
Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, indicó que la renovación de personal en el sector ferroviario debe incluir la incorporación de jóvenes, y dio especial importancia a que el refuerzo de empleo se enfoque en el sector de servicios de Media Distancia que atraviesa el Valle del Guadalquivir. De acuerdo con la información difundida por el medio Europa Press, Santiago aseguró que estas contrataciones también responden a la demanda de los trabajadores de Renfe, quienes advierten sobre las consecuencias de la falta de plantilla, como la interrupción del servicio cuando no hay reemplazos disponibles ante cualquier imprevisto.
Según detalló Europa Press, Santiago anunció que el Estado acordó una partida adicional de 1.800 millones de euros destinada al desarrollo y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Esta inversión extraordinaria se añade a los 2.000 millones de euros ya asignados este año para el mismo fin, lo que supone un aumento importante en la financiación pública y en la generación de empleo vinculado al sector. En total, se prevé la creación de 3.650 nuevos empleos en el ámbito ferroviario, de los cuales 2.400 serán puestos para Adif, 1.200 destinados a Renfe y 50 para la Agencia de Seguridad Ferroviaria, indicó Santiago en su intervención.
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El diputado de Sumar también subrayó que la dotación de nuevos puestos de trabajo pretende fortalecer los servicios ferroviarios en Córdoba y zonas colindantes, con una atención específica a la mejora de la oferta de Media Distancia. Informó Europa Press que uno de los objetivos es responder adecuadamente a la demanda social y laboral, así como impulsar la recuperación y ampliación de los servicios de proximidad, conocidos como cercanías, y el refuerzo en la estructura de las medias distancias. Santiago remarcó que las reivindicaciones sobre la insuficiencia de plantillas fueron persistentes por parte de IU y de Sumar, recalcando que no solo se trata de mantener la operación actual, sino de progresar hacia una ampliación de los servicios ferroviarios en la provincia y en Andalucía.
El informe de Europa Press también recogió que Santiago hizo alusión a la discusión próxima en el Congreso de los Diputados en torno al "escudo social", una medida de protección para colectivos vulnerables que, según mencionó, fue rechazada anteriormente por el Partido Popular, Vox y Junts, lo que impidió su puesta en marcha. El dirigente apeló a estas formaciones políticas para que respalden la propuesta, centrando su discurso en la necesidad de aprobar el alza de las pensiones y de avalar ayudas directas, como los bonos térmicos y de electricidad, que tienen como destinatarios a las personas afectadas por pobreza energética.
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Europa Press consignó, además, que Santiago reclamó el apoyo parlamentario a la transferencia extra de 10.000 millones de euros para las comunidades autónomas, subrayando el caso de Andalucía como territorio especialmente necesitado de inversión. En relación a los daños causados por recientes temporales, recordó que el Gobierno central aprobó el Decreto de Emergencia de Protección Civil, asumiendo la cobertura del 50% de los perjuicios, mientras que el resto corresponde a las administraciones territoriales. Acusó al Partido Popular de obstaculizar la llegada de fondos imprescindibles para la recuperación.
Dentro de otros asuntos abordados, Europa Press informó que Santiago celebró la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), cuyo objetivo principal es derogar la Ley 15/1997 y limitar la privatización en el sector sanitario. El portavoz atribuyó este avance a las demandas históricas de la Marea Blanca y destacó la importancia de que el anteproyecto continúe en su tramitación legislativa y obtenga respaldo amplio, llamando nuevamente a la derecha parlamentaria a votar favorablemente.
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Según lo reportado por Europa Press, el anteproyecto de ley establece que la externalización de servicios sanitarios queda sometida a controles estrictos, se considera excepcional y estará sujeta a justificación, evaluación constante y plazos definidos, aunque no se prohíbe en su totalidad. Santiago respaldó las demandas ciudadanas que exigen una gestión sanitaria predominantemente pública, para garantizar que la derivación de recursos a empresas externas no sea la norma.
Los anuncios presentados, conforme describió Europa Press, combinan el compromiso de reforzar el sistema ferroviario con políticas orientadas a la protección social y al fortalecimiento de los servicios públicos, profundizando en la defensa de la inversión social y en la participación activa del Estado como garante de derechos ciudadanos y del bienestar colectivo en la provincia de Córdoba y en Andalucía.
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