos en las primeras fases del procedimiento parlamentario, según un análisis del listado oficial del Congreso divulgado por Europa Press. Desde el inicio de la actual legislatura, la ciudadanía ha registrado 42 propuestas legislativas a través de este mecanismo de participación directa, pero ninguna ha alcanzado la fase final para convertirse en norma. El Congreso, a través de su Mesa, suele inadmitir de plano la mayor parte de las propuestas, mientras que una parte significativa decae sin superar la recogida de firmas.

De acuerdo con Europa Press, el proceso contempla que, una vez registrada la propuesta, la Mesa del Congreso debe valorar su admisión a trámite. Si no cumple con los requisitos legales, la iniciativa se rechaza de inmediato y se archiva su expediente. En caso de superar esta primera revisión, sus promotores cuentan con un plazo de nueve meses, ampliable otros tres, para acreditar al menos 500.000 firmas válidas, que deben recogerse en formularios oficiales validados por la Junta Electoral y siempre en presencia de fedatarios. Esta exigencia, destinada a verificar la autenticidad de cada firma, ha resultado un factor que limita el avance de muchas ILP, ya que la compleja logística de la recogida presencial y la validación individualizada ralentiza e incluso frustra numerosas campañas ciudadanas.

Según las cifras consignadas por Europa Press, dieciséis de las propuestas han sido rechazadas directamente por la Mesa del Congreso por causas variadas que incluyen la falta de competencia para regular ciertas materias reservadas —como leyes orgánicas, impuestos, Presupuestos, tratados internacionales o prerrogativas de gracia— o defectos técnicos y formales. Entre las causas de exclusión se encuentran la deficiente redacción jurídica, la ausencia de memoria económica o la imprecisión respecto a los artículos que se pretenden modificar. Asimismo, otras ILP han sido descartadas por conflicto de competencias autonómicas, por abordar temas heterogéneos o por coincidir con iniciativas ya en tramitación.

El medio Europa Press detalla que entre las propuestas excluidas figuran iniciativas sobre el impulso de la fecundidad y protección familiar, reformas vinculadas a la prescripción de medicamentos veterinarios, y propuestas para regular la educación financiera en los planes de estudio, así como modificaciones al Código Penal para reforzar la protección de los agentes de la autoridad. Otras iniciativas inadmitidas buscaban modificar el acceso a la docencia, implementar medidas contra el maltrato a personas mayores, crear estatutos para cargos políticos, establecer cambios relacionados con el himno nacional, racionalizar el gasto público y promover la transparencia y la protección de quienes denuncian irregularidades. Además, permanece en suspenso una propuesta relativa a la protección de menores víctimas de violencia familiar, que no avanza por falta de clarificaciones adicionales.

Otras siete iniciativas ciudadanas sí iniciaron la fase de recogida de firmas pero decayeron por no alcanzar la cifra mínima exigida o por agotarse el plazo. El procedimiento establece una serie de pasos estrictos: las firmas deben estar acompañadas de nombre, DNI, domicilio y ser firmadas a mano, requisitos que frecuentemente dificultan a los promotores alcanzar la meta. Como resultado, propuestas sobre la ley antitabaco, la equiparación de aportaciones farmacéuticas para pensionistas, varias modificaciones del Código Civil, medidas de protección de la agricultura y seguridad alimentaria, cambios en el acceso a la vivienda, así como otras iniciativas para proteger a menores frente a violencia o denuncias falsas, no han logrado superar esta etapa.

Actualmente existen diez ILP en fase de recogida de firmas, según el análisis de Europa Press. Estas incluyen cambios en la ley de contratos de crédito inmobiliario, reformas en materias relacionadas con medicamentos veterinarios, modificaciones a la legislación sobre haciendas locales, iniciativas para el cribado neonatal universal, reformas sobre derechos civiles y contratos de seguro, así como cambios en la legislación educativa. Sobresale la ILP para la protección integral contra el maltrato a personas mayores, admitida a trámite en mayo y respaldada por numerosas entidades. Los impulsores han presentado una solicitud en el Congreso y a los portavoces parlamentarios para prorrogar el plazo y poder reunir la totalidad de firmas requeridas.

Cuando la Junta Electoral Central valida las 500.000 firmas exigidas, la proposición de ley se remite al Congreso y se inicia el proceso parlamentario ordinario, que comprende la toma en consideración en el Pleno, eventuales enmiendas y, de recibir luz verde, la remisión al Senado. El recorrido suele prolongarse durante años e incluso puede abarcar varias legislaturas, ya que las ILP aceptadas a trámite no expiran automáticamente con la disolución de las Cortes. Un ejemplo de esta dilación lo ofrece la ILP para el establecimiento de una prestación mínima por parte de la Seguridad Social, registrada en 2016 y parcialmente incorporada al sistema español mediante el Ingreso Mínimo Vital, que aún espera debate y presentación en el Pleno.

Europa Press precisa que solo cuatro iniciativas populares han alcanzado el debate de toma en consideración en el Pleno del Congreso durante la legislatura. Entre ellas figura la solicitud para establecer ratios mínimas de enfermeras por habitante, registrada en 2019 y que superó la primera evaluación en 2024. El sindicato SATSE ha hecho llamamientos para impulsar la aprobación definitiva de esta medida. Otra propuesta en fase parlamentaria contempla posibles reformas para la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia, especialmente en relación con la financiación de prestaciones y servicios. Al igual que la anterior, esta iniciativa, presentada originalmente en 2016, fue tomada en consideración en 2024, pero sin avances concretos posteriores.

La regularización extraordinaria de personas migrantes constituye la ILP más avanzada de la legislatura. Fue tomada en consideración por el Pleno en 2024, momento en el que los diversos grupos del Congreso llegaron a presentar enmiendas parciales. Días atrás, el Gobierno aprobó un real decreto que aborda la materia, lo que dejó obsoleta la tramitación parlamentaria de la proposición inicial.

Una cuarta propuesta que alcanzó el Pleno buscó derogar la consideración de la tauromaquia como patrimonio cultural. Esta iniciativa, registrada en la actual legislatura, se sometió a la primera votación y resultó rechazada, con el voto negativo de los grupos Partido Popular y Vox y la abstención clave del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El análisis global de las ILP presentado por Europa Press pone de manifiesto las limitaciones del instrumento participativo en la práctica parlamentaria. Obstáculos normativos, exigencias técnicas y las dificultades asociadas a la recogida de avales muestran que, aunque la Constitución reconoce la posibilidad de la participación legislativa directa por parte de la ciudadanía, el proceso rara vez permite que estas propuestas prosperen más allá de las fases preliminares.