Jueces por la Democracia ve "innecesario y sin efecto disuasorio real" el endurecimiento de penas a multirreincidentes

La organización Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) advirtió que el aumento de las penas para delitos leves de hurto y estafa, aprobado recientemente en el Congreso, podría incrementar la carga de trabajo en los tribunales y repercutir negativamente sobre sectores sociales vulnerables. Según informó Europa Press, el colectivo judicial considera que la reforma legal representa "un retroceso en los principios de proporcionalidad y reinserción" y señala la ausencia de un impacto disuasorio real frente a la multirreincidencia.

La reforma, promovida por Junts y respaldada por PSOE, PP, Vox, PNV y UPN, eleva las penas de cárcel hasta un máximo de 3 años para conductas clasificadas como leves según el actual marco penal, cuando la suma de los delitos supere determinados umbrales y exista reincidencia. JJpD, según reportó Europa Press, sostiene que la experiencia tras la modificación legal de 2022, dirigida a endurecer el castigo para hurtos reiterados superiores a 400 euros, no ha tenido efectos preventivos: el número de hurtos aumentó más del 20% desde entonces, conforme comunicó la asociación de jueces.

La organización judicial expuso, de acuerdo con Europa Press, que el endurecimiento de las penas no aborda los factores estructurales que originan la delincuencia de baja intensidad y que la vía punitiva fragiliza la coherencia del sistema penal. En su comunicado, JJpD remarcó que elevar las penas de prisión por delitos que en cada episodio se consideran de baja gravedad rompe con el principio de proporcionalidad que debe guiar el derecho penal, alineando conductas de menor entidad con respuestas reservadas a crímenes más serios.

El medio Europa Press detalló que, para JJpD, la reforma conlleva un riesgo de congestión judicial, ya que los procedimientos iniciados por estos delitos serán más extensos y complejos, retrasando la tramitación de causas de mayor gravedad. La asociación propuso, en vez de incrementar el castigo, aumentar los recursos materiales y humanos en la Administración de Justicia, buscando así agilizar la identificación y el tratamiento de los casos de multirreincidencia.

JJpD recordó, según consignó Europa Press, que España se encuentra entre los países con mayor proporción de personas encarceladas en la Unión Europea, mientras sus índices de criminalidad se mantienen entre los más bajos de la región. A juicio de la entidad, este tipo de medidas legales generadas por la preocupación pública sobre la multirreincidencia acaban recayendo sobre colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, pues desplazan la atención desde las políticas sociales y preventivas hacia modelos de control de corte policial y punitivo, contribuyendo a la criminalización de la pobreza.

En el comunicado que recoge Europa Press, JJpD anima a las instituciones a alejarse de estrategias que califica como "populismo punitivo" y a apostar por una Justicia que priorice la reparación y la eficacia, dotando al sistema de los recursos necesarios para responder con rapidez y sin renunciar a la protección de los valores democráticos y garantías recogidas en la Constitución.